Daniel Wagman, reconocido activista, se colocó en 2006 frente a representantes de los grandes servicios policiales de España para decirles que, como buena parte de la sociedad, ellos también eran racistas. Los agentes en la sala, indignados, lo negaban. El defensor por los derechos de los gitanos e inmigrantes reconoció su incapacidad para rebatirles con datos, porque no existían. Así que Wagman les retó: ¿y si realizaban juntos un estudio para evaluar quién tenía razón?
Entre los cuerpos que decidieron involucrarse se encontraban la Policía de Fuenlabrada (Madrid) y los Mossos d’Esquadra de Girona. Uno de los agentes clave en la implementación del proyecto en la provincia catalana, relatan varias fuentes ligadas al proceso, fue Eduard Sallent. Trece años después, convertido en jefe de los Mossos de Catalunya, Sallent ha realizado unas declaraciones este jueves, en plena ola mundial de protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd, que evidencian quién tenía razón: “La ley de extranjería, los procesos migratorios y determinadas realidades de exclusión social producen en todos los cuerpos policiales, no solo en los Mossos, un sesgo en las identificaciones policiales”, ha reconocido en una entrevista emitida en TV3.
“Se puede generar un resorte que, cuando ves una determinada persona, te genera una determinada alerta. Y que automáticamente le paras y hagas una identificación”, continuó Sallent, quien considera que “hay que trabajar para corregir” este prejuicio “a base de formación” y “con concienciación”.
Con esos objetivos de formar y concienciar a los cuerpos policiales para evitar identificaciones con sesgo racista, se pusieron en marcha a partir de 2006 varios proyectos piloto en servicios de policías locales y Mossos d’Esquadra para recopilar datos que permitiesen detectar la existencia de prejuicios en función de rasgos étnicos o raciales. Las iniciativas, Estrategias por unas Paradas Policiales Efectivas (STEPSS, por sus siglas en inglés) y Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE), conllevaban la aplicación de normas claras para regular los criterios para identificar (y en ocasiones registrar) a ciudadanos en la calle, así como la formación de los agentes de policía en estas nuevas directrices.
Los agentes debían cumplimentar un formulario cada vez que realizaban una identificación, en el que dejaban registrado el motivo del control, la nacionalidad, etnia o raza de la persona identificada -en función del proyecto y del cuerpo policial- y el resultado de la identificación, es decir, si sirvió para algo o fue ineficaz. “Para garantizar sus derechos e informar de los procedimientos de queja por actuaciones consideradas incorrectas se entregaba una copia del formulario a la persona identificada”, detallan los informes que explican el programa“. Toda la información recopilada tenía que ser introducida en una base de datos de la policía, con la finalidad de que los mandos identificasen posibles prejuicios e ineficiencias que empujasen formaciones para ”garantizar controles menos discriminatorios y más eficaces“.
En aquella sala repleta de agentes indignados que negaban ser racistas se encontraba David Martín, inspector de la Policía Local de Fuenlabrada: “Salí de allí muy cabreado. Con ese discurso tan 'antipolicía' y radical, me ofendió mucho. Nunca me consideré racista”. Tras la reunión, su anterior jefe en la Policía de Fuenlabrada lanzó una oferta para liderar el proyecto. Tan enfadado estaba Martín que decidió dar un paso al frente. Demostraría, pensaba, que aquel activista se equivocaba.
Poco después se sorprendería chocándose con sus propios prejuicios y los de su equipo. Los datos y el contacto con comunidades gitanas y magrebíes le empujaron a concluir que el equivocado era él. “Cuando se puso en marcha el proyecto, coincidió con el juicio del 11M y la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos: había una alerta terrorista casi inminente, por lo que teníamos que hacer controles masivos en las estaciones de tren. El perfil era toda la población, porque se buscaba tanto posibles terroristas autóctonos como terroristas con fundamentación extremista e islamista”, describe el policía. “A pesar de que la directriz era hacer un control casi aleatorio, sin discriminación, el análisis de las identificaciones reveló que cerca del 90% eran marroquíes”.
Según los resultados, todos los servicios policiales donde se aplicaron formularios (Policía Municipal de Girona, Fuenlabrada y Castellón; y Mossos d'Equadra de Girona, entre otros) tenían una tasa de identificaciones “considerablemente mayor para los extranjeros en comparación con los ciudadanos españoles”. Las tasas de desproporcionalidad más altas se registraron en la Policía Local de Girona, donde los extranjeros tenían cinco veces más probabilidades de ser parados en la calle que un español. La más baja en Castellón, donde se enfrentaban a dos veces y media más posibilidades de ser identificados que los nacionales.
Las reuniones y formaciones realizadas por comunidades racializadas y migrantes a las que el inspector tuvo que acudir como líder del proyecto STEPSS en Fuenlabrada le hicieron entender las palabras de Wagman. En las identificaciones policiales “había sesgo racista”. “No hubo un algoritmo. Simplemente, hablar con las personas afectadas te hace despertar. Fuenlabrada es una ciudad multicultural, pero en mi época no lo era: el conocimiento que pueda tener de la población gitana, es el que me ha dado mi entorno y los medios, porque yo no había interactuado con una persona gitana o negra nunca”, explica el agente. “Cuando llegas a ser policía, empiezas a tener relación con personas que no son de 'tu grupo', y como policía la relación siempre va a ser de conflicto. Y como es el único contacto que tienes, si no es de tu grupo, a priori no empatizas: es el contrario, el enemigo, el adverso”.
Empezó a entender las consecuencias de esos prejuicios que derivaban en identificaciones con sesgo racista: “Los líderes de las comunidades islámicas contaban que en esa época, la policía les paraban dos y tres veces. Nunca me había puesto a pensar en el impacto que eso tenía en la gente que identificamos en la calle. Como policía no evalúas que esta actuación tiene un impacto psicológico: una persona ve que te para la policía en la estación y luego te subes en el tren, a su lado. Ves cómo te miran, esa criminalidad que lleva adherida”.
Según explica Martín, quien más de diez años después ha pasado a ser uno de los mayores expertos de España en gestión de la diversidad en la policía, nunca había sido formado anteriormente de ese posible efecto de sus acciones. Ahora, después de estudiar Derecho y un Máster en Derechos Humanos, el inspector intenta poner su grano de arena como miembro de la Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad, creada en 2010, que aglutina a organizaciones policiales y sociales.
La resistencia generalizada
El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena como alcaldesa, intentó implantar el Programa para la Identificación Policial Eficaz (PIPE) en su policía municipal a través de otro proyecto piloto en el distrito de Ciudad Lineal. El concejal al frente de la iniciativa entonces, Javier Barbero, reconoce las reticencias despertadas en parte de la Policía municipal a los formularios que pretendían monitorear los controles. Esta resistencia de los agentes se repite, en mayor o menor medida, en la mayoría de los proyectos de registro de identificaciones activados en cuerpos policiales, aseguran desde la Open Society Justice Initiative (OSJI), impulsora del proyecto en colaboración con Rights International Spain (RIS).
“Se sienten acusados de ser racistas. Siempre hay resistencia al cambio”, sostiene Rachel Neild, jefa del Grupo de Justicia Penal de la OSJI quien también apunta al aumento de la burocracia ligada a la obligación de tener que rellenar los formularios en cada parada policial. “Siempre hay resistencia a cosas que incrementan la papelería, la burocracia: es verdad que hacerlo en papel supone un documento más para policías que rellenan un montón de papeles”, argumenta la coordinadora de los proyectos de “reforma policial” surgidos en distintos países de Europa. “No tienen tan claro el valor de rellenarlo: lo sienten como un castigo, una acusación, más trabajo…”, detalla.
El concejal de Más Madrid Javier Barbero reflexiona sobre el origen de oposición que se encontró en la Policía Municipal de Madrid: “El mecanismo de negación lo ha estudiado mucho la psicología, es fundamentalmente emocional y coloca siempre la dificultad en los otros y no, responsablemente, también en uno mismo. Si un policía no admite la posibilidad de, siendo parte de esta sociedad, tener sesgos étnicos, difícilmente será objetivo en su actuación”.
“La puesta en marcha de este tipo de protocolos y formularios no presupone ninguna actitud discriminatoria en los agentes de la autoridad”, pero sus resultados “evidencian la necesidad de revisión de criterios de cara a las identificaciones policiales que, como recomiendan todos los organismos internacionales, han de estar más centrados en sospechas razonables que en la necesaria pertenencia a determinadas etnias”, remarca barbero.
Defensor del Pueblo insta a aplicarlo a Policía Nacional
Para conseguirlo hace falta más que implantar proyectos pilotos en servicios policiales concretos, defienden quienes han estado detrás de la aplicación de los formularios en distintos cuerpos. “Un gran problema en la lucha contra la discriminación es que tendemos a ver una actitud individual racista. Pero son muchas las dinámicas estructurales que empujan la discriminación, no es solo la actitud individual policial: hay policías racistas, pero también hay decisiones institucionales sobre dónde enviar patrullas, qué tipo de delitos buscar, en qué barrios...”, destaca Neild. “Esto no se hace con dos días de formación ni dando una charlita. Necesita un cambio estructural, poner los derechos humanos como punta de lanza de la actuación de la policía”, revalida el inspector Martín.
En 2013, la Defensoría del Pueblo recomendó a la Dirección General de la Policía establecer “el uso sistemático” por parte de la Policía Nacional “de formularios de identificación y registro en los que conste la etnia, raza y/o nacionalidad de la persona sometida al control de identidad, así como el motivo de la identificación, de acuerdo con los principios de consentimiento informado y confidencialidad”. Además, solicitaba crear un mecanismo de reclamaciones para las personas identificadas y elaborar un sistema estadístico de recopilación y seguimiento de los datos desglosados por raza, etnia y/o nacionalidad a partir de los datos obtenidos de los formularios de identificación.
La Dirección General de la Policía, en respuesta, anunció que a finales de 2017 iniciaría el desarrollo de una “nueva aplicación informática” para la realización del proyecto de elaboración de formularios para la identificación de personas, según la contestación del Defensor a una queja de la organización Rights International Spain. Aún no se ha puesto en marcha el proyecto, aseguran desde RIS.
“No es suficiente con inciativas individuales o de organizaciones pequeñas, si no hay línea de trabajo a nivel estatal o autonómico. Es como taparse con una sábana corta: si te arropas por arriba te dejas los pies al descubierto”, critica David Martín. “Las identificaciones son la punta del iceberg: hay una situación sistémica. Como sociedad tenemos muchos prejuicios, pero nosotros somos policías: jugamos con derechos y libertades”, señala.
El ahora inspector experto en gestión de la diversidad fue uno de esos agentes que reaccionaban con enfado ante las acusaciones de la existencia de sesgo racista en sus controles. Años después, él esquiva las críticas constantes de sus compañeros en las formaciones que imparte a distintos servicios policiales de España y de Europa. Se describe como un “salmón en un mar lleno de orcas”. “Siempre empiezo recibiendo tomatazos en mis charlas a otros compañeros. Los primeros 15 minutos son 'ataca-defiende”, admite Martín. “El resultado es que alguien, aunque sea uno, ha cambiado el chip”, añade el sargento. Como aquel mosso que rellenaba con cierta reticencia formularios en Girona y, años después, convertido en jefe de los Mossos d'Esquadra, reconoce en una entrevista el sesgo racista de las identificaciones policiales.