Represión y confiscación masiva de tierras en Camboya, un eterno país en venta

En febrero de 2007, la vida de Tep Vanny cambió en un despacho que ella nunca pisó. Su casa, una pequeña vivienda unifamiliar en un barrio popular de Phnom Penh, la capital camboyana, fue incluida dentro de un plan de desarrollo urbanístico que el Ayuntamiento de la ciudad había concedido a una empresa china para construir un complejo de apartamentos de lujo, oficinas y centros comerciales.

Junto a la suya, otras 4.000 familias se vieron de la noche a la mañana privadas de sus casas. Vanny dejó el puesto de verduras con el que completaba el salario de su marido y pasó a liderar uno de los movimientos de lucha por los derechos humanos más importantes del país.

“Solo hemos pedido que nos dejen un espacio para quedarnos. Hay tierra para todos, incluso para los que se fueron”, contaba Vanny a principios de 2013. Tep Vanny ganó su batalla y consiguió que 12 hectáreas fueran reservadas para las 1.000 familias que aún no se habían ido de Boeung Kak.

“Fue una pequeña victoria, pero aún siguen echándonos cuando quieren”, continuaba. Vanny no ha ganado la guerra. Las organizaciones de defensa de derechos humanos aseguran que las expropiaciones siguen siendo frecuentes y que el Gobierno acosa a los activistas. El pasado mes de febrero, la misma Tep Vanny ha vuelto a ser encarcelada por protestar contra la masiva confiscación de terrenos que ha habido en el país durante las últimas décadas.

Las expropiaciones de tierras han sido uno de los principales campos de batalla en la lucha por los derechos humanos del país. Boeung Kak, un barrio que tenía una extraña mezcolanza entre pensiones baratas para mochileros y clases populares sin demasiado dinero, ha sido en buena parte el germen de ese movimiento.

En 2009, la presión para que los habitantes de Boeung Kak dejaran las viviendas fue incrementándose, y algunos vecinos comenzaron a organizar protestas, mientras otros preferían abandonar sus casas y salvar sus pocas pertenencias antes de verlas reducidas a escombros sin previo aviso. Tep Vanny decidió unirse a ellos.

Ese mismo año, el Gobierno desalojaba violentamente la comunidad de Dey Krahorm, al sur de Phnom Penh, mientras que la ONG Global Witness lanzaba una primera voz de alarma con un informe en el que aseguraba que el país estaba “en venta” y denunciaba al Gobierno por conceder las tierras de forma masiva a personas de su entorno y a empresas extranjeras, principalmente chinas y vietnamitas.

“El país está siendo rápidamente parcelado y vendido”

“Después de haberse enriquecido con la tala de gran parte de los recursos forestales del país, la élite camboyana ha diversificado sus intereses comerciales para abarcar otras formas de activos estatales. Estos incluyen la tierra, la pesca, las islas tropicales y playas, los minerales y el petróleo. El país está siendo rápidamente parcelado y vendido. En los últimos 15 años, el 45% de las tierras ha sido comprado por intereses privados”, aseguraba el informe.

La controversia llevó al gobierno a anunciar en 2012 una moratoria a las llamadas Concesiones Económicas, algo que, según Chak Sopheap, directora del Centro Camboyano por los Derechos Humanos (CCHR en sus siglas en inglés), no ha evitado las disputas por la tierra.

“Las expropiaciones de tierras [conectadas con] intereses económicos bien relacionados e individuos poderosos siguen estando extendidas en Camboya, a pesar de años de campañas de activistas, comunidades y la sociedad civil, que ha pedido más seguridad en la propiedad de la tierra”, asegura Sopheap.

Un crimen contra la humanidad

El problema de las disputas es antiguo. El régimen comunista de los jemeres rojos, que gobernó el país entre 1975 y 1979, cambió el concepto de propiedad en Camboya y abolió el derecho a ocupar la tierra de forma privada. En su utopía agraria que se llevó la vida de al menos 1,7 millones de personas, buena parte de los camboyanos, especialmente aquellos que vivían en ciudades como Phnom Penh, fueron desplazados a comunas de campesinos para trabajar la tierra o participar en proyectos de irrigación.

Los desplazamientos masivos provocaron tantas muertes que han sido investigados por el Tribunal Internacional de los Jemeres Rojos y han sido considerados como crímenes contra la humanidad.

Después de la caída del régimen, muchos volvieron a sus antiguas casas y el suelo fue gestionado por pequeñas comunas, hasta 1989, cuando se reconocieron los títulos de propiedad de las parcelas ocupadas a partir de 1979. Sin embargo, pocos consiguieron un papel que dijera que tenían un pedazo de tierra.

En 2001 se aprobó una nueva Ley del Suelo, que concedía la propiedad a todas aquellas personas que hubieran vivido en un terreno durante al menos cinco años y que prohibía las expropiaciones que no tuvieran un proceso justo de compensaciones.

La Constitución camboyana establece además que el Gobierno sólo podrá expropiar a alguien por interés público y previo pago de una compensación justa, algo que también contempla la legislación de 2001. No obstante, el Gobierno ha utilizado la falta de documentos para expropiar los terrenos acusando a sus propietarios de haberlos robado.

Desde el año 2000, 770.000 personas afectadas

La confiscación llegó a tal nivel que en agosto de 2014 Global Diligence, un bufete de abogados con sede en Londres, instó a la fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) a abrir una investigación sobre las expropiaciones que, según la petición, han afectado a 770.000 personas (un 6% de la población del país) desde el año 2000.

Según la demanda, “se cumplen todos los elementos legales de un crimen contra la humanidad”. Esto se debe a que, argumentan, la “élite en el poder” de Camboya, –que incluye miembros del Gobierno, de las Fuerzas Armadas y grandes empresarios– ha incurrido en traslados forzosos, asesinatos, arrestos ilegales o persecución con el único objetivo de “autoenriquecerse y mantenerse en el poder a cualquier coste”.

“Hay serias pruebas de violaciones de derechos humanos [relacionadas con las expropiaciones] en Camboya”, asegura Richard J. Rogers, el abogado que presentó la demanda ante el TPI. “Hay un triángulo de poder en Camboya que permite a quien tiene poder hacerse con la tierra de quien no tiene poder”, continúa el letrado.

La Fiscalía aún no ha emitido una decisión sobre si iniciar una investigación en Camboya, aunque en septiembre del año pasado, dio una pequeña esperanza a los activistas del país asiático. La fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, aseguró que se iba a dar prioridad a la investigación de casos que resultaran en “destrucción medioambiental” y que se iba a apoyar a los sistemas jurídicos nacionales que investigaran casos de expropiaciones de tierras.

Algo que, quizá, Tep Vanny verá desde dentro de su celda camboyana. Si el Gobierno no cede a la presión internacional como sí ha hecho en otras ocasiones, Tep Vanny pasará los próximos dos años y medio en la cárcel. Y mientras, si el Gobierno no cambia sus prácticas, más familias camboyanas seguirán siendo expropiadas.