Archivan la denuncia contra el consejero que declaró BIC la Pirámide de los Italianos

Valladolid, 31 ene (EFE).- La Fiscalía de Castilla y León ha archivado la denuncia presentada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) contra el consejero de Cultura de la Junta, Gonzalo Santonja, al no ver indicios de prevaricación por declarar como Bien de Interés Cultural (BIC) la Pirámide de los Italianos.

La decisión de la Fiscalía, que se ha producido este viernes, se refiere al mausoleo levantado al norte de Burgos en 1939 para inhumar los restos de los soldados italianos fallecidos durante la Guerra Civil.

Según han confirmado a EFE fuentes del caso, la declaración como BIC de este monumento cumple y recoge las condiciones establecidas en la reciente Ley de Memoria Democrática, ya que en el expediente se especifica que los actuales dueños del bien tienen la obligación de incorporar una mención sobre la resignificación del mismo.

Asimismo, la Fiscalía recuerda en su resolución que el Gobierno no interpuso ninguna objeción a que se protegiera este inmueble, ya que no presentó alegaciones, siempre que se incorporara esta resignificación.

Por todo ello, la Fiscalía no aprecia la “arbitrariedad o injusticia” que en su denuncia planteó la ARMH en la actuación del consejero, dado que la incoación del expediente cumplió, según el Ministerio Público, con todos los trámites legales y su tramitación no supuso una violación del ordenamiento jurídico.

La historia de la Pirámide

El expediente aprobado a finales del pasado febrero por la Junta de Castilla y León señala que este santuario funerario fue construido entre 1938 y 1939 para inhumar los restos de soldados fascistas italianos fallecidos en la batalla del Escudo de la Guerra Civil, donde participaron como apoyo del bando sublevado.

Se trata de una construcción piramidal de 20 metros de altura, de cemento forrado con placas calizas, proyectada por el arquitecto Attilio Radic y realizada por el capellán militar Pietro di Varzi, que se enmarca en el racionalismo arquitectónico imperante en el periodo de entreguerras, según explicó la Junta.

En la actualidad este monumento ha sido “víctima del expolio y el vandalismo de las últimas décadas”, y “emerge, con sus veinte metros de altura junto al embalse del Ebro y la Nacional 623, como un hito visual e histórico en la frontera entre Castilla y León y Cantabria”, alegó la Junta en su tramitación como Bien de Interés Cultural.