Jeisy es de Barranquilla y emprendió el camino a España sola, agotada por la discriminación y la violencia de la que era objeto por ser una mujer transgénero. La saturación del sistema de asilo y de centros de acogida en Madrid estuvieron a punto de dejarla en la calle en pleno noviembre, pero fue derivada a la casa de la ONG Kifkif, la única emergencia habitacional para personas migrantes LGTBI en España que ahora, tras la retirada de las subvenciones de la Comunidad de Madrid, corre el riesgo de desaparecer.
Kif Kif significa “entre iguales” en árabe, francés, bereber… Una variedad de idiomas para nombrar un espacio de tolerancia y respeto a las personas que huyen de la falta de libertad sexual en sus países de origen. Las personas migrantes LGBTI sufren una doble discriminación y suelen huir solas, rompiendo los lazos familiares, explica Javier Navarro, director de Kifkif. Es por eso que pueden caer en situación de calle. La ONG calcula que de una media de 390 solicitantes de asilo que pasan la noche en las calles de Madrid, al menos 44 son LGTBI.
La casa de acogida se puso en marcha en 2018 con fondos propios de la ONG ante el colapso de los servicios sociales. En estos cerca de dos años, la organización ha podido socorrer a 34 personas. Sin embargo, ahora la Comunidad de Madrid ha decidido retirar las subvenciones y el piso ha tenido que cerrar: aunque sí aparecía en un primer momento en la lista de las organizaciones que reciben fondos de la casilla de fines sociales de la renta, no llegó a pasar el filtro final.
“En 2019 la financiación provino 100% de la Comunidad de Madrid, estamos ocupándonos de algo que deberían hacer ellos”, subraya Navarro, e indica que han solicitado los informes a la Comunidad para estudiar qué ha fallado. Ahora la ONG ha lanzado un crowdfunding para poder abrir el piso por lo menos un año más. Se han planteado un primer objetivo de 27.000 euros, con lo que podrían mantener el recurso durante un año. Sin embargo, para poder seguir garantizando la atención personalizada y manutención la cantidad debería llegar a los 41.200 euros.
Una iniciativa reconocida por la ONU
Además de ofrecer un techo, en el último año la organización ha atendido y asesorado a un total de 3.228 personas. Reconocido como proyecto de buenas prácticas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el cierre de Kifkif supone que decenas de solicitantes de asilo LGBTI pasen la noche en la calle, cerca de 22 personas al año, estima la ONG. La falta de información y lentitud del sistema de acogida deja desprotegidas a muchas personas, que pasan meses esperando una primera entrevista para tan siquiera registrarse y obtener la tarjeta blanca.
Este fue el caso de Óscar Andrés Cano, que con 27 años cuenta también las 27 las noches que pasó al raso en las calles de Madrid. Colombiano, huyó del conservadurismo de un entorno que no aceptaba su orientación sexual: “Mi familia me decía que eso era moda, que se me iba a pasar, que tenía que buscar a Cristo…”. Eligió Madrid por ser una ciudad “pionera en los derechos de nuestra comunidad”, explica, y por eso no se dio por vencido cuando, después de ser timado en varios trabajos y haberse quedado sin ahorros, se vio viviendo en la calle con su pareja, que llegó un mes más tarde que él.
“Acá puedo expresarme, no me dicen nada por ser lo que soy”, agradece Óscar. Jeisy también se siente “muchísimo más segura en España”, aunque sí señala el rechazo que sigue existiendo hacia las personas trans. Cuando compara su situación en Colombia resalta que encontrar trabajo como mujer trans es tan complicado que muchas terminan prostituyéndose, y acceder a los tratamientos para terminar su proceso casi imposible en su país de origen.
Para ambos, llegar a la casa de Kifkif supuso un apoyo muy importante: “Ser rescatado de la calle y tener una habitación, alimentación, poder ducharse…”, rememora Óscar. El piso sigue un sistema de supervisión y no de tutelaje, defienden desde la organización. En él pueden vivir hasta cuatro personas y suelen quedarse por diferentes periodos, de entre uno y cuatro meses en función del avance de los procedimientos legales. Junto a la figura de una educadora social, los inquilinos trabajan en un itinerario de inclusión y actividades que van enfocados a su empleabilidad y búsqueda de un lugar estable donde vivir, sostienen.
“Es hora de ser libre”, se dijo Jeisy a sus 28 años, después de haber sido violada, acosada en el trabajo y haber sufrido el rechazo de su familia. Por eso ahora pide que no cierre el único recurso de emergencia habitacional en España centrado en la atención de migrantes LGTBI donde ella encontró auxilio.