Rajoy vuelve a dejar a la Cultura sin Ministerio
Para el PP, la Cultura no merece una cartera propia. Mariano Rajoy ha vuelto a dejar sin gabinete a los asuntos culturales, que se se integran otra vez en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de la mano de Íñigo Méndez de Vigo.
Cultura está sin ministerio propio desde 2011. El entonces recién elegido presidente del Gobierno Mariano Rajoy imitaba a José María Aznaz que había eliminado en 1996 esta cartera integrándola en Educación. Se borraban unas competencias que habían mantenido desde Adolfo Suárez hasta Felipe González.
Tras los ocho años de Aznar en La Moncloa, en los que el propio Rajoy ocupó el cargo de ministro de Educación y Cultura en 1999 sucediendo a Esperanza Aguirre, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero recuperó la independencia del ministerio poniéndolo en manos de Carmen Calvo.
Durante la era Zapatero pasarían como ministros de Cultura César Antonio Molina y Ángeles González-Sinde. Pero al llegar al poder, Rajoy volvió a la senda marcada por Aznar.
José Ignacio Wert era nombrado en 2011 ministro de Educación, Cultura y Deporte. Su mandato estuvo lleno de polémicas, aunque la mayoría de los quebraderos de cabeza le llegaron a Wert por el lado de la Educación. Finalmente, y tras cosechar las peores notas de valoración del Gobierno de Rajoy, era sustituido por Íñigo Méndez de Vigo que conserva el cargo en la nueva legislatura y asume además la portavocía.
Línea temporal de la cartera de Cultura en el Gobierno
PSOE y Ciudadanos pedían recuperar el Ministerio
No han sido pocas las voces que han reclamado que Cultura volviera a tener un ministerio propio. De hecho fue una promesa electoral de Pedro Sánchez cuando todavía era secretario general del PSOE. Y este jueves, la diputada y portavoz de Cultura en la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz, escribía una tribuna en ABC defendiendo la necesidad de una cartera para Cultura.
La diputada de la formación 'naranja', que facilitó junto al PSOE la investidura de Rajoy, señalaba que “el sector cultural sobrevive institucionalmente desprotegido” porque Rajoy le había “negado” un ministerio propio dándole un “lugar subalterno en las prioridades de Gobierno”.
Batallas culturales pendientes
Una de las batallas culturales a las que se tendrá que volver a enfrentar Méndez de Vigo será el IVA cultural. La Comisión de Cultura en el Congreso ya aprobó a finales de septiembre una proposición no de ley (no vinculante) en la que instaba al Gobierno bajar el IVA “a los productos y actividades culturales y a los servicios deportivos”.
Fue el Gobierno de Rajoy el que en 2012 subió del 8% al 21% el IVA cultural, un sablazo por el que desde entonces ha pataleado el sector sin hacer pestañear a Montoro.
Ciudadanos solo logró rascar en su acuerdo de investidura con los 'populares' un compromiso para bajar el IVA exclusivamente de los espectáculos en directo, por lo que el cine seguirá gravado como producto de lujo hasta que el PP quiera.
El Gobierno también tiene pendiente decidir qué hace con el canon digital que le tumbó la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE rechazaba en junio el canon compensatorio por copia privada, aprobado por el Gobierno del PP en 2012, al estimar que chocaba con la directiva comunitaria sobre derechos de autor.
La sentencia obligaba a España a revisar este sistema porque se cargaba en los presupuestos generales del Estado y lo pagaban todos los contribuyentes, no sólo aquellos usuarios que hicieran una copia privada.
El canon predecesor, implantado por el Gobierno socialista, también era indiscriminado. Gravaba soportes como los CD o reproductores para compensar a los creadores por el supuesto perjuicio causado al copiar sus obras, pero se penalizaba el soporte independientemente del uso que se le diera. Varios varapalos judiciales cuestionaron la legalidad de este gravamen y cuando llegó el PP al Gobierno optó por cargarlo al bolsillo de todos los españoles.
En su día, Soraya Sáenz de Santamaría aseguró que trabajarían en “una solución satisfactoria para todos y cumplidora del derecho comunitario”. Pero de momento no se sabe cómo evolucionará el polémico canon.
