Devoluciones rápidas y limitación del asilo: Biden anuncia el decreto demócrata más restrictivo con la frontera de México

El presidente Joe Biden ha anunciado este martes una orden ejecutiva para limitar el número de peticiones de asilo a Estados Unidos y cerrar la frontera con México una vez se superen los 2.500 cruces irregulares diarios, según avanza Associated Press. Cuando se haya superado este umbral máximo de personas, los agentes de inmigración podrán deportar rápidamente a las personas que intenten ingresar de forma irregular en el país. El decreto representa la política fronteriza más restrictiva presentada por cualquier demócrata y llega en un momento en que la gestión de la frontera se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los votantes de cara al 5 de noviembre.

Todas aquellas personas que crucen la frontera de manera irregular y lo hagan después de que se haya superado este nuevo umbral diario, ya no serán elegibles para recibir el asilo en Estados Unidos. Según un comunicado enviado este martes por la Casa Blanca, “las medidas entrarán en vigor cuando la frontera sur se vea sobrepasada y facilitarán el trabajo de los agentes de inmigración para deportar los individuos que no tengan base legal para seguir en Estados Unidos”. Las medidas entrarán en vigor este mismo martes, añade la nota.

La Casa Blanca matiza que “las acciones no son permanentes” sino que las restricciones estarán en vigor hasta dos semanas después de que los números de cruces diarios estén por debajo de un límite aún más bajo, las 1.500 entradas.

En el comunicado, la administración Biden también destaca haber alcanzado un acuerdo bipartidista entre los demócratas y republicanos del Senado sobre la política migratoria de la frontera,. No obstante, critica la posición de “los republicanos en el Congreso” que, a su juicio, “optaron por anteponer la política partidista a la seguridad nacional” y votaron en contra. 

La Casa Blanca cita las secciones 212 (f) y 215 (a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que suspende la entrada de los no ciudadanos que cruzan la frontera sur de Estados Unidos ilegalmente para poder emitir la orden ejecutiva. 

La orden ejecutiva que ha aprobado Biden recuerda a la aplicada durante la pandemia bajo el Gobierno de Donald Trump. En el marco de la emergencia sanitaria se usó el título 42 del Código de Estados Unidos, que tiene que ver con la salud pública, el bienestar social y los derechos civiles, para frenar los cruces ilegales. La orden, que permitía a las autoridades expulsar a los migrantes que llegaran a la frontera sin darles la oportunidad de presentar su caso para pedir asilo, estuvo vigente hasta mayo del 2023 cuando el gobierno Biden dio la crisis del Covid-19 por finalizada.

El equipo de Biden había estado trabajando durante meses en esta iniciativa con el fin de recuperar el control de la narrativa sobre las políticas migratorias de la frontera sur. El movimiento pretenden mostrar a los demócratas un refuerzo de la política migratoria en medio de la crisis de la frontera, mientras critica a las filas republicanas por su supuesta instrumentalización del fenómeno migratorio.

La rivalidad con Donald Trump para hacerse con el liderazgo de la gestión migratoria ya se escenificó el pasado mes de febrero, cuando Biden y el republicano realizaron una visita simultánea en diferentes puntos de la frontera de Texas. Entre las promesas de campaña de Trump se encuentra cerrar la frontera con México. Durante sus mítines de campaña, el republicano ha hecho uso de una retórica xenófoba con la que llegó a acusar a los migrantes de “contaminar la sangre” del país. 

El anuncio de un decreto tan restrictivo por parte de un presidente demócrata (el cual no deja de tener reminiscencias de las políticas lideradas por Trump durante su gobierno) apunta a que el discurso anitiinmigrante del candidato republicano puede estar impactando desde fuera en la gestión de la frontera con México.

Se espera que la orden ejecutiva de Biden se encuentre con denuncias por parte de las organizaciones de derechos humanos, que ven en ella un ataque al derecho de asilo de las personas migrantes, y por parte de estados republicanos, los cuales siguen viendo la propuesta como insuficiente.