“Dile a tu familia que se cuide y te cuide, porque te vamos a matar”. Son las palabras de una voz desconocida al otro lado del teléfono. La llamada la recibió, al salir del colegio, la hija adolescente de Jakeline Romero, líder de la comunidad wayúu de Colombia y activista por los derechos de las mujeres. Las amenazas forman parte de su día a día desde que decidió no callarse ante los abusos de los paramilitares y las poderosas empresas de carbón en la península de La Guajira.
“Te amenazan para que te calles. Yo no me puedo callar. No puedo permanecer en silencio frente a todo lo que le está pasando a mi gente. Estamos luchando por nuestras tierras, por nuestra agua, por nuestras vidas”, insiste Romero. “Estamos pagando con nuestra cultura. Estamos pagando con la amenaza de ser eliminados…Simplemente porque defendemos este pequeño pedazo de tierra que solía darnos de comer”, añade en un testimonio recogido por Global Witness.
La organización ha publicado este jueves su informe anual que revela, un año más, el alto coste a pagar por los activistas que defienden sus tierras, bosques y ríos de las empresas extractivas en todo el mundo. Las cifras de vidas perdidas se siguen contando por decenas. 2016 fue, resume la ONG, un año con más asesinatos en más países. Al menos 200 defensores del medio ambiente fueron asesinados, casi cuatro a la semana.
Se trata del mayor número de muertes registradas hasta el momento y podría ser superior, ya que solo se contabilizan los casos que se han hecho públicos, según puntualiza la ONG. Una tendencia que no solo crece, con 15 asesinatos más que en 2015, sino que también se expande con homicidios a lo largo de 24 países, ocho más que en 2015.
“Estos hallazgos cuentan una historia macabra. La lucha por proteger el planeta se intensifica rápidamente y el costo puede ser cuantificado en vidas humanas. Más personas en más países están quedando sin más opción que plantarse en contra del robo de sus tierras o de la erosión de su medio ambiente”, comenta Ben Leather, encargado de campañas de Global Witness, en un comunicado. “Muy a menudo son brutalmente silenciadas por las élites políticas y empresariales, mientras los inversionistas que las financian no hacen nada”, prosigue.
Honduras, el país más peligroso
América Latina sigue siendo la región con más asesinatos de defensores, con el 60% de los asesinatos. Brasil ha sido, también un año más, el país más mortífero del mundo si se atiende al número de casos que la ONG atribuye, en su mayoría, a madereros y terratenientes en “la despiadada lucha por la riqueza natural” del Amazonas. Un total de 49 personas murieron por proteger sus tierras en el país.
Honduras vuelve a ser el lugar más peligroso del mundo para los activistas, debido al número de asesinatos per cápita en la última década, de acuerdo con el informe. El país centroamericano registra, desde entonces, al menos 127 homicidios, 14 de ellos en 2016, entre los que figura un nombre conocido, el de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016. Sin embargo, solo el año pasado su vecina Nicaragua registró el mayor número de asesinatos en comparación con su población: 11 crímenes en un país de seis millones de habitantes.
Casi el 40% de las víctimas eran indígenas, al igual que en 2015. Global Witness precisa que, aunque nueve de cada 10 activistas asesinados eran hombres, las defensoras continúan enfrentándose a amenazas específicas por el hecho de ser mujeres como “la violencia sexual, el acoso a sus hijos y la discriminación en sus comunidades”.
Aunque aumenta el número de homicidios asociados a la tala de los bosques, la minería es, una vez más, el sector más peligroso, por delante de los vinculados a la agroindustria, la caza ilegal y el agua. 33 personas fueron asesinadas en 2016 por oponerse a proyectos mineros, muchas de ellas en Filipinas, asociados al “boom” del carbón que vive el país asiático. La defensa de los parques nacionales también tiene “más riesgos que nunca”, sobre todo en los países africanos. Al menos 20 guardaparques y guardas forestales fueron asesinados el año pasado, según Global Witness.
Congo, Colombia e India, en el punto de mira
Así, la situación ha empeorado en República Democrática del Congo, “el país más sangriento de África para la defensa del medio ambiente”, con 10 personas asesinadas, nueve de ellas guardaparques. “Son amenazados tanto por los cazadores furtivos, como por la industria”, sostiene la organización.
La ONG también alerta sobre el deterioro de India, donde los asesinatos se han triplicado a 16 el año pasado, en un momento de “criminalización de la acción ciudadana y de políticas de mano dura”, apuntan en el documento. La policía es, sostienen, “la presunta responsable, al disparar a las y los manifestantes en la mayoría de los casos”.
La situación también se agravó en 2016 en Colombia, que registró un “paradójico” máximo histórico de asesinatos en el año de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, aunque la organización no descarta que este sea, precisamente, uno de los motivos. “Las áreas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto”, explican. Al menos 37 defensores perdieron su vida en 2016, un 40% más.
Aumenta la criminalización
Los asesinatos son la punta del iceberg de toda una serie de amenazas que sufren los defensores, tal y como han documentado ONG como Amnistía Internacional y Naciones Unidas. Global Witness recuerda que las personas que defienden la tierra también se enfrentan a desapariciones forzadas, ataques violentos, amenazas a familiares, amenazas de muerte, acoso sexual, chantaje, vigilancia ilegal, acoso judicial, uso de la fuerza en manifestaciones pacíficas y prohibiciones de viaje.
Pero una de las estrategias más utilizadas alrededor del mundo para intimidar a los activistas y “manchar su reputación” sigue siendo la criminalización. “Son pintados como delincuentes, enfrentando acusaciones criminales falsas y casos [judiciales] civiles agresivos, presentados por gobiernos y compañías que buscan silenciarlos”, asegura Global Witness.
La criminalización ha aumentado en especial en Estados Unidos, donde tal y como recuerda la ONG, las leyes que protegen el medio ambiente “se están debilitando” y “se ha endurecido” la legislación contra la protesta. “Los activistas indígenas estuvieron en la línea de frente de un movimiento más amplio –y cada vez más criminalizado por la nueva administración- contra el 'fracking' (fractura hidráulica), oleoductos y monocultivos”, señalan.
Para poner fin a los asesinatos y las amenazas a defensores, Global Witness exige a los Gobiernos que los proyectos empresariales no avancen sin que se haya consultado antes a las comunidades afectadas y que garanticen que los responsables de estos crímenes son llevados a juicio, así como mayores medidas de protección y la condena pública de los ataques.