Varias asociaciones judiciales integradas en el colectivo Fronteres i Drets han firmado un manifiesto en el que piden al Gobierno de España que interceda para que el Open Arms pueda atracar en Italia o Malta. En el documento denuncian que en el barco viajan 121 personas que llevan ocho días esperando un permiso para desembarcar: “Todas ellas han sido salvadas de una muerte segura, tras escapar de situaciones de violencia extrema”.
“Tanto Italia como Malta, los dos puertos seguros más cercanos, se niegan a otorgar permiso y ningún otro país europeo ha ofrecido los suyos”. En el manifiesto denuncian que “nuestro gobierno, con su inacción, está permitiendo esta situación de indefensión en la que se encuentra el Open Arms, un barco con bandera española al que solo puede reprochársele haber cumplido con la ley del mar”.
Y es que, recuerdan, auxiliar a aquellos que están en peligro de muerte “es una obligación consagrada en el Derecho Internacional”, que implica “el salvamento, el desembarco del buque que prestó auxilio y la conducción a un puerto seguro”.
En este manifiesto apuntan que “cualquier otra solución pondrá en peligro al barco y a la tripulación”. Por lo que, destacan, “es nuestro momento como país para demostrar que no somos cómplices de políticas criminales”.
Por otro lado, proponen que, en caso de que estos países se negasen a permitir el desembarco, se lleve el caso “al Tribunal del Mar en Hamburgo, con solicitud de medidas provisionales, para proteger la vida de las personas que se encuentran a bordo”. “Esta espera en el mar supone un trato inhumano y degradante que debe finalizar inmediatamente”, remarcan.
Entre las organizaciones que firman el manifiesto están Juezas y Jueces para la Democracia, Ágora Judicial, el Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el Sindicato de Letrados de la Administración de justicia (SISEJ) y la Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD).