La complejidad de la lucha contra las violencias machistas

El éxito de la movilización del pasado 7 de noviembre fue el triunfo de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres. Ese día el movimiento feminista convocó una marcha estatal contra las violencias machistas. La autoridad del movimiento y el reconocimiento del mismo no se puso en duda. Todas las organizaciones sociales y políticas entendieron que el protagonismo era de la plataforma 7N y que debían apoyar, dejando el protagonismo a quien realmente y por llevar años luchando contra la discriminación lo tenía.

Madrid se vistió del morado feminista. En trenes y autobuses llegaron unas 21.000 personas y el encuentro con otras 300.000 personas que las esperaban fue una fiesta. Y no era para menos. Después de años se había logrado entender que el maltrato de las mujeres es un problema que afecta a toda la sociedad. Las violencias que padecen las mujeres popularmente se asumían como elementos de estructuración social y uno de los ejes de reproducción de la dominación patriarcal a abolir.

Las violencias que padecen las mujeres no son un problema de ellas. Se trata de un problema que afecta a las mujeres, pero es un problema que tienen los hombres. De ahí la importancia de que las calles de Madrid se llenaran no solo de mujeres, sino también de hombres, y que estos mostraran su rechazo a los malos tratos.

Pero no solo había mujeres y hombres en la manifestación. Además había mucha gente joven. Serán los hombres y mujeres del mañana, quienes juntos construirán -esperemos- sus relaciones desde la igualdad. Cuando la encuesta “La percepción social de la violencia de género en la adolescencia y la juventud”, elaborada en 2015, indica que el control en las relaciones de pareja a través de las nuevas tecnologías está justificado para uno de cada tres jóvenes, que el 7N hubiera muchas chicas y chicos es un éxito añadido.

Tras el Tren de la Libertad y conseguir mantener la ley del aborto de 2010, la Marcha contra la violencia recuerda los grandes momentos de expresión colectiva y compartida como fueron las movilizaciones de finales de los años ochenta, donde se consiguió modificar el Código penal y sustituir el capítulo de “delitos contra el honor” por el de “contra la libertad sexual”. La capacidad de transformación social y desde abajo de los feminismos es un hecho patente. Sus ideas han ido permeando la conciencia social y están siendo asumidas por las mujeres y, en general, por la mayoría de la población. Hoy nadie se atreve a discrepar contra la igualdad de los sexos y son muy pocas las personas que no entienden el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y su cuerpo.

Pero en este caso, la cuestión de la violencia iba más allá y permitía denunciar la política actual basada en los recortes y la destrucción del Estado de bienestar. La convocatoria se hacía pidiendo medios materiales y humanos. No se puede acabar con los asesinatos, la cara más cruel y visible, destruyendo los recursos existentes, eliminado puntos de encuentro, externalizando los servicios y la intervención social, dejando sin posibilidades de información y atención a los ayuntamientos, externalizando los servicios de recuperación de las mujeres y menores que han sufrido agresiones, con policías, juristas, trabajadoras sociales, médicas/os, educadores/as sin formación en perspectiva de género, etc. El Estado tiene una responsabilidad que no está cumpliendo, sino más bien al contrario. Según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, entre los años 2011 y 2015 se ha reducido un 22% el presupuesto destinado a luchar contra la violencia de género.

Un total de 1385 mujeres han sido asesinadas desde el año 1995 por sus parejas o exparejas. En lo que va de año 48 mujeres y 8 menores han perdido la vida a manos de sus padres y parejas o exparejas. Se hace imprescindible una respuesta global, política e institucional -en todos los órdenes- que opere sobre las causas de las agresiones y erradique las bases sobre las que se asienta esta violencia machista. Solo en la última semana, y después del éxito del 7N, la violencia machista ha acabado con la vida de 7 mujeres.

Es imprescindible, por tanto, demandar al Estado y exigir que las violencias contra las mujeres sean entiendas como una cuestión de Estado y se empiece a aplicar el Convenio de Estambul, además de cumplir con las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero no basta con que los Estados asuman su deber. Si de verdad creemos que la violencia es un problema que nos incumbe a todos/as, tenemos que empezar por denunciar y rechazar los micromachismos y los múltiples ejercicios de violencia cotidiana. Los micromachismos y la discriminación son la cuna donde crecen las agresiones físicas, psíquicas y sexuales. No nos centremos solo en el asesinato. Obviamente hay que evitarlos, pero los evitaremos si aumentamos nuestro nivel de intolerancia frente a la discriminación laboral y salarial, la falta de reparto y reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados, la duda sobre las afirmaciones de las mujeres, la división sexual del trabajo, la falta de promoción femenina, la invisibilidad de las mujeres de determinados colectivos, etc.

Aunque se parece que se fomenta, no debería ser tiempo de guerra sino de paz. Deberíamos empezar a cuestionar de forma más profunda la cuestión sexual y nuestros vínculos afectivos. La cuestión de género es central y no se puede desvincular de las violencias machistas que se ejercen contra las mujeres. Es preciso y urgente trabajar por los buenos tratos e implementar la prevención. Se precisan campañas específicas que incluyan la formación en igualdad en los currículos y una enseñanza afectivo-sexual para que, además de sumar y restar en la escuela, nos enseñen a amar.