La Defensora del Pueblo de la UE acusa a Bruselas de ocultar la evaluación de riesgos para los derechos humanos del acuerdo migratorio con Túnez

La Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, acusa a la Comisión Europea de ocultar la evaluación de riesgos para los derechos humanos que realizó antes de firmar el acuerdo con Túnez para que controle los flujos migratorios. Es una de las conclusiones de la investigación que llevó a cabo a raíz de ese polémico pacto que supone una inyección financira de 1.000 millones de euros, de los que 150 son directos y sin condiciones de devolución y 150 millones tienen por objetivo mejorar las fronteras tunecinas para impedir que las embarcaciones salgan al mar. Tras las pesquisas, insta al gobierno comunitario a publicar el análisis de la situación de los derechos humanos que llevó a cabo con carácter previo a rubricar ese acuerdo así como los “criterios concretos” que llevarían a suspender la financiación de la UE por violaciones de los derechos humanos.

Ante el cuestionamiento de la Defensora del Pueblo de que no se hubiera llevado a cabo una evaluación del impacto de ese acuerdo en los derehos humanos, la Comisión Europea elagó que “disponía de información suficiente en la que basarse durante las negociaciones que condujeron a la firma del Memorándum de Entendimiento” que procedía de la supervisión de la delegación de la UE en Túnez así como de las misiones sobre el terreno o ls “reuniones tripartitas” con las autoridades y la sociedad civil tunecinas. También se comprometió a llevar a cabo evaluaciones “periódicas” sobre la situación.

“Está claro que una evaluación previa del impacto sobre los derechos humanos, o un ejercicio equivalente, era esencial antes de concluir el memorando de entendimiento con Túnez para establecer medidas destinadas a mitigar posibles violaciones de los derechos humanos”, afirma O'Reilly en las conclusiones de la investigación en la que insta a la Comisión Europea a publicar “un resumen de su ejercicio de gestión de riesgos para Túnez” así como a recopilar información periódicamente sobre los derechos humanos en ese país.

“La Comisión debería establecer los criterios en los que se basaría la suspensión de contratos por violaciones de los derechos humanos en la ejecución de proyectos financiados por la UE en Túnez. Estos criterios deben hacerse públicos”, señala la Defensora del Pueblo. “La Comisión debe animar a sus socios ejecutantes a establecer mecanismos de denuncia para que las personas denuncien presuntas violaciones de sus derechos humanos en la ejecución de proyectos y programas financiados por la UE en Túnez”, agrega en otra de las recomendaciones.

Bruselas cerró el acuerdo con la dictadura tunecina a principios de 2023, a pesar de las advertencias por la vulneración de los derechos humanos en ese país y especialmente por el maltrato y persecución que sufren los migrantes subsaharianos. En julio de ese año cientos de migrantes y refugiados subsaharianos fueron deportados de forma ilegal a la frontera de Túnez con Libia, y abandonados en una zona desértica sin apenas comida o agua. La ONG Human Rights Watch denunció que fueron arrestados de forma arbitraria y que sufrieron abusos durante su detención y expulsión.

A pesar de todas las denuncias, y del rechazo de fuerzas políticas como los socialdemócratas, que forman parte de la 'mayoría Von der Leyen', la presidenta de la Comisión Europea llevó a cabo ese acuerdo para el que había presionado especialmente la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

En una carta remitida a los líderes de la UE la semana pasada, en la que se abría a copiar a la ultraderechista con la apertura de centros de deportación fuera de la UE, Von der Leyen presumió de los frutos de ese acuerdo con Túnez: “En lo que va de 2024, las llegadas irregulares se han reducido en cerca de dos tercios en la ruta del Mediterráneo central. En gran parte, esto puede atribuirse a la intensificación de la gestión de la migración y a las operaciones de lucha contra el contrabando realizadas por las autoridades tunecinas tras el compromiso político de la UE, en concreto el Memorando de Entendimiento con Túnez, y una cooperación más estrecha con las autoridades libias”.

Tras las conclusiones de la Defensora del Pueblo, la Comisión Europea ha asegurado que “toma nota de las recomendaciones” que ha formulado y ha asegurado que está dispuesta a tomar medidas para “mejorar” la transparencia así como comprometida con los derechos humanos “en todo el mundo, incluido Túnez”, a pesar de las denuncias.

Según los datos de la Comisión Europea, se han activado casi 1.700 millones para Túnez. En marzo de 2024 se desembolsaron 150 millones de euros de apoyo presupuestario y el pasado mes de junio se celebró un Foro de Inversión en el que se concretaron más de 900 millones de euros en programas de inversión en infraestructuras energéticas y de transporte, además de poner en marcha 473 millones de euros de apoyo financiero de la UE a la interconexión eléctrica submarina de 200 km entre Italia y Túnez. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha suscrito un programa de 65 millones de euros para apoyar el sistema educativo (25 de ellos son una subvención). También hay previstos 105 millones de euros para programas relacionados con la migración en Túnez. De este presupuesto, en junio de 2024 se habían contratado 53 millones de euros para protección, deportación y reintegración y gestión de fronteras.