José Luis Ulibarri declara ante el juez que no conocía “a nadie de la Púnica” y que no pagó más de 100.000 euros por adjudicaciones

José Luis Ulibarri no conoce a nadie, “ni a Granados, ni a Marjaliza, ni a nadie de la Púnica”, ha declarado este jueves ante el juez que instruye el caso. El empresario de la construcción y de los medios de comunicación –es propietario del 50% de Televisión Castilla y León y tiene además radios y periódicos, entre ellos El Mundo de Castilla y León– afronta así su tercera imputación en un caso de corrupción.

Ulibarri está acusado en una pieza de Gürtel por la que se enfrenta a una petición de pena de más de 7 años de prisión, está investigado como presunto cabecilla de la trama del caso Enredadera, en la que tiraban de políticos para amañar concursos en todo el país, y es también un encartado en Púnica. En concreto, forma parte de la pieza número 8, que investiga la etapa de Francisco Granados como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Granados es el principal investigado del caso, y del que toma nombre la operación por la similitud de su apellido con la denominación de la fruta granada Punica Granatum. Según el juez, Francisco Granados tiró de Ulibarri en su plan de amaño de concursos públicos como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid. Granados “vislumbró en la Consejería de Transportes, y especialmente en la entidad Mintra, una nueva oportunidad de negocio, que le permitiría enriquecerse con dinero público procedente de las adjudicaciones millonarias en el sector de infraestructuras y transporte de la CAM, y en concreto con las adjudicaciones para la construcción de las infraestructuras de metro y metro ligero proyectadas en el 'Plan de Ampliación de Metro de Madrid para 2003-2007', que contaba, según se ha podido saber por fuentes abiertas, con un presupuesto de 4.700 millones de euros”.

Granados, “abusando gravemente de su nuevo cargo público”, concertaría con el consejero delegado de Mintra, el investigado Jesús Trabada, adjudicar a empresas medianas, que llegarían de la mano del investigado David Marjaliza, y que pagarían una comisión por ello, contratos públicos de construcción de infraestructuras ferroviarias, “que hasta ese momento venían siendo adjudicados a las grandes y pujantes constructoras españolas”.

La investigación ha revelado que los contratos adjudicados a las empresas concertadas experimentaban, durante la ejecución de la obra, “un elevado sobrecoste de su precio de licitación, por la existencia de nuevos contratos por modificados y contratos complementarios de la obra inicialmente contratada, que siempre eran adjudicados de forma directa, sin concurso, a aquellas empresas. El precio de estos nuevos contratos llegó en algunos casos a superar el precio del contrato inicial”.

La estrategia que se puso en práctica buscó el concierto con los administradores de otras empresas medianas que operaban en el sector de la obra civil pública, como Begar, o la también sociedad leonesa Teconsa, y que tampoco habían accedido nunca a las licitaciones de Mintra. Estas sociedades se presentarían a las nuevas licitaciones, formando una Unión Temporal de Empresas (UTE) con la mercantil Obrum. Todas ellas pagaron comisiones a través de facturación falsa.

En una de esas obras ferroviarias aparece Begar, la empresa de Ulibarri que actualmente se llama Grupo Elodea, y que se encargó de los trabajos del tramo 1-C de Metrosur.

Ulibarri niega haber pagado comisiones

Según la contabilidad de Marjaliza, Begar pagó a Granados y al propio Marjaliza supuestas comisiones a través de ingresos en una empresa de este último. El ingreso se hace de Begar a Aruba, la sociedad de Marjaliza que se usaba para canalizar las comisiones. Según obra en el sumario, en el año 2004 Begar realizó pagos a Aruba por valor de 109.733,68 euros. Pero Ulibarri ha negado hoy al juez haber pagado por las adjudicaciones, tal y como ha explicado su letrado a eldiario.es.

Sin embargo, para el juez Manuel García Castellón, la declaración que hizo en su momento David Marjaliza, dio valor a los indicios de que “medió con autoridades públicas a favor de la mercantil Begar, en licitaciones públicas”.

Las pruebas en las que se basa son dos facturas localizadas en el registro practicado en la sede social de las empresas de Marjaliza que constatan que fue la sociedad Aruba “el instrumento que materializó, mediante facturación mendaz emitida a la sociedad Begar, el pago de las comisiones que entregó esta sociedad por la adjudicación del contrato firmado con Mintra el 18 de mayo de 2004, tal y como reza el concepto de cada una de ellas. También fijan el importe de la comisión en 109.733,68 euros”.

Las adjudicaciones de las obras de metro que recibió Begar superan los 25 millones de euros: el 29 de abril de 2004, obras de 12.192.608,86 euros; en julio de 2005, 2.433.735,35 euros; y en junio de 2006, 12.012.146,18 euros.

Los hechos serían constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, cohecho, organización criminal, tráfico de influencias, falsificación de documentos mercantiles y blanqueo, sin perjuicio de que puedan calificarse como constitutivos de otros delitos que se evidencien en la instrucción.