Las ganas se impusieron a la organización y finalmente la burbuja de los festivales ha terminado explotando. Este verano se concertaron más de un millar de eventos musicales en toda España, un número fruto del parón de los dos años de pandemia y de la necesidad de revitalización de la música en directo. Antes de arrancar, la intuición decía que no hay público para todos. Tampoco trabajadores. Pero a ese error de cálculo se han ido sumando irregularidades por parte de las empresas organizadoras que, en última instancia, impactan sobre lo mismo: el bolsillo del consumidor.
A las cancelaciones por no llegar al mínimo de entradas vendidas se suman las provocadas por la falta de previsión y una gestión deplorable. Esto también afecta a los carteles, las fechas y las ubicaciones, que han sufrido cambios de última hora. Por último, las condiciones de varios festivales han hecho saltar las alarmas de las plataformas de consumidores por su carácter “abusivo”.
“Este verano está siendo llamativo por una cuestión de estadística: a mayor cantidad de festivales mayor probabilidad de problemas”, explica Miryam Vivar, abogada y portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). “Es una cuestión matemática, pero no puede servir de excusa para aplicar cláusulas abusivas”, matiza la experta. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, coincide en que “se está dando un número representativo de irregularidades” que les tiene bien ocupados desde su plataforma. Los festivales están protagonizando escándalos cada semana, algunos de forma accidental y otros incurriendo en fraudes legales.
O Son do Camiño, celebrado en Santiago de Compostela, dio la señal de alarma con el derrumbe de su escenario principal el 12 de junio, que dejó a varios obreros heridos. “Faltan hierro, equipos y profesionales”, advirtió Paco López, presidente de la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo (A.R.T.E.) sobre los principales déficits que podían repercutir en un mapa saturado de eventos. Aunque el festival y la Xunta culparon a un golpe de aire, lo cierto es que los profesionales migraron de profesión con la pandemia y muchos no han regresado a pesar de la amplia demanda.
Esta fue solo la primera consecuencia del enorme cuello de botella y la que abrió una caja de Pandora que acumula miles de afectados. Las organizaciones enseñan a proceder ante cada una de estas irregularidades, a dónde acudir y cómo no perder la esperanza ni la paciencia. “A ver si conseguimos entre todos que lo que ha ocurrido este verano no se repita en los siguientes”, anima Vivar.
Cancelación fortuita
La solución más radical y menos posible que encuentran algunos festivales ante los problemas e imprevistos es la de la cancelación definitiva. Rubén Sánchez señala al Madrid Puro Reggaeton como el caso trascendental. Unas horas antes de su celebración, el 15 de julio, el evento que prometía acoger la última gira de Daddy Yankee en Madrid cancelaba con 38.000 entradas vendidas y gente haciendo cola durante dos días.
Algunos denunciaron haber perdido hasta 600 euros (300 de entradas y 300 de transporte y alojamiento). Hubo gente que no solo se desplazó desde diversos puntos de España, sino que había volado desde el extranjero para asistir al Puro Reggaeton. Rubén Sánchez recuerda que es su derecho “reclamar daños y perjuicios” a la empresa que organiza, además del reembolso íntegro de las entradas.
La Comunidad de Madrid denegó la solicitud de la celebración del festival en el estadio Wanda Metropolitano “por ser extemporánea (es decir, no fue entregada a tiempo, además de suponer un riesgo tanto para la seguridad como para la movilidad de las personas”). Facua entiende que es una negligencia de la empresa no cumplir los requisitos de seguridad y, aunque culpen a la Comunidad de Madrid, es la responsable de la cancelación del evento. Algo parecido a lo que ha ocurrido este 28 de julio en Tenerife con el Reggaeton Beach Festival y 20.000 personas en el aire.
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona ha desautorizado su celebración a 48 horas del comienzo. Esta vez ha sido el consistorio el que ha tomado la decisión tras comprobar que las medidas de seguridad y la documentación presentada no reunían los requisitos necesarios. En la OCU señalan que ante estos casos hay que comprobar la causa de la cancelación: “Si es una cuestión de fuerza mayor, no es antojadizo”. En opinión de Miryam Vivar, ambas empresas “tienen la culpa sí o sí”.
Hay que reclamar siempre, por muy poco que sea el importe que nos deban y por mucha lata que nos den
“Todo el mundo sabe qué es una actuación negligente o diligente, y si su plan de seguridad hace aguas o no han presentado los documentos a tiempo es una negligencia”, advierte la abogada. Es diferente el caso de la cancelación del Diversity Valencia, que no vendió las entradas ni los patrocinios privados suficientes para que fuera solvente. En su caso, todo el beneplácito procedía de la administración valenciana. Aun así, el proceder es el mismo ante la devolución de las entradas: “Nuestra recomendación es solicitar el reembolso al organizador y, si no se obtiene una respuesta ajustada a derecho, hay que reclamar ante la Dirección General de Consumo de la comunidad para que investigue y, en tal caso, imponga sanciones”.
Cambios de cartel, fecha y ubicación a última hora
El Madrid Puro Reggaeton es un caso paradigmático porque, antes de la cancelación, ya había incurrido en numerosas irregularidades. Hizo pleno en cambio de fecha (al principio se iba a celebrar en junio), de cartel (hicieron desaparecer a artistas sin anunciarlo de forma debida ni dar explicaciones) y de ubicación (tres días antes de empezar, se mudó del recinto de la Caja Mágica al estadio Wanda Metropolitano). Pero no ha sido el único.
“Los cambios de cartel que no hayan sido avisados sí que son reclamables, no solamente por el precio de la entrada, sino también por los perjuicios adicionales que te haya ocasionado”, advierte Miryam Vivar. “Ahora, hay que valorar si el cambio de ubicación está justificado o es una característica esencial del contrato”, diferencia. No es el caso del Andalucía Big Festival by Mad Cool, la edición costera del macrofestival madrileño. Uno de sus principales reclamos era que se iba a celebrar el próximo septiembre en la playa, pero eso cambió la semana pasada.
Aunque lo justificaron así, el cambio no tiene tanto que ver con la comodidad de los asistentes sino con las dificultades de lograr los permisos para celebrar un evento de estas características en la playa. Mad Cool preveía al menos 30.000 asistentes diarios a un lugar de dominio público marítimo-terrestre, que exige antes de nada la autorización de ocupación por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente.
Facua entiende que, al tratarse de un “cambio sustancial”, los consumidores deberían poder obtener el reintegro del precio que pagaron, pero desde la OCU no lo tienen tan claro. “Puede que un juez te lo estime y consigas que te devuelvan el dinero, pero es un tema tan novedoso que no hay normativa y mucho menos jurisprudencia”, lamenta Vivar.
Las plataformas de defensa del consumidor llevan años trabajando en una normativa única que regule todo el mercado festivalero porque, como advierte la portavoz de la OCU, “las organizaciones se aprovechan de ese maremágnum de normas para hacer de su capa un sayo”. Lo que les lleva a denunciar la última irregularidad, que en algunos casos alcanza la calificación de ilegalidad.
Cobros aleatorios y cláusulas abusivas
El nuevo caballo de batalla del consumidor de festivales de verano está en las pulseras cashless. Este trozo de tela con un chip, que sirve para moverse dentro del recinto, beber y comer, va en muchas ocasiones acompañado de cláusulas abusivas que podrían vulnerar la ley. Es el caso del Mad Cool, celebrado en la capital entre los días 6 y 11 de julio, que ha sido denunciado por Facua y la OCU por cobrar la gestión de la devolución del dinero de sus pulseras. Han perseguido por lo mismo al Primavera Sound y al BBK Live.
“Las comisiones abusivas de reembolso, así como usar un solo método de pago (en este caso las pulseras), está prohibido por la ley de protección a los consumidores. No hay más remedio que trasladárselo a la administración”, dice Miryam Vivar, y adelanta que van a denunciar por lo mismo al festival valenciano de Monegros, que empieza el 30 de julio. “Es un poco complicado adelantarse porque ya han comprado las entradas. Obligan a no ir o a ir bajo condiciones abusivas”, resume la portavoz.
Las limitaciones a la entrada con comida y bebida son ilegales
Lo mismo ocurre con la prohibición de meter comida y bebida dentro del festival, ni siquiera agua. “Las limitaciones a la entrada con comida y bebida son ilegales. Los establecimientos de hostelería sí pueden hacerlo, porque es su actividad principal, pero un concierto no puede”, dice Rubén Sánchez. “Siempre denunciamos pero las administraciones no están actuando con multas contundentes, así que el sector lo sigue haciendo. E incluso si hay sanciones, posiblemente la cantidad sea tan pequeña que les merece la pena seguir cometiendo el fraude porque ganan dinero”, se lamenta. Por eso muchas veces estos asuntos se terminan resolviendo en los tribunales.
Miryam Vivar coincide con Sánchez en que las empresas organizadoras juegan al desgaste, por eso anima a acudir a la OCU o a Facua, que cuentan con asesores legales y vías directas y pueden hacer “de mediadores entre el organizador y el consumidor”. Más que no perder la esperanza, la abogada cree que la clave está en la perseverancia.
Recuerda que es un trámite gratuito que consiste en “redactar un folio con lo que te ha pasado, por qué es abusivo y lo que reclamas que te devuelvan”. “Hay que reclamar siempre, por muy poco que sea el importe que nos deban y por mucha lata que nos den. Si no es un movimiento de todos los afectados, consiguen que sea algo residual y minoritario y que las cosas no cambien”.