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El Gobierno de Asturias cree “totalmente equivocada” la respuesta de Rajoy a la crisis
El Gobierno de Asturias se desmarca de las 255 medidas de austeridad, que el Ministerio de Hacienda presentará como documento base al Consejo de Política Fiscal previsto para la próxima semana. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Guillermo Martínez, asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy “está dando una respuesta totalmente equivocada a la crisis”.
La administración socialista asturiana da “un tajante no” a la tanda de recortes y asegura que “no respaldaremos medidas que recaigan sobre los ciudadanos y deterioren los servicios públicos”. Pero lo que más preocupa es que estás “propuestas abrasivas” desmantelan el Estado de bienestar y favorecen “el auge de nuevos partidos radicales y populistas con discursos simples a problemas muy complejos que hay que abordar”.
El portavoz no da nombres ni hace una referencia concreta a nuevas formaciones, como la de Podemos, que han surgido como respuesta a la desafección de los ciudadanos a las organizaciones políticas establecidas. Guillermo Martínez se centra en que, las medidas propuestas, “suponen un cambio radical de modelo de protección social y una agresión hasta ahora no conocida, que aumentan el malestar de los ciudadanos, que lo que esperan son respuestas al desempleo y buenos servicios públicos”.
En este sentido, Martínez resalta la mentira en la que se envuelve el propio Gobierno de Rajoy, que desde hace unos meses se empeña en dar por superada la recesión y proclama la recuperación económica, mientras que por otro lado realiza un catálogo de medidas que “demuestran la gran distancia que media entre la realidad y la propaganda, y promueve con absoluto descaro el desmantelamiento del Estado de bienestar”, dice.
A juicio del Ejecutivo autónomo, a estas alturas resulta incomprensible que un gobierno, “que presume de haber dejado atrás la crisis”, se ampare “en nuevos castigos para los más desfavorecidos”, como la aplicación de los copagos sanitarios o la modificación en la atención sanitaria a los inmigrantes. De aplicarse estas medidas “no harán más que provocar mayores sufrimientos para los parados, dependientes y quienes tienen menos recursos”.
Medidas como la desgravación fiscal para quien tenga seguros médicos privados son, para el Gobierno asturiano, un ejemplo de las intenciones del Ejecutivo de Rajoy de acabar con el Estado de bienestar, que llevan a que la sanidad pública “quede reducida a una sanidad para pobres”, dice.
Al otro lado está la política que aplica la administración socialista asturiana. Martínez resalta la forma distinta en que se hacen las cosas en Asturias, que mantiene el ratio de alumnos por profesor; no aplica los copagos sanitarios; garantiza la sanidad a los inmigrantes y emigrantes retornados e invierte en nuevos hospitales públicos.
Además, el Principado cumple con el déficit y la deuda, por lo que no tiene la obligación de elaborar planes económicos-financieros y tampoco pasa por una situación que obligue a impulsar nuevos recortes. Aunque la adaptación del catálogo es voluntaria, Asturias ya adelanta que su respuesta es “no” al paquete de medidas.
Tampoco aceptará que se vincule a la balanza fiscal la reforma de la financiación autonómica. La postura del presidente asturiano, Javier Fernández, no ha variado ni un ápice: son los ciudadanos y no los territorios los que tributan, y por lo tanto no cabe hacer cuentas territoriales, sino garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos.
El Gobierno de Asturias se desmarca de las 255 medidas de austeridad, que el Ministerio de Hacienda presentará como documento base al Consejo de Política Fiscal previsto para la próxima semana. El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo autónomo, Guillermo Martínez, asegura que el Gobierno de Mariano Rajoy “está dando una respuesta totalmente equivocada a la crisis”.
La administración socialista asturiana da “un tajante no” a la tanda de recortes y asegura que “no respaldaremos medidas que recaigan sobre los ciudadanos y deterioren los servicios públicos”. Pero lo que más preocupa es que estás “propuestas abrasivas” desmantelan el Estado de bienestar y favorecen “el auge de nuevos partidos radicales y populistas con discursos simples a problemas muy complejos que hay que abordar”.