El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la nueva Ley del Cine, a la que se le añade la coletilla de “y de la Comunicación Audiovisual” para incluir una realidad cinematográfica que va mucho más allá de las películas.
La norma sustituye a la de 2007, lanzada durante la legislatura de Zapatero, que indignó a la Federación de salas de cine por “criminalizarlas con imposiciones sin ningún tipo de compensación”. Pero los tiempos han cambiado mucho. Ahora son los exhibidores los que han recibido ayudas directas para enfrentarse a la crisis del coronavirus y el resto de la producción la que se ha visto mermada.
La nueva Ley del Cine busca equilibrar el apoyo institucional y dirigirlo hacia todas las fases de la creación audiovisual. Las ayudas no se quieren dirigir solo a películas destinadas a las salas de cine, sino también a series, documentales y filmes estrenados en televisión. “La ley aspira a recoger, entender y apoyar la cultura audiovisual en su conjunto, riqueza y diversidad, y no restringirse a una única forma de creación (la cinematográfica)”, dice el anteproyecto de ley. El Gobierno prevé que entre en vigor el tercer trimestre de 2023, después de que se celebren unas elecciones generales que podrían cambiarlo todo.
“Hay quien dice que incluir a las series y eso puede perjudicar al cine. Si todos son los mismos, con perdón. Estamos hablando de productoras que hacen obra cinematográfica”, ha dicho el ministro de Cultura Miquel Iceta en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que ha puesto de ejemplo la última gran producción seriada de Amenábar: La Fortuna, de Movistar+.
Las plataformas, al descubierto
La irrupción de las plataformas y el cambio en los hábitos de consumo hicieron que la anterior norma quedase obsoleta, por eso la Ley del Cine incluye un apartado que afecta directamente a los soportes de streaming. Por una parte Netflix o HBO Max, entre otras, podrán acceder a las ayudas a la producción. Pero a cambio deberán compartir con el Gobierno los datos de audiencia que hasta ahora han manejado con absoluto secretismo, de la misma forma que las salas de cine hacen públicas sus cifras de asistentes.
Esta petición de transparencia responde a “garantizar el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual por parte de sus titulares”, según el anteproyecto. Esto ya ocurre, pero sin control del sector público: los creadores reciben derechos de autor en base al éxito de sus proyectos, pues las plataformas comunican las visualizaciones a las sociedades de gestión de derechos. Lo que cambia con la ley es que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), organismo encargado de aplicar la ley, adquiere el compromiso de publicar estos datos periódicamente. Resta ver qué responden las plataformas, ya que la confidencialidad ha sido siempre su principal as en la manga.
“Es importante tener todos los datos a la hora de tomar decisiones y planificar proyectos. No tenemos información concreta del éxito o no éxito de las plataformas, pero sí de las salas de cine”, reclama Antonio Mansilla, presidente de Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF). PIAF participó en la fase de consultas del Ministerio de Cultura, junto a otros actores del sector, y entre otras cosas pidieron “detalles” de los números que manejan las plataformas. “Para guionistas, directores y autores esta información es fundamental”, recuerda.
“Siempre decimos que estamos encantadísimos de que las plataformas estén en España porque generan mucho trabajo, pero hay que garantizar nuestros derechos por propiedad intelectual”, añade Jordi Oliva, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales (PROA).
En defensa del 'indie'
La otra gran apuesta de la nueva Ley del Cine es la creación propia, en lenguas oficiales y desarrollada en suelo español. De esta forma se “fomentará y favorecerá la producción independiente, con incentivos específicos” que garanticen su circulación y su rentabilidad. Pero, ¿qué significa independiente?
Este es el punto más controvertidos de la norma. La definición de “independiente” que aparece en la Ley del Cine es más acertada, según las asociaciones de productores, que la de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, encabezada por el Ministerio de Economía y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario. Esta última sería más laxa y, si se aprueba antes que la Ley del Cine, pondría en aprietos a algunas empresas.
“Es una incoherencia en sí misma que consideren un 'encargo' de un productor dependiente como una 'producción independiente'. Tenemos la sensación de que Economía y Cultura deberían de hablar más”, valora María Luisa Gutiérrez, presidenta de AECINE .“No tiene ningún sentido que el mismo Gobierno haga dos definiciones de productor independiente. Deja abierta la puerta a que las inversiones de las plataformas vayan a parar a empresas que tienen su sede social fuera de España y que muchas de las que están aquí cierren. Nosotros defendemos la creación cultural propia por su diversidad, su lengua y su riqueza”, defiende también el presidente de PROA.
En su opinión, la Ley del Cine presentada este martes por Iceta incluye “las reclamaciones del sector” y rechaza que “otra norma encabezada por Economía, y en la que Cultura ni pincha ni corta, se lo cargue”. Si se consigue este cambio conceptual, el trozo del pastel está asegurado para la producción independiente.
Algunas de las ayudas
La Ley del Cine asegura una mayor subvención a los proyectos que se rueden, se posproduzcan y se realicen en los laboratorios dentro de España. También premiará el uso de lenguas oficiales. Además, creará una nueva línea de ayudas para la distribución de cine español en el extranjero, como existe en Francia.
Asimismo, “se podrán conceder ayudas a distribuidoras independientes para largometrajes y cortometrajes que den a conocer ámbitos poco conocidos del audiovisual o que tengan difícil acceso al mercado; comunitarias e iberoamericanas”. La norma permite crear ayudas para las salas de exhibición, “preferiblemente aquellas que lleven a cabo una programación especializada en producción europea e iberoamericana, en versión original, que incluyan cortometrajes, o radicadas en pequeños núcleos urbanos o rurales”.
De hecho, todos los cines deberán respetar una cuota: “Deberán incluir películas de Estados miembros de la Unión Europea o iberoamericanas en cualquier versión” y al concluir el año todas las sesiones deberán sumar al menos el 20%. Dentro de este apartado, tendrán doble puntuación los documentales, las películas de animación, los largos dirigidos por mujeres, las películas con subtítulos en lenguas cooficiales, o aquellas que tengan una recaudación baja que no llegue a los 200.000 euros, entre otros requisitos.
“Nos parece razonable. Tendríamos que llegar al 20% o 30% sin obligación de cuotas, pero este es el camino. Al fin y al cabo los exhibidores obtuvieron recursos públicos a raíz de la COVID”, declara Antonio Mansilla, de PIAF. “Todas estas ayudas sumadas son relevantes y han de serlo todavía más, pero es que el cine español merece la pena y nos devuelve con creces lo que ayudamos. Convendría no ser cicateros”, ha continuado el ministro de Cultura.
Las pegas de las salas de cine
Julio Abengozar, vicepresidente de la Nueva Asociación de Exhibidores de Cine en España (NAECE) considera que la ley “es un brindis al sol”. “En un momento en el que las salas de cine están en la UCI, me parece absurdo. Si te la lees, las diferencias con la anterior son mínimas y lo único que han hecho es adecuar el lenguaje y recoger conceptos que hace 15 años no existían”, opina.
De hecho, recuerda que en la ley de 2007 establecía que debían exhibir un 25% de películas europeas e iberoamericanas y no un 20%, como ahora. “Les dijimos que no fuese una obligación, que fuese un incentivo”, critica. Asegura por otra parte que no es lo que necesita el cine español. “Se han estrenado en 2021 250 películas españolas y solo 10 han pasado del millón de euros de recaudación y, de esas, cuatro representan el 80% de todo lo que ha recaudado el cine español”, explica. En su opinión, este proyecto de ley no les da “certidumbre sobre el futuro, mientras que el presente ya es terrible”.
Aunque hayan recibido dos líneas de subvención en el contexto de la COVID, Abengozar señala que las salas de cine históricamente jamás han tenido ayudas, a diferencia de los distribuidores y los productores. Además, critica que buena parte del paquete lo reciban las dos empresas de exhibición más grandes –Cinesa y Yelmo– cuando las pérdidas de todas las salas están calculadas en 200 millones.
Protección del patrimonio audiovisual
Iceta ha seguido defendiendo esta Ley del Cine en la rueda de prensa: “A veces parece que se nos aprecia más desde fuera de lo que nos apreciamos a nosotros mismos y quiero que la sociedad española lo desmienta. Ya se han ganado el ser nominados y aceptados como obras importantes por los jurados más exigentes del mundo y eso es motivo de alegría, pese a algunos que intentan minimizar el papel de la cultura como sector de subvencionados y de cuatro privilegiados”.
Para garantizar que se cumpla todo lo dispuesto en la ley, a la que todavía le quedan casi dos años por delante para tramitarse, proponen crear un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual: un organismo autónomo que facilitará la colaboración público-privada. “Nos parece acertado que haya un seguimiento por parte del Estado, pero también de otros agentes clave privados”, defiende el portavoz de PIAF.
Por otro lado, la Ley del Cine declara la Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural (BIC), con lo que obtienen especial protección tanto sus instalaciones como sus contenidos.