Así son las devoluciones en caliente en Melilla, según los agentes de la frontera
“No se pregunta. La orden es de rechazar a quien intente un salto ilegal”. Es la respuesta de un guardia civil, imputado por posible trato degradante en la 'devolución en caliente' de un joven subsahariano, al juez Emilio Lamo de Espinosa. El magistrado le había preguntado si existe algún tipo de mecanismo o de orden para que los agentes fronterizos comprueben la situación de estas personas, si se trata de un menos de edad o de un potencial solicitante de asilo, antes de devolverlas sobre la marcha a Marruecos. “No”, responde escueto otro agente.
El diario ABC ha publicado varios vídeos con extractos de las declaraciones de los agentes ante el juez Emilio Lamo de Espinosa, que imputó a ocho guardias civiles por posible “trato degradante” por haber golpeado a un joven camerunés, Dany, quien, tras caer al suelo español desde lo alto de la valla melillense y quedar aparentemente inconsciente, fue devuelto atado de pies y manos a Marruecos por el entramado fronterizo. La devolución fue grabada en vídeo por la ONG melillense Prodein.
Un efectivo policial argumenta que, antes de devolver a este joven, “llevábamos desde las cinco y media de la mañana y fue un salto especialmente virulento; había gente con navajas, con garfios, había uso de gasolina, estaban orinándonos... Llevábamos un tiempo aguantando ese tipo de agresiones”, dice.
Después, explica que los golpes con la porra que le propinan a Dany, ya en la escalera (minuto 0.42 del vídeo), se justifican porque el chico llevaba un garfio en la mano derecha. Es habitual que las personas que intentar superar las vallas fronterizas utilicen estos utensilios para poder agarrarse al alambre y que le facilite su propósito. “Comienza a bajar y tiene el garfio en la mano. Y es en el momento en el que se le empieza a dar los golpes con el arma reglamentaria. Golpes que, si se observa, son todos en la mano derecha donde tiene el garfio y piernas para que caiga”, relata el agente. El guardia apunta que la caída es “acolchada” por los efectivos policiales que esperan a los pies de la valla.
Sobre si el inmigrante estaba herido o inconsciente, varios de los agentes apuntan que es frecuente que estas personas ejerzan una “resistencia pasiva” y que así lo hacía Dany. “En el vídeo no se aprecia, pero en la realidad es distinto”, responde uno de los agentes cuando el magistrado insiste en que “tampoco se ve que haga mucha resistencia”.
Otro agente recuerda que, en ocasiones, la Guardia Civil da agua y comida a los inmigrantes que resisten varias horas sobre la valla: “A la hora de bajarlos, les damos agua, incluso a veces comida. Hay veces que han aguantado horas en la valla. Yo me pongo en el lugar de esta gente, soy humano”.
Sin mecanismos para detectar a menores o refugiados
El magistrado Lamo de Espinosa pregunta a varios de los imputados si antes de devolver a los inmigrantes a Marruecos tienen algún mecanismo u orden de identificar a las personas afectadas, para comprobar si son menores de edad, mujeres embarazadas o potenciales refugiados de asilo. “¿A ustedes no les dicen que tengan que hacer ninguna discriminación en función de las circunstancias personales de estas personas?”, cuestiona el juez. “No”, responde uno de los agentes. “¿La orden es rechazar a quien baje?”, prosigue Lamo de Espinosa. “La orden es rechazar a quien intente un salto ilegal”, zanja el guardia civil.
Uno de los motivos por los que varias organizaciones humanitarias y expertos juristas denuncian que las devoluciones sumarias en las fronteras de Ceuta y Melilla son ilegales —a pesar de la legalización del “rechazo en frontera” por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana— radica en la falta de garantías de estas expulsiones. Estas personas no son identificadas, ni pueden alegar ninguna circunstancia por la que no puedan ser devueltos a Marruecos, como por ejemplo ser menores de edad o la persecución en su país de origen.
El derecho a pedir asilo es una garantía reconocida por la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales, como la Convención de Ginebra, entre otras normativas.
El magistrado pregunta a uno de los agentes si no mantiene ninguna conversación con las personas que devuelve en estas circuntancias. “Yo no mantengo ninguna conversación. Yo, en mi obligación, lo cojo y lo rechazo. Tampoco hablo su idioma. No le pregunto nada, absolutamente. Ni le digo nada, ni le insulto... No le dirijo la palabra. Yo lo único que me encargo es de hacerle el rechazo”, responde. Otro guardia responde con un escueto “no, no hablamos con él (Dany). No hablamos con ninguno”.
El juez también se interesa por conocer los detalles en los que son expulsadas estas personas, de las que no se tiene constancia oficial en España (puesto que no son identificadas). “Cuando llegan ustedes a donde están las autoridades marroquíes. ¿Ellos les dan una especie de recibí, un papel o algo de que ustedes han entregado a un señor?”, dice el juez. “No, no nos dan ningún papel”, responde el imputado.
