Reforma constitucional y cierre por arriba del proceso democratizador

El régimen del 78 y los partidos políticos que lo sostienen mantienen entre ellos una relación de interdependencia. La supervivencia y reproducción de cada uno de ellos sólo puede darse si se da a la vez la supervivencia y reproducción del otro.

Sabiendo esto, se ha especulado que una multifragmentación de la representación parlamentaria en las próximas elecciones estatales podría dar lugar a un gobierno de concentración PP-PSOE para garantizar la estabilidad del régimen, que es también la suya.

La verdad es que tal escenario es harto improbable. El PSOE sabe que esta fusión implicaría la disociación y desplazamiento de una amplia mayoría de sus bases hacia opciones políticas ubicadas a su izquierda, con lo que no salvaría ni su estructura partidista ni la estabilidad del régimen.

El mecanismo a través del cual los dos grandes partidos han conseguido, tradicionalmente, la doble reproducción (régimen-partido) no ha sido la forma “gobierno de concentración” sino la de la adopción de pactos de Estado puntuales aunque manteniendo en todo momento un escenario simbólico de pluralismo político y representación de intereses distintos que actúa como plano superior simbólico englobante de la diversidad de los ciudadanos.

Ambos partidos han sido siempre conscientes de que la legitimidad del régimen es mucho más eficaz y mayoritaria si se opera a través de la supuesta convivencia entre una pseudo-diversidad de partes fragmentadas, y en disentimiento, en el interior de un todo común, que si se opera a través de una teóricamente auténtica y única voluntad popular homogénea sin diferencias ni diversidad interna en la que mucha gente no se sentiría incluida.

De acuerdo con esto, todo parece indicar que independientemente de si es el PP o el PSOE el que logra los apoyos suficientes para la investidura, el otro se mantendrá en la oposición aunque confluyendo momentáneamente en un nuevo pacto de Estado para salvar el régimen y a ellos: la reforma constitucional.

En 2004, Zapatero delineó en su discurso de investidura algunas propuestas de reforma constitucional. A raíz de aquel discurso y por iniciativa presidencial se encargó la elaboración al Consejo de Estado de un Informe sobre la Reforma Constitucional, presentado en 2005. Actualmente y desde hace varios meses, diversos constitucionalistas del PSOE, gran parte de ellos ex-altos cargos o con responsabilidades políticas y técnicas durante aquella legislatura de Zapatero (2004-2008), están trabajando de nuevo para desarrollar a partir de las propuestas existentes una versión acabada de reforma constitucional. El actual Ministro de Justicia del PP y el mismo Presidente Rajoy han anunciado que su partido estaría dispuesto a aceptar parte de estas propuestas de reforma.

Algunos de los aspectos que se proponen modificar son:

La supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono con el fin de adaptarlas al principio de no discriminación de la mujer; la reforma del art. 71.2 CE para eliminar la inmunidad de los parlamentarios y de los arts. 71.3 y 102.1 CE para suprimir el fuero especial de los parlamentarios y miembros del gobierno; modificar la forma de elección y funciones del Senado; reformar el Título VIII de la Constitución en un sentido federal que incluya la denominación oficial de las Comunidades Autónomas (CCAA) en el texto constitucional y sustituya el actual reparto competencial confuso, por una definición con claridad de las competencias del Estado y las autonomías como hace el modelo alemán. Con ello, se pretende poner fin a lo que se considera una excesiva conflictividad entre Estado y CCAA, de la que –afirman– se deriva una determinada cultura política territorial del conflicto.

Respecto al Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, se propone una modificación del actual sistema de nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo por parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (art. 123.2 CE), para que sea propuesto por los propios magistrados del Tribunal Supremo de entre ellos y ratificado por las Cortes Generales. O una reforma del Título IX, endureciendo los requisitos de acceso a magistrado del Tribunal Constitucional, de los actuales 15 años de experiencia a, al menos, 25, y sustituyendo el nombramiento por bloques por nombramientos individuales. A la vez, para evitar nuevos episodios como el del Estatuto de Autonomía catalán de enfrentamiento del TC con el cuerpo electoral que ha ratificado una norma en referéndum, se propone introducir en el ordenamiento el recurso previo y preceptivo frente a las normas que vayan a ser sometidas a referéndum popular.

Se trata en todos los casos de reformas cosméticas, con más apariencia que fondo, que no tienen ninguna consecuencia en el actual sistema de distribución del poder político, económico ni territorial. Incluso, camuflada en medio de todas ellas, se plantea constitucionalizar la inclusión en la Unión Europea, lo que blindaría todavía más el actual régimen austericida. Sin embargo, es de prever que su adopción irá seguramente acompañada de una campaña mediática sin precedentes acerca de la “modernización”, la “mayor independencia y democratización del Poder Judicial”, el “mayor control y menos impunidad de los políticos”, la “mayor reconocimiento de la pluralidad cultural”, etc. que la reforma implicaría.

Es importante tener claro que si uno de los dos grandes partidos del régimen logra formar gobierno, el pacto de Estado con el otro para la reforma parece asegurado, y una vez la idea de que se ha producido una adaptación del viejo texto a la realidad actual se instaure en el imaginario social, el ciclo democratizador quedará cerrado. La idea de renovación y modernización del régimen tiende a ampliarse socialmente alimentada por los efectos de la propia reforma, con lo cual el régimen y sus partidos se relegitimarían totalmente y la ventana de oportunidad para algún tipo de cambio quedaría definitivamente cerrada por décadas.

Ante este escenario, las opciones que le quedan a la izquierda transformadora son pocas y pasan por intentar evitar la investidura de un gobierno del PP o el PSOE, para en un escenario de inestabilidad desplazar el centro del proceso democratizador en las calles. Es desde allí donde habrá que articular, sin demasiado tiempo y aprendiendo de los errores de estos últimos meses, un nuevo frente popular plural con el que intentar operar de manera más eficaz que hasta ahora.