El Congreso convalida el canon digital y evita tramitarlo como proyecto de ley

El Pleno del Congreso ha convalidado el real decreto ley que regula el canon digital y fija un sistema de compensación por copia privada para los propietarios de obras protegidas.

El texto ha contado con 270 votos a favor, 60 en contra y 18 abstenciones. En la sesión, el nuevo modelo ha recibido el apoyo de PP, PSOE, Ciudadanos y PNV. En el grupo Parlamentario de Unidos Podemos, Podemos, En Comú y En Marea han votado en contra, mientras que IU se ha abstenido. ERC también se ha abstenido.

La Cámara Baja también ha decidido sobre si el texto se tramitaría como proyecto de ley, una petición de Unidos Podemos para que se pudieran incluir modificaciones por parte de los grupos. Esta propuesta ha sido rechazada con 260 votos en contra, 89 a favor y ninguna abstención.

El decreto ley, que entró en vigor el pasado 4 de julio, modifica la compensación por copia privada recogida en la Ley de Propiedad Intelectual. De cargarlo a los presupuestos del Estado, modelo que fue tumbado por el Supremo y la justicia europea, se ha pasado de nuevo a gravar equipos o soportes que puedan servir para copiar o albergar una copia de una obra protegida. El sistema busca compensar a autores por las copias legales que se puedan hacer de sus obras.

El portavoz de Cultura de Unidos Podemos, Eduardo Maura, ha sido el único en defender en el Congreso el voto en contra para la proposición no de ley, aunque dentro del grupo, Izquierda Unida se ha abstenido.

Maura, que ha pedido que la norma se tramite como proyecto de ley, ha recordado que el canon digital de la época del gobierno de Rodríguez Zapatero “presuponía cierta intencionalidad a quien compraba un disco duro o un DVD virgen”.

“A Mariano Rajoy, el canon tampoco le gustaba”, ha recordado el diputado señalando la posición del PP en la oposición ante el modelo de canon que grava los soportes.

Tras arremeter contra la “ley Lassalle”, la norma declarada ilegal que sucedió al canon digital socialista y que cargaba la compensación por copia privada a los presupuestos, el diputado ha denunciado que ahora se le debe “mucho dinero a las entidades de gestión y a través de ellas a los autores”.

También ha recordado que “desde 2004 el mundo ha cambiado mucho” ya que ahora se accede a contenidos distribuidos a través de “Spotify, Amazon Prime o Netflix” y, haciendo referencia a la posibilidad que en el desarrollo de la norma se graven estas plataformas, Maura ha señalado que sus licencias “no requieren de compensación por copia privada”

En su intervención ha criticado que para la redacción del real decreto ley no contaran ni con asociaciones de consumidores ni de internautas y ha denunciado que el fondo del problema “es la sostenibilidad de la cultura”, ya que “durante años se ha convertido el problema de la precariedad” de los profesionales del sector “en un asunto de propiedad intelectual y de descargas ilegales”.

Por ello ha propuesto que consensúen formas de financiación mixta como una “tasa para las operadoras” o “una casilla en la declaración de la renta”.

Dentro de Unidos Podemos, Izquierda Unida se ha abstenido en la votación. Horas antes del debate en el Congreso, fuentes de IU en el Congreso explicaban a eldiario.es, que se ha optado por la abstención “por la situación de emergencia que tiene el sector”. “Somos de los pocos países en la UE en el que los autores están sin cobrar por derechos”, añadían.

El diputado de ERC Xavier Eritja ha defendido la abstención y ha apoyado que se tramitara como proyecto de ley, ya que la regulación “debería extenderse a los operadores”. Eritja ha considerado que la propuesta es “insuficiente” porque solo contempla “modificaciones parciales”.

Isidro Martínez Oblanca, diputado de Foro Asturias, también se ha abstenido en la votación, señalando que se ha excluido de la negociación del decreto a los usuarios “sobre los que va a recaer el pago”. Ha criticado una fórmula que “nos devolverá a tiempos pretéritos” en los que “cientos de miles de personas manifestarán su rechazo al canon digital”.

El resto de los grupos de la oposición han coincidido en sus intervenciones en criticar la “ley Lassalle” y aplaudir que se haya puesto en marcha este sistema de compensación.

Por el PSOE, José Andrés Torres Mora ha asegurado que el nuevo sistema es “un paso en la buena dirección, que viene a corregir el error de Rajoy en 2011” cuando decidió cargar el canon a los Presupuestos del Estado. “Desde 2011 personas como mi madre pagan con sus impuestos la compensación por hacer copias que no hacen por los que sí las hacen”, ha afirmado.

Félix Álvarez, de Ciudadanos, ha asegurado que “era un clamor que la anterior norma fue una auténtica chapuza” y ha defendido el nuevo modelo porque “se ajusta a la legislación europea y nos equipara al resto de países de la UE”.

Por el PNV, Joseba Agirretxea ha defendido el voto a favor porque lo que “vale es la intencionalidad de cambiar el concepto” y ha señalado que es “un paso positivo” que el Ejecutivo reconozca que “se equivocó” con la anterior normativa.

La vuelta del canon

El decreto ley, aprobado en Consejo de Ministros hace una semana, resucita el modelo de canon de compensación por copia privada del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Este canon digital grava equipos, aparatos y soportes de reproducción. El pago en teoría recae en fabricantes y distribuidores, pero estos lo podrían repercutir en los consumidores.

El actual texto establece una lista provisional de equipos, soportes y materiales de reproducción y las cuantías económicas que se deberán abonar a las entidades de gestión. Esta lista y las cuantías se revisará en el plazo de un año, por lo que no se descarta que pueda haber modificaciones importantes. Cambios en el texto abren la puerta a que se pudieran gravar las plataformas de vídeo en streaming.

El Gobierno aprobó la norma tras meses de vacío legal, ya que tanto el Tribunal Supremo como la justicia de la UE tumbaron la anterior que cargaba a los Presupuestos Generales la compensación. La UE la consideró no ajustada a la normativa europea por ser indiscriminada.

El Ejecutivo decidió finalmente volver al modelo desarrollado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que ponía una tasa a los dispositivos digitales para compensar a los autores por las copias legales que se pudieran hacer de sus obras. Un sistema defendido por las propiedades de gestión, que también sufrió varios varapalos judiciales y que los propios 'populares' criticaron calificándolo de “arbitrario e injusto”.