Joaquín Sabina tuvo que hacer frente a un pago millonario a Hacienda, ante el que interpuso un recurso que se ha resuelto ahora. La Audiencia Nacional ha desestimado ese recurso que impuso el cantante andaluz contra una liquidación de 2,5 millones de euros por no haber declarado sus derechos de autor en los años 2008, 2009 y 2010, tal y como ha adelantado el diario El País.
La Agencia Tributaria ha recibido el amparo de los magistrados de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional frente al recurso judicial de Sabina. El 27 de enero de 2017, el Tribunal Económico Administrativo de Madrid también desestimó la reclamación.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Sabina era socio o administrador de tres empresas familiares: Ultramarinos Finos, Relatores y El Pan de Mis Niñas, las cuales gestionaban inmuebles en Madrid y Rota, un velero, libros antiguos y sus derechos de autor. La explotación de estos últimos le generaron más de 12 millones de euros durante los tres años que figuran en la inspección tributaria. Sabina los generaba según el fallo a través de “realización de galas, royalties, ventas nacionales de discos, colaboraciones en prensa, etc”.
Sabina alegó en su defensa que no tenía relación con alguna de esas sociedades, de las que intentó desligarse. Pero los magistrados de la Audiencia Nacional citan sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declararon “inverosímil” ese punto y que determinaron que el cantante tuvo una tributación inferior a la que le correspondía por aplicación del valor normal de mercado, “lo que hubiera determinado un tipo de gravamen superior al del Impuesto sobre Sociedades, y un consiguiente aumento de la renta a imputar”.
Según El País, Sabina estuvo asesorado por el bufete Nummaria, que ha llevado a Ana Duato y a Imanol Arias a tener un proceso penal en la Audiencia Nacional. Según las bases de la Agencia Tributaria, Sabina podría traspasar a su empresa sus derechos de autor pero a un precio de mercado, no gratuitamente.
En 2014, Hacienda reclamó a Sabina el pago de más de cuatro millones de euros y embargó provisionalmente algunos de sus bienes. En concreto fue el 87,45 % del capital de la sociedad Ultramarinos Finos, propiedad al 50% de Sabina y su pareja, Jimena Coronado, y prohibió al cantante vender o ceder parte de su vivienda de Madrid, su garaje en la capital y su casa en Rota.