El Gobierno pretende aprobar el Plan Director de Cooperación Internacional sin detallar el presupuesto para ejecutarlo

El Gobierno de Mariano Rajoy ha registrado en el Congreso de los Diputados su propuesta para el quinto Plan Director de Cooperación, la hoja de ruta que marcará el rumbo de las políticas internacionales de solidaridad y desarrollo durante los próximos cuatro años. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, no incluye una reivindicación fundamental del sector: la previsión de cuánto dinero se va a destinar a cooperación hasta 2021.

Esta ha sido una de las principales carencias denunciadas por ONG y expertos desde que recibieron el primer borrador del plan a finales de diciembre. A pesar de que en las últimas semanas han reclamado al Ejecutivo que especificara en su propuesta los fondos que pretende asignar a esta partida, el nuevo borrador se limita a mencionar que la Ayuda Oficial al Desarrollo “se incrementará en los próximos ejercicios” sin detallar cuánto.

La cooperación española está debilitada después de casi una década de recortes, con una caída de hasta el 75% de los recursos desde 2008. De ahí la insistencia de los profesionales del sector: necesitan que la prometida subida quede registrada sobre el papel para confiar en que la tendencia se iba a revertir.

“A medida que la economía española está volviendo a crecer, volveremos a apoyar estos esfuerzos con una inversión en cooperación al desarrollo generosa, inteligente y eficaz”, afirmó Mariano Rajoy ante la Asamblea de las Naciones Unidas en 2013.

Tras cuatro años de crecimiento económico, esta recuperación de la ayuda no se ha producido y, sin una previsión presupuestaria en el plan que sienta las bases del futuro de la cooperación, la Coordinadora de ONGD teme que se instale y se “normalice” la escasez de recursos. “La definición de objetivos exige realismo en relación con las capacidades y la realidad actual”, menciona el Plan Director sin dar más detalles.

“El plan es ambicioso pero difícilmente se ejecutará”

“Parece que la falta de presupuesto suficiente no era algo temporal, sino que ha venido para quedarse. En el plan anterior, en el peor momento de la crisis, se comprometieron a incluir una cifra. Aquí no”, señala Carlos García, del equipo técnico de la Coordinadora de ONGD, que ha pedido que, para 2020, se destine a cooperación el 0,4% de la Renta Nacional Bruta.

“Es una lástima que no se haya puesto un mínimo. Estamos en el 0,12% y así es muy difícil hacer cosas. El plan es muy ambicioso, pero difícilmente creo que se vaya a llevar a cabo. Es una buena declaración de intenciones, luego hay que ver cómo se lleva a la práctica”, comenta Pastora Martínez, representante de las universidades en el Consejo de Cooperación, compuesto por el Ejecutivo y miembros del sector, en una entrevista con este medio.

En declaraciones a eldiario.es, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han asegurado que “sigue el proceso de diálogo con los actores sociales y los nuevos aspectos se discutirán en las próximas citas”, por lo que, por el momento, “no van a hacer valoraciones”.

El borrador podría ser el definitivo si el Gobierno decide no incorporar las últimas demandas antes de aprobarlo en Consejo de Ministros. Esta semana se reúne el Consejo de Cooperación para dar los últimos pasos antes de posicionarse a favor o en contra del nuevo plan. El dictamen, sin embargo, no es vinculante. Tampoco lo será la posición que adopten los partidos en la Comisión de Cooperación del Congreso.

“Con este plan, la cooperación sigue desmantelada”

En la Cámara también hay voces críticas con la propuesta del Ejecutivo que, según anuncian, mostrarán su rechazo al documento. Carlota Merchán, portavoz del grupo parlamentario socialista en la Comisión, opina que el plan “no es viable” tal y como está redactado.

“El párrafo sobre el presupuesto es hiriente. Se demuestra que el Gobierno no tiene palabra porque se comprometió con los actores a una hoja de ruta razonable y sostenible”, comenta en una conversación con este periódico. “En general, no es el plan que necesita la cooperación en este momento. Tiene más de 30 años de experiencia y el documento no lo refleja”, agrega.

Por su parte, Unidos Podemos denuncia la “falta de transparencia” en el proceso de aprobación del plan. “Si se pudiese enmendar, presentaríamos una enmienda a la totalidad. Es uno de los procedimientos más opacos que hay. Y las carencias son brutales. No hay ninguna memoria económica, ni planes de seguimiento”, apunta Noelia Vera, portavoz del grupo confederal UP-En Comú Podem-En Marea en la comisión de Cooperación.

“Dicen que estamos viviendo una 'primavera económica', pero la política de cooperación sigue desmantelada”, prosigue. Este viernes, UP ha presentado en la Cámara una proposición no de ley con una batería de peticiones al Gobierno sobre el Plan Director.

“Poco espacio” a la participación de las ONG

Las ONG también consideran que no ha habido “poco espacio” para la participación de la sociedad civil, sobre todo en la recta final del proceso. Esta semana ha estado marcada por reuniones maratonianas sobre el nuevo borrador que recibieron hace pocos días.

“Aunque ha habido actitud dialogante en la fase inicial, cuando ha habido una propuesta sobre la mesa los tiempos han sido muy acelerados. Rebatir el texto en estas condiciones es imposible”, asegura García. “Somos conscientes de que se ha querido abrir el debate, pero al final, con poco tiempo, no se hace fácil”, añade Martínez.

Por lo general, se valora el “intento” de incorporar “de forma más rigurosa” la Agenda de la ONU para erradicar la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible (Agenda 2030), según apunta la Coordinadora de ONG, que agrupa a más de 400 entidades.

Sin embargo, creen que no se han adoptado las “reformas necesarias” en las instituciones para poder implementarla. “La cooperación está muy atomizada, no hay coordinación. Si con los mismos moldes quieres abarcar una agenda mas ambiciosa, no vas a ninguna parte”, apunta el representante de la red de ONG.

El Gobierno sí ha reculado en otros aspectos criticados en el primer borrador, como la relación entre migración y “control de fronteras”. “Era una narrativa muy obscena. Ahora se disfraza un poco, pero tampoco se dice la inmigración es un derecho. En resumen, hay mejoras, pero no son suficientes. Y si no se escucha lo que planteamos los actores sociales, este no es nuestro plan”, sentencia García.