El PP se querellará contra la alcaldesa de La Vall d'Uixó por derribar la cruz de los caídos franquista
El PP de La Vall d'Uixó anunció el viernes que presentará una querella contra la alcaldesa de la localidad, Tania Baños, por el derribo de la cruz de los caídos del pasado miércoles. El portavoz del partido, Óscar Clavell, cree que puede haber cometido los delitos de prevaricación e incitación al odio.
Clavell basa la acusación de prevaricación en que la alcaldesa ordenó el derribo de la cruz sin esperar a que el juzgado resolviera el recurso que su partido había presentado y sin atender al requerimiento de la asociación “Abogados Cristianos”. Respecto al supuesto delito de odio, el portavoz del PP considera que Baños derribó el monumento “con motivación religiosa”.
Informes de funcionarios y expertos
Por su parte, el Ayuntamiento -gobernado por PSOE, Compromís y EUPV- ya aclaró que la retirada de este símbolo franquista responde al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica estatal y de la Ley de Memoria Democrática de la Generalitat Valenciana.
Para ello, cuenta con el aval de “los informes de los funcionarios municipales”, así como del “Comité de Expertos para la Valoración de Retirada de Vestigios Relativos a la Guerra Civil y de la Dictadura en la Comunitat Valenciana, que se reunió con los seis partidos políticos con representación municipal, asociaciones culturales y técnicos antes de emitir su dictamen”.
La cruz de Castelló sigue ahí
El derribo de la cruz de La Vall d'Uixó ha vuelto a dirigir la atención del PP hacia la cruz de los caídos de Castelló de la Plana. Allí, el Consistorio está llevando a cabo los trámites necesarios para retirar este monumento, situado en el céntrico parque Ribalta.
El Consistorio ha explicado en repetidas ocasiones que debido a que este espacio es un BIC (Bien de Interés Cultural), varios departamentos de la Generalitat Valenciana deben dar el visto bueno al proyecto antes de proceder al derribo.
Ante estos planes, los partidarios de conservar la cruz se han movilizado durante esta semana. La Asociación Abogados Cristianos pidió a un juzgado la suspensión cautelarísima de este proyecto, aunque el viernes todavía no tenían una respuesta por parte de la Justicia.
El PP municipal, por su parte, emitió el viernes un comunicado en el que exigió “conocer el dinero que el gobierno de PSOE y Compromís tiene pensado destinar” al derribo. Según la portavoz, Begoña Carrasco, se trata de “una actuación que no cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos”.
