El Gobierno inicia los trámites para repatriar a 23 menores inmigrantes no acompañados
A escasos días de las elecciones generales, el Gobierno ha dado los primeros pasos para reactivar las deportaciones a Marruecos de menores extranjeros no acompañados. Una delegación marroquí se encuentra durante esta semana en la Comunidad de Madrid para identificar y, con ello, iniciar los trámites del procedimiento de repatriación de 23 niños tutelados, según la notificación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras al Ejecutivo regional, a la que ha tenido acceso eldiario.es. Así, Pedro Sánchez desempolva un acuerdo con Marruecos que, aunque entró en vigor en 2013, nunca se había aplicado.
A través de este documento, la Policía Nacional comunicó el pasado 16 de abril a la Dirección General de Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid que “los días 22, 23 y 24 de abril está prevista la presencia de una delegación marroquí” para “realizar una serie de entrevistas a 23 menores marroquíes que se encuentran tutelados o acogidos por la Comunidad de Madrid en diferentes centros de protección”.
Fuentes del Ministerio del Interior confirman eldiario.es que la identificación conforma la primera fase del procedimiento de repatriación de menores impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con Marruecos, aunque matizan que se trata de un “paso muy previo a la posibilidad de retorno”, que podría no llegar a producirse.
Las entrevistas de la delegación marroquí se están realizando durante esta semana en la sede de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Madrid. Según la notificación de la Policía, “en cada entrevista estará presente la delegación alauita, el menor, el educador, un fiscal de menores y un intérprete”. No menciona la asistencia letrada. Los 23 niños o adolescentes han sido seleccionados por la Comunidad de Madrid por ser “susceptibles de ser retornados”, detallan desde Interior, que afirman desconocer cuáles son los criterios establecidos para concluirlo.
Desde el departamento dirigido por Grande-Marlaska aclaran que estas son las primeras entrevistas de menores enmarcadas en su posible repatriación e insisten en que “la Fiscalía del menor concluirá si esta cumple el interés superior” de los niños o adolescentes. Las mismas fuentes aseguran que es “un proceso garantistas” y que solo se expulsará a los menores de los que se concluya que “están mejor en Marruecos que en España”.
Cuando un menor migrante llega a suelo español sin la compañía de un adulto, las comunidades autónomas son las encargadas de su tutela. No pueden ser expulsados, a no ser que lo reclamen sus familiares en los países de origen. Tras meses de negociaciones con Marruecos, el 'Acuerdo bilateral sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y retorno' de 2007. Aunque entró en vigor en 2013 nunca se pudo aplicar. Hasta ahora.
A través del convenio, Marruecos se compromete a identificar a los menores y a su familia “en un plazo de tres meses” desde que las autoridades españolas envíen los datos obtenidos de los recién llegados. El tratado también estipula que todos los retornos se realizarían atendiendo al “interés superior de los menores de edad” que incluye “garantizar” las “condiciones de la reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela”, así como la creación de una comisión de seguimiento.
En 2006, un año antes de que se firmara el acuerdo, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Raíces y la asociación Alkhaima comenzaron a constatar casos de supuestas “reagrupaciones familiares” a Marruecos que se llevaron a cabo como “expulsiones sin garantías”. Uno de ellos, el caso de un menor cuyo retorno se consiguió detener cinco minutos antes de que despegara el avión que le iba a llevar de vuelta a Marruecos.
El caso terminó en el Tribunal Constitucional, que en 2008 concluyó en una sentencia histórica que no se escuchó al menor, se realizó el proceso sin asistencia letrada y sin evaluar si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. Se reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica.
La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado teme que este proceso no cumpla con las garantías establecidas en la jurisprudencia. Por esta razón, su departamento jurídico está preparando un escrito para presentar ante la Fiscalía del menor con la finalidad de “recordar que debe cuidar el interés del menor”. Para ello, según la normativa, “todos los menores con suficiente juicio tienen derecho a ser representados por un abogado de libre designación”, recuerdan.
