El Consejo de Europa abronca a España por las devoluciones en caliente: “Deben parar”
El Consejo de Europa ha vuelto a reñir a España por el incumplimiento de los derechos humanos en las vallas de Ceuta y Melilla. En una carta, el comisario de Derechos Humanos de la institución, Nils Muiznieks, pide explicaciones al ministro del Interior español por las devoluciones sumarias en las vallas de Ceuta y Melilla que han sido denunciadas ante el organismo, entre las que menciona unas captadas en vídeo, los días 4 y 18 de junio de este año. “Me gustaría reiterarle que la práctica de las devoluciones sumarias debe parar”, destaca el comisario europeo.
El Consejo de Europa es una organización internacional cuyo objetivo principal es “la defensa y protección de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, en particular los civiles y políticos”, explican en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Este julio, el organismo ha criticado que España no está respetando el derecho comunitario. Una vez más. Porque Nils Muiznieks recuerda que ya ha denunciado previamente la ilegalidad de las devoluciones en caliente en las ciudades autónomas y el Gobierno no ha cambiado de proceder.
El comisario insiste en que el derecho internacional prohíbe las devoluciones automáticas, aquellas en las que no se identifica a los migrantes, no se les presta asistencia letrada ni les garantiza la oportunidad de pedir asilo o expresar cualquier otra cuestión. Eso es lo que se denomina expulsión sumaria o devolución en caliente. En los vídeos que han remitido al comisario queda constancia de estas “expulsiones sumarias”, afirma.
Sin el prometido protocolo policial
Otro de los puntos sin cumplir por el Gobierno español es la creación de un protocolo para los agentes fronterizos de las vallas de Ceuta y Melilla, para saber cómo actuar en las expulsiones de migrantes. Muiznieks ya exigió estas instrucciones en febrero, apunta, y aún no existen.
El Ejecutivo dejó pendiente este protocolo cuando aprobó los “rechazos en frontera” en la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada 'Ley Mordaza'). Los “rechazos” son las expulsiones en las vallas de las ciudades autónomas, que según el texto de la norma deben respetar el derecho internacional. En la práctica, no lo hacen tal y como han denunciado Acnur y el Consejo de Europa. Sin identificación, asistencia letrada ni opción de pedir protecciones internacional, las expulsiones no cumplen los mínimos exigidos.
No es lo que estima el ministro del Interior, que ha respondido a la misiva con otra carta fechada el 7 de julio. En ella, Jorge Fernández Díaz justifica que la legislación española tiene en cuenta el derecho comunitario, de manera “incluso más garantista y detallada”. En las expulsiones a las que se refiere el comisario europeo, el ministro no ve ilegalidad. “En cuanto a las 'devoluciones' y 'expulsiones colectivas' mencionadas en su carta, nuestra legislación las prohíbe expresamente, garantizando así el principio de no devolución. Cuestión distinta es el derecho y la obligación de España a custodiar y defender sus fronteras”, afirma.
Y añade: “La posibilidad del rechazo en frontera, para hacer frente a asaltos masivos, en ocasiones violentos, por puntos no habilitados como pasos fronterizos, siempre ha formado parte del ordenamiento jurídico español”.
Pendiente del dictamen del TEDH
De los “argumentos jurídicos que sustentan la necesidad de regular el rechazo en frontera”, prosigue Fernández Díaz, el Gobierno está pendiente de la resolución del Tribunal Europeo de Derecho Humanos, donde fueron denunciadas. Ante este tribunal, Nils Muiznieks aportó unas conclusiones en las que denunció las expulsiones colectivas y la incapacidad de los subsaharianos expulsados de pedir asilo. Ellos no tiene acceso a las salas de asilo en la frontera que instaló el Gobierno, como ha denunciado Acnur.
Estas han sido las explicaciones concedidas por el Ministerio del Interior tras la reprimenda del Consejo de Europa. El comisario termina su carta instando a España a parar las devoluciones sumarias y a aportar información sobre el protocolo policial en las vallas. Fernández Díaz no aborda este punto en su respuesta.
