Todas las entradas a la PT Abdi Budi Mulia, una gran plantación de palma aceitera en la isla indonesia de Sumatra, están custodiadas por una garita de seguridad. Solo los trabajadores tienen permiso para entrar, aunque los controles son poco exhaustivos y es posible traspasar la barrera con el coche y la ayuda adecuados.
Una vez dentro, la estampa es monótona. Durante kilómetros, las grandes palmas se suceden las unas a las otras, todas con la misma distancia de separación para asegurar su mejor rendimiento, aunque muchas de ellas dobladas debido a la mala calidad del suelo turboso. Es mediodía y los trabajadores se apresuran bajo el abrasador sol tropical a recoger los racimos de frutos de palma para no ser penalizados por no llegar al mínimo diario exigido.
La PT ABM, como es más conocida, es una de las cinco plantaciones indonesias que Amnistía Internacional (AI) ha analizado en un informe publicado esta semana y en el que acusa de “serios abusos de los derechos humanos” al gigante singapurense Wilmar, dueño o principal comprador de las plantaciones analizadas.
“Entre los abusos documentados por la organización, se incluyen trabajo forzoso, trabajo infantil, discriminación por género y prácticas peligrosas para la salud de los trabajadores”, asegura el informe.
“Abusos sistemáticos”
“Los abusos identificados no son incidentes aislados sino que se deben a las prácticas sistemáticas de los subsidiarios de Wilmar y sus proveedores, especialmente el bajo nivel de los salarios, el uso de cuotas y 'tarifas por pieza' (en los que los trabajadores son pagados en base a las tareas completadas y no a las horas trabajadas) y el uso de un sistema complejo de penalizaciones”, dice el informe.
Wilmar es el principal intermediario de la industria del aceite de palma y se calcula que controla aproximadamente el 45% del mercado internacional de esta materia prima. Buena parte procede de Indonesia, el principal productor mundial de este rojo aceite.
La investigación de Amnistía Internacional apunta además a algunas de las grandes marcas de alimentación y cosmética que compran aceite de palma a Wilmar, como la española AFAMSA, o las multinacionales Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg's, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser y Unilever.
El estudio también incluye a ADM, una de las principales empresas de comercialización de materias primas agrícolas del mundo, que también procesa el aceite de palma para ser utilizado por otras industrias o como pienso de animales.
En sus consultas a las marcas que usan el aceite de Wilmar, solo Kellogg's y Reckitt Benckiser, denuncia AI, dieron respuestas detalladas sobre su relación con la empresa singapurense, mientras que las otras dieron respuestas imprecisas o no contestaron al cuestionario.
El informe denuncia además que Wilmar, como miembro de la Mesa Redonda por el Aceite de Palma Sostenible (RSPO en sus siglas en inglés), una iniciativa establecida en 2004 para mejorar los estándares medioambientales y sociales de la producción de aceite de palma, viola de forma reiterada los principios del sello.
Pertenecer a esa iniciativa no significa que la empresa esté obligada a cumplir los estándares del sello, algo que requiere de una certificación adicional, aunque sí implica un compromiso de mejorar paulatinamente las condiciones generales de producción.
De las plantaciones analizadas por Amnistía Internacional, sólo tres de ellas están certificadas por la RSPO, una es miembro pero no tiene la certificación, mientras que ABM es la única que no tiene relación directa con el sello de sostenibilidad.
Desi, de 14 años, trabaja con su padre
Desi, a sus 14 años, lleva ya uno ayudando a su padre a recoger los 950 kilos de frutos diarios que ABM le exige para no imponerle penalizaciones sobre su salario. “Si estuviera solo, necesitaría 10 horas para poder alcanzar la cuota. Con su ayuda tardo siete”, asegura el padre de Desi.
El padre de Desi está dispuesto a hacerlo sin ayuda, asegura, pero el reloj juega en su contra. Si no quiere ver su sueldo reducido, tiene que hacer una primera entrega a las dos de la tarde, cuando tiene que tener listos los pesados racimos que reposan sobre las hojas de las palmeras a varios metros de altura y que libera gracias a una hoja insertada en una largo palo.
Tres horas más tarde, tiene que entregar los pequeños frutos que se han quedado esparcidos por el suelo cuando los racimos caen de lo alto. Ahí es donde Desi ayuda a su padre, cada día de lunes a sábado, entre las 2 y las 5 de la tarde, una vez que ha terminado el colegio.
El informe de Amnistía Internacional relata más casos de trabajo infantil de entre 8 y 14 años, que “trabajan sin equipos de seguridad en plantaciones donde se utilizan pesticidas tóxicos, y transportan pesadas bolsas de frutos de palma que pueden pesar de 12 a 25 kilos”. Ese mínimo que tiene que recoger el padre de Desi es la razón principal de que muchos niños ayuden a sus padres en las plantaciones y que algunos incluso tengan que abandonar el colegio.
“Las cuotas no tienen ningún tipo de base real. Se impone de forma aleatoria por las empresas, sin tener en cuenta lo que puede recoger un trabajador en un día o la capacidad productiva de la plantación”, explica Herwin Nasution, líder del sindicato Serbundo.
Las cuotas varían según las plantaciones y las penalizaciones por no cumplirlas, también. A menudo, además de la reducción de los salarios, se dan avisos a los trabajadores que no cumplen las cuotas, y son despedidos al llegar a cierto número, tres en el caso de ABM. En algunas plantaciones, como la PT Milano, los trabajadores aseguran que no les obligan a cumplir las cuotas durante la época seca, en la que las plantas son menos productivas.
Las mujeres, otras de las grandes afectadas
Junto a los menores, las mujeres son otras de las grandes afectadas por estas cuotas y a menudo, cuando terminan sus jornadas rociando las palmeras con pesticidas y fertilizantes, acuden a ayudar a sus maridos a pesar de los efectos que los químicos tienen sobre su salud.
La propia madre de Desi tuvo que dejar de ayudar a su marido y ser reemplazada por su hija cuando los mareos que sentía tras su jornada le impedían pasarse otras tres horas recogiendo los frutos.
Nila, otra trabajadora de la ABM de tan sólo 22 años, relata sus condiciones: “No tenemos máscaras ni guantes. Yo sólo tengo un pañuelo que es mío. La empresa no me da nada”, asegura la joven, quien tuvo que dejar de rociar los pesticidas porque se sentía continuamente mareada. Ahora, sigue rociando fertilizantes que, asegura, le producen alergias en la piel y dolor de estómago pero que, al menos, no le impiden trabajar.
A pesar de que el aceite de palma es un producto relativamente sencillo, su cadena de producción puede llegar a ser altamente compleja. Las plantaciones son a menudo propiedad de empresas de tamaño mediano o grande, aunque entre el 30 y el 40 por ciento de la producción está en manos de los llamados pequeños productores, que tienen terrenos de menos de 50 hectáreas.
Los pequeños propietarios pueden vender directamente a refinerías, pero a menudo proveen, especialmente si no tienen una refinería suficientemente cerca de sus plantaciones, a empresas de mayor tamaño.
La complejidad del origen del aceite
Entre las empresas también se venden aceite entre ellas, por lo que el producto de varias plantaciones, refinerías y empresas se mezcla antes de llegar al consumidor final. El aceite certificado también se mezcla con el no certificado, ya que a menudo el que cuenta con sello RSPO no tiene suficientes compradores que quieran pagar su sobreprecio.
Trazar la procedencia exacta del aceite utilizado por cada empresas es, por ello, muy complejo y la mayor parte de las grandes marcas no tienen ningún tipo de sistema de verificación de la procedencia del aceite de palma que utilizan, como denunció Greenpeace en un informe de marzo. Entre ellas están varias de las mencionadas por AI: Nestlé, Colgate, Unilever, Kellogg's, Procter & Gamble o Unilever.
No obstante, la situación no es la misma en todas las plantaciones incluidas en el informe, según las entrevistas realizadas por eldiario.es. Ami, una mujer que trabaja en PT Milano desde que tiene 15 años, asegura que, a diferencia de la situación de Nila en ABM, la compañía les facilita el equipo de seguridad necesario para manejar los químicos que rocían a los árboles desde que ésta se unió a la RSPO en 2011.
Sin embargo, Ami, como la mayor parte de las mujeres de las plantaciones en Indonesia, sigue sin tener un contrato a pesar de que ha trabajado durante años una media de 20 días al mes.
En South Labuhan Batu, el distrito indonesio donde están ABM y otras dos de las plantaciones analizadas, aseguran que la clave es la transparencia. “Wilmar es una de las empresas que lidera la RSPO así que debería ser más transparente sobre cuáles son las condiciones de sus plantaciones y de sus proveedores”, continúa Río, quien añade que, tal y como denuncian desde Amnistía Internacional, la RSPO ha mejorado algunas condiciones, pero no significa que las plantaciones estén libre de violaciones de derechos. “Aquí hay abusos, sobre todo a los jornaleros. La RSPO debería obligar a que se les hicieran contratos”, asegura el sindicalista.
Las condiciones laborales son a menudo tan precarias, que varias generaciones de la misma familia se ven encadenadas a las palmeras. Desi aún sueña con que algún día podrá dejar la plantación y estudiar Medicina en la capital del país, Jakarta. “Sabes que eso es imposible”, le dice su padre. “Acabarás trabajando en la plantación como lo hace tu padre y como lo hizo tu abuelo”.
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Nota: Todos los nombres de trabajadores han sido modificados para proteger la identidad de los entrevistados