El Tribunal de Cuentas cifra en 20,5 millones el saqueo de la depuradora de Valencia y condena a sus directivos a devolverlos
El Tribunal de Cuentas ha cifrado el saqueo de fondos públicos en la depuradora de Pinedo (Valencia) entre los años 2004 y 2010 en 20.490.817 euros. El ente fiscalizador de las cuentas públicas condena a los directivos de la misma y a dos exaltos cargos del Gobierno de Francisco Camps a devolver íntegramente el dinero desviado durante esos años a la conocida como trama Emarsa, según la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa), Enrique Crespo (expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia) y Enrique Arnal (exdirector financiero de la empresa pública) responden solidariamente del importe total y José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer (directivos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Conselleria de Medio Ambiente) a restaurar 12,5 millones por la trama del tratamiento de lodos. El 55 % del dinero deberá devolverse a la Generalitat y el otro 45 % a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, ente municipalista propietario de la depuradora en la época.
Los cinco condenados por el Tribunal de Cuentas ya fueron condenados por el caso Emarsa a entre tres y 12 años de cárcel y están a expensas de sus recursos ante el Tribunal Supremo. En este caso, la Audiencia Provincial de Valencia cifró el agujero causado a las arcas públicas en más de 23 millones de euros.
Paralelamente, la Generalitat y la Emshi iniciaron un proceso en el Tribunal de Cuentas para restituir los fondos públicos del tratamiento de aguas y fangos desviados a empresas fantasma, compra de regalos de lujo o, incluso, prostitutas. Este 11 de enero se comunicó la sentencia que aplica responsabilidades contables contra los cinco gestores públicos implicados en la causa. En la Penal han sido condenadas hasta 24 personas. El ente fiscalizador condena también a las costas a los cinco condenados, algunos de los cuales ya han comunicado a este periódico que recurrirán la sentencia.
El Tribunal de Cuentas concluye tras una investigación de varios años que existe una “relación causal” entre los condenados y “los daños ocasionados a los fondos públicos” sin que “dicha relación causal se rompa por el pretendido fallo de los órganos de control alegados por la representación civil de Enrique Crespo”. Que esos controles -por ejemplo del Consejo de Administración de Emarsa- hubieran fallado “no excluye la responsabilidad de quienes de manera directa con su conducta dieron lugar a que se produjese el menoscabo en los fondos públicos”.
El Tribunal añade que esta forma de proceder en la gestión de los fondos públicos -un aviso para todos los políticos que gestionan entidades de derecho público- “supone no solo una manifiesta ausencia de la mínima diligencia exigible a cualquier gestor de dichos fondos, sino también la vulneración de la normativa contable que ocasionó un saldo deudor injustificable”.
