La Comisión Europea deducirá 200 millones de euros de los futuros pagos previstos a Hungría desde los fondos comunitarios por la negativa del ultraderechis Viktor Orbán a pagar la multa que le impuso la justicia europea por boicotear el derecho al asilo en la crisis de refugiados de 2015 y 2016. La fecha límite para que Hungría pagara esa sanción vencía este martes 17 de septiembre, pero el dinero no ha llegado. Bruselas, además, pondrá en marcha el mecanismo para cumplir con la sanción de un millón de euros por cada día que incumple la sentencia.
El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) impuso ese castigo por la negativa de Hungría a aplicar la sentencia que condenó al país en 2020 por el incumplimiento de las normas comunitarias a la protección de los refugiados. En concreto, en la crisis de refugiados sirios, Hungría limitó el acceso a la protección internacional de las personas refugiadas, internó de forma irregular a los solicitantes y vulneró su derecho a permanecer en territorio húngaro a la espera de que se resolvieran las peticiones.
“El Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de protección internacional, al derecho de los solicitantes de dicha protección a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular”, concluyeron los jueces de Luxemburgo.
A partir de ahí comenzaron los trámites administrativos que corresponden a la Comisión Europea con un intercambio epistolar para solicitar los pagos. Pero Hungría se ha negado. “El plazo de 15 días expiró ayer. Eso significa que la Comisión, de acuerdo con las normas aplicables, pasa al procedimiento de compensación. Lo que vamos a hacer ahora es deducir los 200 millones de euros de los próximos pagos del presupuesto de la UE a Hungría”, ha explicado un portavoz comunitario.
En paralelo, la Comisión Europea puso en marcha el procedimiento para determinar si Hungría solventó legalmente el boicot al derecho al asilo. El plazo que tenía Budapest para responder a Bruselas terminó el pasado 13 de septiembre sin respuesta. En consecuencia, la Comisión Europea ha reclamado la primera solicitud de pago de 93 millones de euros, correspondientes a los 93 días que han pasado desde la sentencia del TJUE y en los que se presupone que Hungría no ha remediado la situación.