De las hipotecas abusivas al aumento del precio del alquiler: así han cambiado los desahucios en una década
Mari Carmen Arnedo compró su casa joven, a los 20 años. La perdió a los 69, como avalista, por culpa de las cláusulas abusivas en la hipoteca de su hijo: los dos pisos se subastaron y el banco les reclamaba los 110.000 euros del préstamo. “Me dijeron que no debería haber avalado a mi hijo, pero volvería a hacerlo”, reconoce.
Rafael Gómez rehipotecó su casa en 2008 para poder hacer frente a los 400.000 euros que el banco le reclamaba. Le engañaron para ser el administrador de una empresa endeudada. Un año después no pudo hacer frente a los pagos y perdió su vivienda. “Afortunadamente conseguí un alquiler social y, con la dación en pago, una deuda cero”, se consuela.
Historias similares a la de Rafael y Mari Carmen se repiten diariamente en nuestro país, pero las circunstancias han cambiado en la última década. Según los datos analizados por elDiario.es de las cifras de desahucios del CGPJ, se ejecutan menos desahucios cada año y las plataformas confirman que el perfil de los afectados ha cambiado: son fundamentalmente inquilinos, sin casas en propiedad.
Desde 2013 se han ejecutado un total de 532.760 desahucios con lanzamiento (152 de media diaria). Aunque con el paso de los años se han ido reduciendo, en la primera mitad de 2022 se han registrado hasta 21.888: una media de 122 lanzamientos diarios. Esto supone un 42% menos que hace nueve años. Estos datos se corresponden con los lanzamientos registrados en los tribunales de primera instancia de aquellas localidades con servicios comunes de notificaciones y embargos.
Como muestra el gráfico, los desahucios a consecuencia de ejecuciones hipotecarias experimentan un declive continuo desde 2015. La pérdida de ingresos junto con otros factores como el récord del paro y las cláusulas abusivas provocaron que un gran grupo de propietarios no pudieran seguir pagando las cuotas durante los primeros años de la crisis. Es el caso de Sonia Galindo: en 2011, se redujeron los ingresos en su unidad familiar “por cuestiones de trabajo” y no pudieron hacer frente a una hipoteca que no dejaba de aumentar. “Pagábamos 600-700 euros mensuales y, con la subida del Euríbor, pasamos a pagar una cuota de 1.000. Una diferencia de 200 o 300 euros es mucho dinero”, explica.
En 2013, más del 38% de los lanzamientos registrados por el CGPJ eran ejecuciones hipotecarias. “Los propietarios estaban perdiendo su vivienda, eran desahucios vinculados a las primeras propiedades”, explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. En 2021, apenas superan el 24%.
En comparación con las ejecuciones hipotecarias, el porcentaje de lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos no deja de aumentar. En los seis primeros meses de 2022 se han ejecutado 15.496 desahucios a inquilinos (frente a 5.132 de propietarios). Aunque en términos absolutos son cifras inferiores a las de la crisis inmobiliaria, el porcentaje sobre el total se ha incrementado por la paralización de las ejecuciones hipotecarias: en 2021, los procedimientos a personas alquiladas acapararon el 70% de los desahucios sobre el total nacional; mientras que en 2013 no alcanzaba el 57%.
“Tras la explosión de la burbuja hipotecaria, el mercado del alquiler se había empezado a convertir en el mayor nicho de especulación inmobiliaria”, comenta Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El precio de los alquileres no deja de aumentar. Según los datos de la plataforma de compra y alquiler de viviendas Idealista, en septiembre de 2015, el precio medio del metro cuadrado de alquiler era de 7,5 euros. En 2022, supera los 11. Un incremento de más del 49% en los últimos años.
Esta subida afecta a todas las comunidades, que han encarecido sus precios al menos un 30%. En zonas turísticas como Canarias y Baleares, el metro cuadrado se ha disparado un 66% y un 57%, respectivamente. Lo mismo sucede en regiones con grandes ciudades, donde los precios son más altos que la media: Catalunya ha pasado de no superar los 10 euros por metro cuadrado en 2015 a los 15 euros en siete años.
Además, plataformas de alquiler vacacional como Airbnb han precipitado este despunte de los precios. “Extrajeron de forma masiva vivienda del mercado de alquiler para rentabilizarla en procesos de turistificación, expulsando a vecinos históricos de sus barrios para sustituirlos por turistas”, explica Carlos Castillo. Esto mismo sucedió con los vecinos de la calle Olmo y de la calle Argumosa, ambas en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés.
Esto agrava todavía más la situación de las familias, a la que se suma la dificultad de negociar con grandes propietarios o fondos de inversión sin sede en España. Nilda Risueño compró una casa en 2007, pero con la crisis su pareja se quedó sin trabajo y tuvo que irse de España pocos años después. Ella sola no pudo hacer frente al pago de las cuotas y, en 2017, firmó una dación en pago con la entidad bancaria y un realojo con alquiler social. “En 2019, el Banco Sabadell vendió la casa a un fondo buitre conmigo dentro. No quisieron renovarme el contrato y me interpusieron una demanda”, cuenta Nilda. Finalmente, el juez le dio la razón y tuvieron que paralizar ese segundo desahucio.
Pero no todos los casos son así. Patricia Blázquez Ramos lleva diez años luchando por su vivienda. En 2011, perdieron su trabajo por la crisis: ingresos a cero y una hipoteca que dobló su precio inicial. Consiguieron quedarse en su casa pagando un alquiler, pero seis años después el nuevo propietario (un fondo de inversión) quiere echarles. “Han comprado los paquetes de vivienda a precio irrisorio y quieren echarnos para venderlas a precio de mercado, pero deberían tenernos a nosotros en cuenta. Llevo 17 años viviendo en esta casa”, se lamenta Patricia. Le acaban de notificar que tendrá que dejar su casa antes de finales de enero al no personarse en un juicio del que no tenía conocimiento.
Los desahucios de alquiler se ejecutan con más rapidez que las ejecuciones hipotecarias, que pueden tardar varios años. “Los procesos de ejecuciones hipotecarias son mucho más largos que los lanzamientos por impago de la renta por la propia configuración de la ley de enjuiciamiento civil”, aclara Natalia Palomar García, responsable del área jurídica de Provivienda. El desahucio hipotecario cuenta con notificaciones, fases procesales intermedias y subastas que alargan el proceso, explica la abogada. El de alquiler, en cambio, es un “híbrido entre juicio monitorio y verbal”. En ambos casos influye la saturación de los juzgados.
Más casos en zonas turísticas y grandes ciudades
Las zonas turísticas y los niveles bajos de renta señalan a las comunidades con un número más elevado de desahucios. En 2021, Madrid, Baleares, Castilla y León y Catalunya fueron las que más desahucios ejecutaron en comparación con el número de habitantes. Murcia y Navarra, por el otro lado, las que menos registraron el año pasado.
El siguiente mapa muestra cómo la mayor parte de los desahucios se concentran en los juzgados ubicados en las grandes ciudades. El primer botón muestra los datos de 2013: más lanzamientos y más ejecuciones hipotecarias. El buen clima y la llegada masiva de turistas cada verano convirtió la costa Mediterránea en el lugar idóneo para la construcción de nuevos edificios y el posterior encarecimiento de los precios.
En cambio, en el segundo botón se refleja la realidad de 2021: un descenso considerable de los lanzamientos practicados en toda España (las burbujas son más pequeñas) y aumenta el porcentaje de los procedimientos a desahucios a inquilinos.
Así han cambiado los desahucios en España
Desahucios por partida judicial en 2013 y 2021. El color de las burbujas corresponde a la tipología del porcentaje mayoritario: ejecuciones hipotecarias o desahucios a inquilinos. Haz clic en los botones para ver el detalle
Viajemos hasta Gandía, un municipio costero de la provincia de Valencia. En 2013 se ejecutaron más de 300 desahucios con lanzamiento: el 64% eran ejecuciones hipotecarias y el 34%, lanzamientos a inquilinos. Ocho años más tarde, en 2021, se registraron 166 (30% a propietarios y 63% a inquilinos). La mitad de desahucios mientras se ha duplicado el porcentaje de inquilinos afectados. Lo mismo sucede en otras partes de España, como las islas Canarias. Si nos fijamos en el partido judicial de Puerto del Rosario, que corresponde a la isla de Fuerteventura, los desahucios a personas en régimen de alquiler pasan del 19% al 84% en ocho años.
Desahucios silenciosos
Este mapa podría estar incompleto. Los servicios comunes de notificaciones y embargos reciben de los juzgados el encargo de practicar los lanzamientos, pero “al no existir este tipo de servicios en todos los partidos judiciales, el dato que se obtiene de los mismos tiene interés para seguir la evolución histórica pero no para conocer el volumen total de lanzamientos”, se especifica en la metodología de los datos. Además, las cifras del CGPJ parten del primer trimestre de 2013; por lo que no se tiene un registro de los primeros años de la crisis.
Las asociaciones consultadas advierten de los “desahucios silenciosos”. Una proporción de lanzamientos que no se reflejan en las estadísticas oficiales. Según Laura Barrio portavoz de la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, “son casos de coacción por parte de los propietarios o casos del ‘mercado negro’ de los alquileres”. Y, aunque no lleguen a vías judiciales, deben considerarse desahucios, recuerda la responsable del área jurídica de Provivienda Natalia Palomar.
¿Qué otra opción queda?
Las diferentes plataformas consultadas coinciden: hoy en día, muchas de las personas que acuden a las asambleas en busca de ayuda están ocupando una vivienda. “Son familias vulnerables o jóvenes que, con la precariedad laboral que hay, no tienen otra opción”, asegura Ángeles Díaz, portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).
España tiene uno de los parques públicos de vivienda social más pequeños de Europa. Según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en 2020 apenas alcanzaba el 2,5%; frente a países como Holanda (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%). La media europea supera el 9%. “La Administración no me ofreció ninguna alternativa. Me decían que no me podían ayudar de ninguna manera, que me fuera a casa de algún familiar”, confiesa Rafael Gómez.
Algo similar cuenta Patricia Blázquez, que cuando fue a pedir ayuda a las instituciones le “cerraron la puerta”. “En Parla, y en muchos otros municipios, no hay viviendas; pero tampoco te ofrecen ayuda. Yo fui a preguntar dónde podía recoger comida y me dijeron que yo era española, que debería pedir ayuda a mis familiares”, cuenta.
Mari Carmen Arnedo, afectada por las cláusulas abusivas y activista en la PAH desde hace 11 años, confiesa que la respuesta que recibió Rafael es frecuente, pero no todos corren la misma suerte. “Muchas personas de origen español tienen familia o alguien que les ayude, pero las personas migrantes que no tienen esa suerte: no tienen familias arraigadas”, comenta.
Ante la escasez de vivienda social en España y la falta de ayuda institucional, “la única opción para la gente que no tiene alternativa habitacional es ocupar una vivienda vacía en manos de los bancos o los fondos buitres”, comenta el portavoz de PAH Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. Sin embargo, la perspectiva social ante estas situaciones ha empeorado durante los últimos años. “Ha habido muy mala prensa con el tema de la ocupación durante el confinamiento y la pandemia. No es lo mismo que allanamiento: si te vas a por el pan y entran en tu casa es un allanamiento o usurpación de la morada y eso es delito”, explica Ángeles Díaz de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).
“En los últimos años hemos visto cómo toda esa población excluida del mercado inmobiliario por no poder acceder a una hipoteca o a un alquiler, población que se ha visto obligada a ocupar una vivienda (en la inmensa mayoría de bancos, fondos o entidades públicas), no ha dejado de ser criminalizada, estigmatizada e incluso deshumanizada en prime time en televisión”, denuncia Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.
El discurso negativo en torno a las personas en esta situación ha provocado que grupos de vecinos traten de expulsarlos de los edificios. “No tiene nada que ver tu régimen de tenencia de la vivienda con tu nivel de convivencia, pero utilizan términos como okupa con connotaciones conflictivas y problemáticas. Ahora es un insulto”, explica Laura Barrio.
Balones de oxígeno
“No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que diga que las administraciones públicas, de forma obligatoria, tienen que adoptar medidas dirigidas a resolver la situación habitacional de personas en situación de vulnerabilidad. Los mecanismos que se utilizan son de mera suspensión del procedimiento: son balones de oxígeno”, explica la abogada de Provivienda Natalia Palomar.
Desde las plataformas advierten que estos recursos de suspensión temporal pueden provocar una avalancha de desahucios. Especialmente en la moratoria para ejecuciones hipotecarias. “Es posible que un propietario que tenga suspendido el lanzamiento de su vivienda desde 2012 o 2013 continúe en esa vivienda. Es una situación que lleva prorrogándose 11 años, pero en algún momento parará y vendrá el efecto rebote”, explica Palomar.
Estas prórrogas se contemplan en el Artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Real Decreto 11/2020 aprobado durante la pandemia. En ambos casos, debe darse una situación de vulnerabilidad económica y/o social. En este supuesto, la Administración paraliza temporalmente el procedimiento de desahucio durante un periodo marcado en la ley.
Según los datos del CGPJ analizados por este medio, cada año, en torno al 40% de los desahucios no llegan a completarse. Durante los dos primeros trimestres de 2022, en la mitad de los casos el Servicio Común de Notificación y Embargo (unidad local de la oficina judicial encargada de ejecutar estos procedimientos) ha logrado practicar el lanzamiento acordado por el juzgado.
Las presiones por parte de plataformas y activistas también pueden paralizar estos procesos, aunque por menos tiempo. “Mi desahucio fue masivo: acudieron 450 personas”, recuerda Mari Carmen Arnedo. Siguió en su casa, pero recibió una segunda notificación: en 15 días se ejecutaría un segundo intento de lanzamiento. “La chica del juzgado me advirtió que la próxima vez no me saldría bien. Comprendí que vendría toda la policía necesaria para echarme”, explica. Dos días antes de la fecha anunciada entregó las llaves.
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