El partido de Albert Rivera asegura estar muy preocupado por la inseguridad ciudadana, especialmente en algunas ciudades como Barcelona o Madrid que, dicen, “amenaza con romper la convivencia ciudadana en muchos barrios”. No apuntan directamente a los inmigrantes como culpables del aumento de la peligrosidad en las calles que denuncian, pero han apostado por sugerir cambios en la Ley de Extranjería, junto a modificaciones en el Código Penal, “para que los jueces expulsen a los inmigrantes en situación irregular que delincan de forma reincidente”. Sin embargo, no aportan cifras sobre el número de personas que podrían encontrarse en estos momentos en esta situación.
Este jueves el portavoz de Justicia, Edmundo Bal, presentaba en el Congreso dos proposiciones de ley dentro de un “Plan de Choque” contra la inseguridad y la ocupación ilegal de viviendas en la que se incluye una reformar del Código Penal para abordar principalmente “la multirreincidencia en la criminalidad”. Según han explicado, se trata de que “el que comete tres hurtos leves, el cuarto compute como un hurto normal”. Es decir, que a partir del tercer hurto leve (menores de 400 euros), pueda haber una condena de prisión.
En el caso del delincuente sea un inmigrante en situación administrativa irregular, el partido quiere que esta multirreincidencia constituya “causa de expulsión, sin necesidad de previa tramitación del expediente administrativo” y poder hacer automática la expulsión “cuando exista sentencia condenatoria del juez con penas de prisión superiores a un año por hurtos con la agravante por multirreincidencia”.
Desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas consideran que se trata de una propuesta “completamente absurda” y recuerdan que toda persona extranjera en situación irregular, lo que es una infracción administrativa y no un delito, tiene derecho a defenderse en un procedimiento de expulsión y a que sean tenidas en cuenta otras circunstancias como el arraigo en el país.
Ciudadanos asegura que su propuesta estaba contemplada en la ley pero considera que era necesario “afinar”. “Eso no lo hemos introducido nosotros está ya previsto en la ley, hay unos casos especiales en los que se puede expulsar al extranjero por parte de la autoridad gubernativa sin necesidad de instruir procedimientos administrativos. Está en el artículo 57 de la ley actual como procedimiento de urgencia”, explica a eldiario.es el diputado de Cs.
La Ley de Extranjería recoge que será “una causa de expulsión” que una persona extranjera haya sido condenada, dentro o fuera de España, “por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año”. En este caso, tiene que ser “previa tramitación del correspondiente expediente”, estipula la ley. En 2018, el Tribunal Supremo estableció que solo se puede expulsar a los extranjeros condenados por delitos cuya pena mínima supere el año de prisión.
Ciudadanos sostiene que en la reforma del Código Penal y la Ley de Extranjería que ellos proponen ahora “lo que decimos es que el juez -con todas las garantías por lo tanto-, cuando se dé este supuesto de que se cometen tres hurtos leves y el último de estos hurtos se pueda castigar como si fuera un hurto normal, tenga la obligación de sustituir la pena de cárcel por la expulsión inmediata del migrante”. “Nosotros hemos introducido un elemento nuevo en el que decimos que en estos que casos de varios delitos leves que antes de nuestra reforma no se pueden entender como reincidencia ahora se entiendan como reincidencia”, remacha.
Lo que pretenden es añadir un apartado en el que la reincidencia, tal y como viene recogida en su propuesta de cambio del Código Penal, sea motivo de expulsión “sin necesidad de previa tramitación del expediente”. Es decir, dicen, automáticamente.
En un documento interno al que ha tenido acceso este medio, se abunda sobre el tema. Argumentan que que “actualmente, la legislación establece la apertura administrativa de expediente de expulsión para los extranjeros en situación irregular que cometan delitos dolosos” y sean condenados a partir de un año de prisión, pero “en la práctica, este expediente es un trámite administrativo por el que se acaban colando muchos casos de reincidentes que nunca son expulsados y siguen en libertad delinquiendo en España”.
Desde la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, letrados que se encargan de asistir a la población extranjera ante las autoridades españolas, niegan tajantemente a eldiario.es que se esté produciendo tal situación. “Es todo lo contrario, no es cierto. El procedimiento de expulsión ya de por sí es rapidísimo y carente de garantías”.
Según los datos más recientes del INE, la gran mayoría de las personas condenadas por hurtos en España son de nacionalidad española. De los 63.721 condenados en 2017, 43.424 eran españoles. Un total de 8.540 procedían de otros países de la UE, otros 1.679 son de otros Estados europeos y el resto, proceden de otros continentes.
“Absurdo y un despropósito”
La propuesta ha recibido las primeras críticas, entre ellas de Victoria Rosell, jueza y diputada en el Congreso de Unidas Podemos. “Por segunda vez en tres días, Ciudadanos propone 'reformas legales' que ya están en leyes vigentes”, ha dicho en Twitter. “Pero, señora Arrimadas, ¿tan difícil es leer las leyes vigentes antes de hablar y así evitarse bochornos?”, ha expresado también Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE.
Para el Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas, Francisco Solans, la reforma que propone Ciudadanos “resulta completamente absurda”. En primer lugar, considera que si se incluye la reincidencia de hurtos leves entre las causas de expulsión en la Ley de Extranjería, entraría “en franca contradicción” con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, “que corrigiendo la práctica de muchos tribunales en la línea de la reforma que pretende introducir Cs aclaró que un año -al que se refiere la Ley- debe ser el mínimo penal del que parta la tipificación del delito”, afirma.
“La jugada solo se puede entender como doble: si se aprueba la modificación que proponen del del Código Penal, la consecuencia contra los extranjeros es que se les expulsará siempre y sin expediente”, sostiene el abogado.
Para Solans, esta posibilidad es “una barbaridad” por varias razones. “Primero, por que no se puede ejecutar una sanción administrativa sin un expediente en el que la persona se pueda defender, lo contrario atentaría al artículo 24 de la Constitución”, enumera. “Segundo por la proporcionalidad de la pena, derecho del que no son ajenos los extranjeros, puesto que forma parte del tronco constitucional de derechos humanos”, prosigue. “Y tercero, porque están pretendiendo corregir a través de un expediente administrativo lo que ya un juez ha podido valorar a través del artículo 89 del Código Penal”, concluye .
“El añadido del artículo 2 bis al artículo 89 del Código Penal que proponen ya estuvo incluido en el Código Penal, en la anterior redacción del artículo 89, y tuvo que ser retirado y moderado precisamente porque el Tribunal Supremo (no el Constitucional) lo tachó de inconstitucional y atentatorio al derecho de proporcionalidad”, recuerda.
“Ese tipo de expresiones, en todo caso, aplicadas a jueces que deben ponderar y valorar todas las circunstancias de un caso, son además una intromisión grave en la capacidad de decidir aspectos esenciales de la pena a aquel que la dicta, el juez”, opina Solans.
En cuanto a la reforma del Código Penal para endurecer la ejecución de penas para la reincidencia en hurtos leves, el portavoz de la Asociación Española de Abogados Extranjeristas señala que “sobre eso creo que debemos apoyar la reflexión de Grande Marlaska [ministro del Interior] en el sentido de que la Constitución obliga a mantener la proporcionalidad de las penas y de su ejecución a la gravedad de los delitos, y por tanto la reforma del Código Penal no es sino un ejemplo más de populismo punitivo, mano dura, o como pretenda llamarse, derivadas de un espíritu totalitario absolutamente contrario al pretendido ideario liberal de Ciudadanos”.
“Desde un punto de vista político, es un auténtico despropósito en todos los sentidos, una metedura de pata al intentar repetir errores del pasado, y una nueva vuelta de tuerca en el intento de criminalizar la inmigración, acercándose -de nuevo, lamentablemente - a Orban, Salvini, Le Pen y compañía. Esta propuesta cabría esperarla de VOX, pero en el caso de Cs, lo dicho, que luego no se llamen liberales”, zanja Solans.