El Consejo de Estado advierte de que incrementar el límite máximo de velocidad a 130 km/h en determinados tramos de autovías y autopistas “puede producir una mayor accidentalidad” y disminuir la conciencia de riesgo en los conductores.
Esta es una de las principales observaciones que este órgano consultivo ha formulado en su informe, al que ha tenido acceso Efe, al proyecto de Reglamento de Circulación, aun en fase de consultas antes de pasar al Consejo de Ministros y a las Cortes.
Además de esa consideración, el Consejo cree que los responsables del proyecto, la Dirección General de Tráfico dependiente del Ministerio del Interior, no han tenido en cuenta las alegaciones presentadas por las diferentes entidades, entre ellos la Dirección General de Carreteras.
Según el borrador del reglamento, no solo se aumentará ese límite máximo, sino que se prevé rebajar los topes en las carreteras convencionales y en muchas calles de las ciudades.
Y para ello, dice el Consejo de Estado, sus redactores no han justificado la “oportunidad” de la medida ni han calculado el impacto que supondrá acomodar la señalización de las carreteras a los nuevos límites ni han tenido en cuenta el criterio de los titulares de las vías, ya sea el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas, que casi unánimemente se han opuesto al cambio.
De aprobarse el texto actual, la velocidad máxima de buena parte de la red secundaria de carreteras, fijada en 90 km/h, podría reducirse en algunos casos hasta los 50, una “disminución radical que puede suponer un cambio en el modelo actual de transporte y ralentizará necesariamente todos los desplazamientos”.
También el Consejo de Estado cuestiona la intención de Tráfico de introducir un límite máximo a la velocidad de los peatones (“los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano”, dice el proyecto), un precepto que podría suponer “la prohibición de correr, un deporte extendido en estos tiempos”.
Si se aplicara la propuesta, los peatones podrían incurrir en infracciones muy graves si superan la tasa de alcoholemia o se niegan a someterse a las pruebas de alcohol y drogas, lo que conllevaría una sanción de 1.000 euros y la retirada de puntos.