Generalitat y Ayuntamiento de València apuestan por garantizar un vehículo de Uber o Cabify por cada 30 taxis

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, junto a diversas asociaciones del sector del taxi, han participado este jueves en la constitución de la Mesa de Trabajo del Sector del Taxi, en la que se ha establecido un calendario de reuniones periódicas para tratar las diferentes cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la normativa vigente y la tramitación de la nueva Ordenanza de Movilidad.

La reunión se ha producido en plena irrupción de Uber. La plataforma ha iniciado esta semana su puesta en marcha en la capital valenciana con unos 200 vehículos y ha anunciado que se implantará también en Elche y Alicante.

“Hoy ha tenido lugar la primera reunión de la Mesa de Trabajo del Taxi que hemos constituido con diferentes asociaciones del sector, en la que se ha analizado diferentes cuestiones y en la que hemos previsto un calendario de reuniones periódicas durante los próximos meses”, ha asegurado el concejal de Movilidad

Sostenible, Giuseppe Grezzi.

“Consideramos al taxi como transporte público por primera vez en la nueva ordenanza”, ha añadido.

El concejal de Movilidad Sostenible también ha explicado que la Mesa de Trabajo ha estudiado los métodos de trabajo respecto a la regulación de las VTC (vehículo de transporte con conductor).

“La nueva ordenanza va a plasmar una disposición adicional, en la cual quedará recogida que el Ayuntamiento velará por el umplimiento de la proporción entre el taxi y las VTC, tal y como recoge el último decreto ley aprobado por el Gobierno y el artículo 5 de la Ley del Taxi, aprobada en 2017”, ha argumentado.

Actualmente, existe un ratio legal según el cual, tan solo se puede autorizar un permiso de VTC por cada 30 taxis, pero según los taxistas, el equilibrio está roto desde hace tiempo, ya que para que se cumpliera debería haber un máximo de 140 licencias VTC en territorio valenciano. Sin embargo, con las 200 de Uber son ya 521 las que están funcionando.

“Esta disposición adicional nos permite avanzar en la misión de velar por el cumplimiento de la ley de proporción y que, por ende, exista una clara diferenciación entre los transporte que dan un servicio público y otro discrecional”, ha explicado Giuseppe Grezzi.

“La gestión de la Ley del taxi, en estos momentos, es competencia autonómica. Es con la aprobación del último Decreto ley cuando los ayuntamientos pueden asumir estas competencias. Es por ello que estamos al principio del camino”, ha añadido.

Paralalemente, la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha abierto el trámite de consulta previa al proyecto de Decreto del Consell por el que se regulan las condiciones de prestación del servicio de arrendamiento de vehículos de turismo con conductor (VTC), según publica este jueves, 17 de enero de 2019, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

En consecuencia, las aportaciones y opiniones se podrán formular en los diez días hábiles siguientes a la publicación en el DOGV, remitiéndolas a la dirección del correo electrónico taxi@gva.es.

Se trata de una consulta previa que no excluye el procedimiento de información pública del proyecto de ley, que se aprobará mediante decreto ley, que se iniciará una vez finalice esta consulta previa.

Para el director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, el objetivo de esta consulta previa es “poder contar con las propuestas de todos para buscar las mejores fórmulas jurídicas que aseguren que los dos sectores puedan ejercer su actividad de la mejor forma posible y que los usuarios reciban el mejor servicio”.

Acercar posiciones

Domingo ha señalado que, hasta ahora, el Consell ha hecho “lo máximo que podíamos hacer legalmente que era establecer un ratio: por cada 30 taxis, un VTC, y lo hemos podido hacer a través de la Ley del Taxi, pero a partir de la nueva habilitación que nos otorga el Estado, también haremos todo lo que esté en nuestras manos para buscar las mejores fórmulas para todos”.

En este sentido, Domingo ha destacado que “la regulación de las VTC en la Comunitat se puede materializar antes que en otras autonomías”, por ello, el director general reclama responsabilidad a todas las partes para “trabajar por conseguir el mejor texto posible”.

A su entender, “las posiciones extremas alejadas de cualquier viabilidad jurídica o económica no conducen más que a que el problema se quede enquistado y se vaya agravando con el tiempo o que se consigan aparentes resultados a corto plazo que sean recurridos y finalmente creen mayores frustraciones”.

Domingo ha agradecido a las asociaciones de taxistas y de VTC su trabajo “para el avance del nuevo Decreto Ley”.

La semana pasada, el director general mantuvo un encuentro con representantes de la Asociación Gremial de Auto-Taxis de Valencia, la Confederación de Autónomos del Taxi, USO, Asociación de Taxistas de la Comunitat Valenciana, la Asociación Empresarial de Auto-Taxis de la CV y Élite Taxi donde les trasladó que la intención de la Generalitat es hacer todo lo que está en su mano “para restablecer el equilibrio roto entre las licencias de taxi y las de VTC”.

Velar por el interés general

El Decreto Ley impulsado por el Gobierno central ha habilitado a las autonomías a actuar en la gestión de las VTC de ámbito inteurbano y a los ayuntamientos a abordar esta cuestión en el ámbito urbano.

Así, el Ejecutivo de España habilita a las autonomías a modificar ciertas condiciones de explotación de las VTC en relación a las condiciones de precontratación, de captación de clientes, solicitud del servicio, de recorridos mínimos y máximos, de servicios horarios obligatorios y de especificaciones técnicas de los vehículos.

El mismo decreto reconoce a los ayuntamientos su competencia en todo lo que tenga relación con los servicios de VTC en el ámbito urbano sobre, dominio público viario, gestión del tránsito urbano, la protección del medio ambiente