La Comisión Europea exige a España que intervenga ante el cobro de 'mordidas' a profesores en las academias de formación
La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, ha ordenando al Reino de España que investigue e intervenga en el fraude a gran escala en los cursos de formación para parados que se realizan con los fondos transferidos por la UE y que gestionan las comunidades autónomas. La reclamación parte de las informaciones reveladas por eldiario.es entre el 31 de marzo y el 3 de abril en las que se acreditaba que numerosas academias de formación de toda España cobran 'mordidas' a los profesores a cambio de trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón inició una investigación en noviembre de 2018 tras una denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude y media docena de docentes sobre una práctica ilegal que se habría cometido en comunidades autónomas como Extremadura, Catalunya, Asturias, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Madrid o la Comunitat Valenciana, según reveló este periódico. Esas pesquisas han sido remitidas a las distintas fiscalías provinciales para que prosigan y en casos como Alicante ya se han puesto en contacto con la Generalitat Valenciana para recabar información.
Pero la petición de la OLAF es una intervención paralela a la de la justicia penal. De hecho, la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea ha pedido al Ministerio de Trabajo, que gestiona el Fondo Social Europeo, y al Ministerio de Hacienda, responsable del gasto de los Fondos Feder y de Cohesión, que investiguen las diferentes informaciones que publicó eldiario.es. Y es que en las noticias publicadas el pasado mes de abril se acreditaba que en la actualidad, las 'mordidas' a los sueldos de los profesores se continúan practicando.
Por parte del Ministerio de Hacienda ha tomado cartas en el asunto el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA), que ya ha mantenido reuniones para tratar de recabar información sobre las prácticas irregulares de numerosas academias que reciben fondos de la UE. En este sentido, sería interesante, plantean fuentes conocedoras de la investigación, que los centenares de profesores afectados por estas prácticas acudieran a la SNCA a denunciar a las academias que les estén obligado a reembolsar parte de su sueldo, bien sea a través de servicios ficticios o con dinero negro.
La SNCA depende de la Intervención General del Estado, por lo que su intervención puede ser clave en esta macrocausa que se perpetúa en el tiempo, aunque son en última instancia las autonomías las que deben actuar contra una práctica muy extendida y que hasta la fecha, por inacción, omisión o colaboración, se sigue produciendo.
La otra administración a la que la OLAF ha pedido cuentas es el Ministerio de Trabajo, que gestiona las ayudas del Fondo Social Europeo. En este caso, el departamento que dirige Magdalena Valerio ya se ha puesto en contacto con varias autonomías para reclamar información sobre el presunto fraude en los cursos de formación. De momento, los diferentes departamentos autonómicos se han puesto a confirmar las denuncias realizadas por eldiario.es. Hay casos certificados en la Comunitat Valenciana, Extremadura o Catalunya, donde existen incluso denuncias en una juzgado de instrucción.
El fraude se fundamenta en la propia legislación del Estado y que asumen las Comunidades Autónomas. Se basa en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo donde se regula la formación para el empleo y en la resolución de 18 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se regula la justificación de gastos derivados de la realización de acciones de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
Y concretamente en dos puntos, la imposibilidad de los centros de formación de tener un beneficio industrial y el artículo 14 de la resolución: “La suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos contemplados representará un coste mínimo del 40% de los costes totales de la subvención a liquidar”. Es decir, de cada cien euros de subvención 40 deben ir a los profesores y el resto a gastos de gestión o alquiler de locales, que se deben justificar o provocan la devolución de las ayudas
Un 40% para salarios de docentes como mínimo
Y es ese 40% el foco de la controversia. Como ya contó este periódico el pasado 31 de marzo, Pablo Rodríguez, un docente de Extremadura, explicaba a eldiario.es que ha tenido que devolver parte de su salario al centro de formación donde trabajaba. “En la entrevista inicial acordamos que iba a cobrar 21 euros por hora de clase. Pero hay una cosa que, me dijeron, aparecerá en las facturas que presentes: que cobras 50 euros la hora. Posteriormente nos devuelves la diferencia y nosotros presentamos ante Hacienda una factura y la contrafactura posterior. En un curso de 350 horas la academia se llevó 9.000 euros”, afirmaba este docente.
En otra información se reproducía un audio en el que un empresario directamente planteaba al docente la manera en que debía cometer el fraude: “Pagamos autónomos, más 17 euros brutas la hora, pero facturas 45 o 50 euros la hora”. Este periódico continuará revelando audios y documentación que demuestra que, lejos de acabarse, las “mordidas” a profesores continúan.
