825 menores migrantes desaparecieron en 2016 tras llegar a España solos, según Save The Children
El número de menores migrantes que llegan solos a España ha aumentado un 60,4% en 2017 con respecto al año anterior: 2.500 niños, niñas y adolescentes alcanzaron nuestro país sin la compañía de sus familiares. Mientras cada vez hay más pequeños tratando de atravesar el Estrecho en patera, el sistema de acogida español “no está preparado para protegerles” y “prioriza el control de fronteras sobre su bienestar e integración”, ha denunciado Save The Children.
Los “obstáculos” impuestos desde el Gobierno a la protección de los menores extranjeros no acompañados, señala la ONG, conforman una de las causas por las que el sistema de acogida pierde el rastro de centenares de menores cada año: en 2016, 825 niños, niñas y adolescentes “abandonaron los servicios de protección y figuran 'en fuga'. La Administración ”ignora su paradero actual“, documenta el informe de Save The Children ”Los más solos“, presentado este lunes en Madrid.
Entre los menores “perdidos” en 2016, 770 eran niños y 55, niñas. Las causas de su huida del sistema de acogida son diversas en función de la nacionalidad y el sexo de los menores, explica la ONG. Por ejemplo, muchos sirios buscan continuar su viaje migratorio hacia otro país europeo con el objetivo de reunirse con familiares, ante las trabas existentes en los procesos de reunificación familiar.
En el caso de muchas de las adolescentes desaparecidas, la mayoría nigerianas, son extorsionadas por la redes de trata con fines de explotación sexual para continuar con el pago de la deuda. Su control sobre ellas, denuncian las organizaciones especializadas, aumenta cuando estas jóvenes no encuentran en el centro de acogida la protección que requieren o no son identificadas como víctimas de trata.
“En muchos centros no se hace una identificación correcta. Llegan a los centros pero luego desaparecen, aleccionadas por las redes. Los fallos en su determinación como víctima de trata se evidencian en el bajo número de identificaciones como tal, mientras que la mayoría de mujeres tratadas que entraron por España declaran que llegaron siendo menores”, recuerda Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save The Children.
Para otros niños y adolescentes, en su mayoría marroquíes, la dura situación de los centros y su deseo de llegar a las comunidades autónomas donde saben que tendrán mejores oportunidades les empuja a “fugarse de los centros y vivir en la calle”, indica la ONG. Es el caso de los menores que migran solos a Ceuta y Melilla, que tratan de arribar a la Península escondiéndose en los barcos que atraviesan el Estrecho cada día.
“En Ceuta y Melilla, los menores permanecen largas temporadas en centros preparados para pasar unas semanas, hacinados y a veces casi sin poder salir a la calle”, recoge el comunicado de Save The Children. Pero las malas condiciones de los centros no se reducen a las ciudades autónomas, señalan. En Madrid o Barcelona, la organización ha detectado casos de menores migrantes que prefieren vivir en la calla ante “los malos tratos que a veces denuncian”.
Otro obstáculo: las devoluciones en caliente
La ONG también pone el foco en aquellos que, aunque llegan a España, tras experimentar los numerosos peligros del viaje, se les impide quedarse a pesar de que la legislación española e internacional prohíbe la expulsión de los menores extranjeros no acompañados. “Muchos menores son devueltos en caliente en Ceuta y Melila, lo que les empuja de nuevo a la casilla de salida y a enfrentarse a más riesgos”, ha afirmado Andrés Conde, director general de Save The Children.
La ONG recuerda que estas expulsiones automáticas, regularizadas a por el Gobierno en 2015 a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, impide de facto la identificación de los menores que logra sortear las vallas de Ceuta y Melilla.
Y, muchos de los menores que llegan, recuerda el informe, se ven sometidos a pruebas de identificación de la edad “de forme innecesaria” a pesar de que “no cuentan con el aval de la comunidad científica”. “Estas prácticas los exponen a radiaciones o a humillantes desnudos integrales” a pesar de que “llevan consigo documentación que acredita” que son menores de 18 años. “Debe prevalecer la presunción de la minoría de edad”, exigen desde Save The Children.
Para Sastre, las trabas detectadas en el sistema reflejan una meta muy diferente al bienestar supremo y protección del menor. “Parece que el objetivo no es el desarrollo de estos niños y adolescentes sino evitar que estos sufran el 'síndrome del efecto llamada' que pesa sobre la administración”, reflexiona la directora de Política de Infancia.
Para la Administración, defiende Sastre, “un sistema de acogida de éxito [que otorgase una protección real] incentivaría la migración de otros menores” bajo la idea a la que suele acudir el Gobierno para justificar determinadas políticas en sus fronteras: el 'efecto llamada'. “Es falso. No salen de sus países porque aquí les tratemos bien, sino porque sus circunstancias en sus países de origen no encuentran la protección que necesitan”, sentencian desde Save The Children.
Con la meta de poner fin a esta tendencia, la ONG ha recomendado al Gobierno la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir las devoluciones en caliente; la creación de la figura de un “asesor independiente y voluntario” que forme parte del proceso de acogida de menores “desde el primer contacto”; garantizar que las pruebas de determinación de la edad solo se realicen como “último recurso”; o la concesión del permiso de trabajo cuando los jóvenes migrantes cumplan los 16 años, entre otras medias.
