Vox y el catalán, una política de clase

Uno de los puntos centrales de los acuerdos de gobierno entre PP y Vox en la Generalitat valenciana o en las islas Baleares ha sido revertir las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo. También en Catalunya, los principales dirigentes de Vox cargan, repetidamente, contra lo que consideran una supuesta presencia excesiva del catalán en la escuela. Aunque, a primera vista, ello pueda parecer solo una cuestión cultural que afecta a “señas de identidad” territoriales o a los derechos lingüísticos de sus hablantes, en realidad, detrás de estos acuerdos y manifestaciones hay una política de clase en contra de los sectores menos favorecidos de la sociedad, especialmente, la población inmigrante y sus hijos.

Lengua e igualdad social se piensan, muchas veces, por separado. Tanto los nacionalistas esencialistas como los 'progres' cosmopolitas universalistas las piensan como elementos autónomos uno del otro.

Los nacionalistas esencialistas centran su preocupación en la lengua pero no prestan atención a la cuestión social. Identifican lengua con nación, concibiendo el ataque a la primera como una amenaza para la preservación de una comunidad o identidad nacional que construyen a partir de una igualación identitaria que borra las diferencias de clase, de género, etc. de sus integrantes para unificarlos en una unidad  nacional homogénea de alteridad respecto al resto de naciones. Y a la inversa, los 'progres' cosmopolitas universalistas centran su preocupación en la cuestión social pero sin prestar atención a la cuestión lingüística. Perciben las sociedades donde defienden que deben garantizarse derechos sociales como espacios desculturalizados en los que la lengua no jugaría ningún papel relevante a tener en cuenta, lo que no es más que una omisión con respecto a sus propios privilegios por ser miembros de la comunidad lingüística dominante.

Sin embargo, en contraposición a lo anterior, lengua e igualdad social han de pensarse de manera interrelacionada. Ambas son, sobre todo en las comunidades autónomas del Estado donde el castellano coexiste con la lengua propia de las mismas, claramente interdependientes.

El elemento que conecta la cuestión lingüística con la cuestión social es el concepto de “pertenencia”. La pertenencia a la comunidad es el bien primario que toda sociedad distribuye. La pertenencia es un bien social que no distribuimos entre nosotros, pues ya poseemos de nacimiento, sino que se otorga a los “de afuera” y su familia y condiciona nuestras conexiones y relaciones con ellos. La posición que un individuo ocupa con respecto a este bien social “pertenencia” determina, directa e indirectamente, el acceso a los otros bienes y derechos.

En toda sociedad, los actores y bienes distribuidores de pertenencia son de dos tipos: uno es la burocracia que distribuye pertenencia a la comunidad política a través de los “papeles” o la regularización administrativa. Otros son instituciones sociales como la escuela, donde, en aquellas comunidades autónomas en las que existe una lengua propia al lado del castellano, su dominio opera como otorgador de pertenencia por vía de los significantes sociales que ella lleva implícitos.

Es evidente que no conocer el catalán no excluye en islas Baleares, ni en Catalunya, ni en el País Valenciano, de poder acceder a servicios públicos, al mercado, empleo, instituciones de todo tipo, etc. abiertos a todo concurrente. Pero también es cierto que conocerlo ofrece posibilidades de integración y movilidad social enormemente mayores. La relevancia del conocimiento de la lengua propia en la adquisición de pertenencia de los inmigrantes ha sido reconocida tanto desde el punto de vista jurídico como sociológico.

En el campo jurídico, el segundo apartado del artículo 2 ter de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece que las Administraciones Públicas deberán tener como objetivos “la integración entre inmigrantes y sociedad receptora” y para ello “procurarán, mediante acciones formativas, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales”. De esta forma, el aprendizaje de las lenguas oficiales se individualiza como un elemento básico de integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida, incluyendo todas las lenguas oficiales en el territorio.

Y, en el campo sociológico, son muchos los estudios que evidencian que en aquellos territorios con una lengua propia que coexiste con el castellano, el dominio de la primera por parte de los inmigrantes y descendientes, genera en ellos un proceso de capitalización del que derivan cambios en su posición social tanto en su comunidad de origen como en la comunidad receptora, aumentando las potencialidades de movilidad social y niveles de autoestima y empoderamiento sociocultural. No es por casualidad que la escuela pública en Catalunya, después del franquismo, naciera, a inicios de los 80, en Santa Coloma de Gramenet impulsada por un movimiento de padres y madres mayoritariamente castellanohablantes y de origen andaluz, para reclamar que sus hijos e hijas pudieran aprender en catalán. Tras una fuerte lucha consiguieron que fuera en esta ciudad, obrera, de población mayoritariamente migrante y gobernada entonces por Lluís Hernández del PSUC, donde naciera en 1981 la primera escuela pública post-franquista en catalán, la Rosselló Pòrcel, antes incluso de la aprobación, en abril de 1983, de la Ley de normalización lingüística en el Parlamento catalán.

Resulta evidente, entonces, que, en los territorios aquí descritos, existe para la población migrada y sus descendientes una correlación entre dominio de la lengua propia e igualdad y movilidad social.

Es por todas estas razones que la guerra que PP y Vox han iniciado contra las políticas de normalización lingüística del catalán en el ámbito educativo del País Valenciano y las islas Baleares es una guerra de clase que ataca frontalmente uno de los mecanismos distribuidores de pertenencia y, en consecuencia, de igualdad social que va a tener como principales damnificados a aquellos sectores más vulnerables y menos favorecidos.