Desactivar las minas antipersona en Colombia, tarea pendiente después de firmar la paz

Alcanzar la paz en Colombia pasa por la ratificación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC anunciado el pasado 25 de agosto. El pueblo será quien tenga la última palabra en un plebiscito que se celebrará el próximo 2 de octubre, pero no bastará con eso. “La paz no es solamente la ausencia del conflicto armado, los acuerdos son solamente la base que permitiría la consecución de paz verdadera”, decía esta semana la premio Nóbel de la Paz, Jody Williams.

A la barrera de las diferencias, las tensiones y el reto de la reinserción de los guerrilleros, se suman los obstáculos que quedaron en el camino a lo largo de estos 52 años de conflicto. Algunos, también, en forma de metralla. Según datos del Gobierno, en los últimos 25 años, 11.458 personas han sido víctimas de las minas antipersona que utilizaron ambas partes la guerrilla y que hoy siguen repartidas por buena parte del territorio colombiano. De ellas, el 40% son civiles.

En los oídos de Arturo retumba aún el zumbido de la explosión que le hizo perder el pie izquierdo. “Caminaba tranquilo por mis tierras de cultivo porque se suponía que allí no había minas. Nadie imagina que le vaya a pasar algo así”, dice. Agradece estar vivo y que su hermano saliera ileso, pero admite que le angustia no saber de qué vivir ahora.

“La gente tiene que saber que los estragos humanitarios que generan los artefactos explosivos y restos de guerra no desaparecerán de la noche a la mañana”, recuerda el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). En el segundo país del mundo con más víctimas de minas antipersona –solo por detrás de Afganistán, según Acnur–, parte de su población reclama que se prioricen las labores de desminado y se atienda a los supervivientes.

El reto de volver a casa

La cicatriz de Carlos acabó por darle una nueva vida. Tras perder una pierna al pisar una mina, acudió al taller de Cali para que le fabricasen una prótesis. Ahora es él quien aprende el oficio: “Siempre somos los civiles los que más sufrimos. Yo tengo miedo de volver al campo”, dice mientras sostiene el brazo ortopédico que está fabricando para otro afectado.

Como él, más del 12% de la población colombiana que se vio obligada a abandonar sus hogares durante los años de conflicto podría encontrar en los acuerdos de paz el primer paso para volver a casa. “Pero el retorno debe ir acompañado de una certeza que les garantice que el territorio es verdaderamente seguro”, apunta la ONG HALO Trust. En 693 de los 1096 municipios del país –los que se consideran “áreas peligrosas”–, esa garantía aún no existe.

Si bien las labores de desminado están dando sus frutos y las cifras de víctimas se han reducido drásticamente desde que en 2014 se iniciaron las conversaciones con las FARC, en lo que va de año 72 personas han pisado alguno de estos explosivos. Fuera de estas estadísticas oficiales quedan, además, las miles de familias que viven aisladas sin poder salir de sus territorios.

“Hay zonas del país que nunca han tenido heridos o accidentes, pero que están afectadas por la limitación del acceso a los cultivos y terrenos fértiles, la muerte del ganado y otros animales de los que dependen para subsistir, o la deserción escolar”, recuerda un informe de CICR. Según el Gerente de Operaciones de HALO Trust Colombia, Yeison Villamil, entre los casos de este tipo “destacan los de las comunidades afrocolombianas e indígenas, especialmente vulnerables”.

Desminar un 60% del país

Hasta diciembre, la comunidad de Chocó (al noroeste del país) solo conocía la realidad de las explosiones a través de los periódicos, pero la situación cambió con la muerte de un campesino pocos días antes de Navidad. Aún cuando la región se estaba tiñendo de luto, otras dos personas fallecieron al pisar otra mina cuando los vecinos se organizaban para rescatar a primero. Nunca antes se habían registrado accidentes de este tipo en la zona.

“Son indicadores que muestran que hay más áreas que pueden ser peligrosas para la población civil y sobre las que no se sabe exactamente qué grado de contaminación tienen”, dice CICR.

Con estos desafíos en mente llegaba el Acuerdo sobre Limpieza y Descontaminación del Territorio, firmado el 7 de marzo de 2015 por el Gobierno y las FARC, donde ambas partes del conflicto se mostraban dispuestas a trabajar conjuntamente para liberar Antioquia y Meta (las localidades más afectadas) de minas antipersona y otros restos de armamento.

Actualmente se desconoce el número de minas que puede haber y su localización exacta, por lo que “concretar una fecha para terminar la limpieza de los campos es imposible”, dice a eldiario.es Álvaro Jiménez, coordinador nacional de la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM). Sí se sabe, sin embargo, que hay minas en más del 60% del territorio colombiano.

A la espera de que se unan más organizaciones, las labores de desminado humanitario las lleva a cabo el Ejército, la CCCM, Handicap International, Halo Trust y Ayuda Popular Noruega, aunque reconocen que faltan manos. El reto de ser un país libre de minas antipersona para el año 2021 se afrontó con la promesa de una ayuda internacional que a día de hoy no se ha movilizado. Sobre la iniciativa de apoyo económico para el desminado en Colombia que emitieron EEUU y Noruega en febrero de este año, Jiménez admite que “se han hecho los anuncios, pero el proceso aún no ha iniciado”.

Con la única protección de chaleco y un casco de plástico, civiles como Marleny adelantan la labor. “Uno tiene mucho miedo a encontrarse una mina, pero una vez que la encuentra también siente una satisfacción enorme, porque sabe que ya nadie va a parar en ella”, dice la joven.

No le tiembla el pulso. A su espalda lleva la práctica, la templanza y unas horas de formación impartidas por la ONG HALO Trust, en las que aprendió a desarticular los explosivos manualmente. “Al ser minas artesanales su contenido metálico es muy escaso y la detección es muy difícil. Tenemos que hacerlo así”, explica. Se juega la vida por devolvérsela a la población en riesgo de Sonsón, donde las víctimas superan ya las 2.400 personas.

Otra forma de vivir la guerra

El último eslabón de la cadena lo componen los que se quedan. Quienes aprenden a vivir con las secuelas que les dejó el pisotón que cambió sus vidas, y los que les ayudan o ponen piedras en su camino. El médico de Jaime fue de los segundos: “Me dijo que me dedicara a vender lotería porque al haberme quedado ciego ya no servía para nada más”, recuerda.

Gracias a que no le escuchó ahora tiene una microempresa, pero reconoce que “el problema no es solo para uno, sino para toda la familia y para toda la sociedad, porque hay mucha discriminación”. La misma discriminación que vivió Heriberto nada más salir del hospital tras su accidente: “Me dediqué un tiempo a pedir limosna porque me quedé sin nada. La gente me empujaba, los carros me atropellaban y me dejaban tirado en la calle... Hemos vivido la guerra de muchas formas”, recuerda.

Hoy Colombia acaricia con los dedos el fin de una guerra que, como apunta Heriberto, debe cerrarse en todas sus versiones. Las negociaciones en despachos transcurren mientras el silbato del campo de Antioquia suena de nuevo para marcar el inicio de las tareas de desminado del día. “Si algún día la guerra llega a su fin, sobre el terreno quedarán este tipo de problemas”, recuerda el ICRC, que añade: “No se sabe cuándo los colombianos podrán volver a caminar sin miedo”.