¿Cómo evitar nuevos episodios como el de Ferrovial?

El Estado provee a los ciudadanos de bienes y servicios de distinta índole, tales como seguridad, educación, transporte, sanidad, vías de comunicación, limpieza de calles, etc. Uno de los debates tradicionales, en este campo, ha sido el de qué tipo de agente, público o privado, está en mejor posición para prestarlos.

El reciente episodio de Ferrovial obliga a poner, de nuevo, este debate sobre la mesa. Se trata de una empresa que, desde 1991 hasta hoy, se ha adjudicado cerca de 9.000 millones de euros por obras del Ministerio de Fomento, con contratos obtenidos, en muchos casos, mediante acuerdos ilegales de reparto del mercado y que, pocos días atrás, anunció el traslado de su sede social a Ámsterdam para pagar menos impuestos que en España. A la vez que pretende que ello no altere la posibilidad de seguir obteniendo contratos y favores del gobierno español. Pero ¿Por qué ocurren episodios como éste? ¿Qué hacer para evitar que se repitan?

El hecho de que Constitución, la jurisprudencia del TC y la cultura jurídica y política española se estructuren alrededor de un modelo liberal que jerarquiza los derechos -consideran que hay unos derechos de primera, los derechos civiles y políticos, estrechamente vinculados a la dignidad humana, y unos derechos de segunda, los derechos sociales, que estarían menos estrechamente vinculados a la dignidad y por ello gozan de menor protección constitucional- ha provocado que el enfoque desde el que se aborda el debate acerca del agente que debe prestar los bienes y servicios vinculados a tales derechos cambie en función de si se trata del primer o segundo grupo de derechos.

Cuando se trata de derechos civiles y políticos, supuestamente más vinculados a la dignidad según los liberales, el debate sobre el actor de su prestación se aborda no desde un enfoque instrumentalista sino centrado en el Estado. Se parte de la idea de que estos servicios o prestaciones, en tanto son funciones intrínsecamente estatales, no se pueden tercerizar, ya que su prestación por actores privados no conseguiría hacer efectivo el valor de bien colectivo que hay detrás de su prestación e, incluso, podría llegar a ser contradictoria con la propia dignidad de las personas. 

De acuerdo con ello, todos tenemos interiorizado que la seguridad, el orden público, la tutela judicial efectiva, la protección judicial, el régimen sancionador punitivo, la organización de los procesos electorales, etc., solo deben poder prestarse en régimen de monopolio por el Estado, mediante las fuerzas y cuerpos de seguridad, la administración de justicia, sus jueces y tribunales, la administración electoral o un sistema penitenciario de titularidad pública. Resultaría moralmente inaceptable y ajeno al sentido común aceptar su privatización o prestación mediante cuerpos privados de policía, agentes privados con capacidad de detener a personas, jueces y tribunales privados, empresas organizadoras de elecciones o cárceles privadas, pues ello socavaría los propios valores inherentes a su prestación, los cuales dependen de su provisión pública. 

Por el contrario, cuando se trata de derechos sociales, supuestamente menos vinculados a la dignidad humana según los liberales, el debate sobre el agente encargado de su prestación sí lo abordamos desde un enfoque instrumentalista. Contradictoriamente, aquí el sentido común sí permite aceptar que el servicio de educación, sanidad, electricidad, agua, limpieza de calles, construcción de infraestructuras de servicio público, etc., puedan estar por igual a cargo de actores públicos o privados, sin ningún cuestionamiento moral ni menoscabo a la dignidad, y que la elección de uno u otro deba basarse, exclusivamente, en la respuesta a la pregunta de quién puede prestarlos de manera más eficaz. De acuerdo con ello, la llamada colaboración público-privada para la prestación de todos estos servicios ha sido común con empresas como Ferrovial para la construcción de infraestructuras públicas, recogida de basuras y gestión de residuos o limpieza de calles, Telefónica para el ámbito de las telecomunicaciones o la iglesia católica para la prestación del servicio de educación o sanidad, entre muchas otras.

En resumen, el modelo de jerarquización liberal de derechos es el que ha construido un sentido común sesgado, de acuerdo con el cual mientras afrontar el debate del tipo de agente encargado de la prestación de derechos civiles o políticos desde un enfoque instrumental se considera inmoral y contrario al sentido común, hacerlo para el caso de la prestación de servicios o infraestructuras vinculados a los derechos sociales no lo es. De manera que, durante décadas y bajo el argumento de la eficacia, se ha aceptado con naturalidad que la prestación de estos últimos se haya concesionado a empresas privadas como Ferrovial que, tras obtener beneficios multimillonarios a costa del Estado, decidan ahora trasladar su sede social a otros países con el único fin de poder eludir el pago de impuestos. 

Mientras España sea parte de la UE, cuyos tratados permiten la libertad de establecimiento de las empresas dentro de su territorio sin que el Estado pueda evitarlo, la solución a episodios como el de Ferrovial sólo puede ser una. Superar el modelo liberal de jerarquización de derechos por uno basado en el principio de indivisibilidad e igual jerarquía de todos los derechos, reconocido en los propios tratados internacionales de Derechos humanos. Estableciendo con ello, la base para construir un nuevo sentido común hegemónico el cual pueda considerar que, en tanto todos los grupos de derechos están en igual grado vinculados a la dignidad humana, la prestación de bienes o servicios para hacer efectivos todos ellos, incluida el agua, la electricidad, la limpieza de calles, la educación, la sanidad, la construcción de infraestructura pública, etc. no deba poder abordarse nunca, como tampoco se hace con los derechos civiles y políticos, desde un enfoque instrumental sino, solo, centrado en el Estado. Creando, en concordancia con esto, empresas públicas para que sean estas y no actores privados con las que el Estado contrate la prestación de tales servicios.