La reunión estatal para abordar la distribución de los menores no acompañados que han llegado a España en los últimos meses estaba cerca y Ceuta y Andalucía, la comunidad que más niños y adolescentes solos ha recibido, decidían unirse a una vieja demanda del Gobierno de Melilla: exigir que se cumpla y se haga cumplir el acuerdo bilateral entre España y Marruecos para el retorno de menores marroquíes, firmado en 2007 y en vigor desde 2013, que nunca se ha aplicado.
Las organizaciones especializadas respondieron alarmadas. La idea de que se pusieran sobre la mesa medidas para “priorizar” la devolución de estos menores chocaba con lo que llevan años defendiendo, antes y después de aquel convenio. Lo mismo que viene estipulado en la ley: un menor migrante solo puede ser repatriado si responde a su interés superior y siempre que se le pueda ofrecer una protección adecuada.
Es decir, antes de decidir si la vuelta con sus familias es lo más recomendable, hay que garantizar que cada caso se estudiará de manera individual para asegurarse de que estos niños están seguros en su país de origen. Muchos, además, vivían en la calle antes de cruzar la frontera.
Las dudas que presenta la aplicación del convenio bilateral, dicen, empiezan desde su nombre, en el que se menciona, en primer lugar, la “cooperación en el ámbito de la emigración ilegal” de los niños y adolescentes migrantes. En ello incide Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, que presta apoyo a niños en riesgo de exclusión. “La experiencia de tantos años nos hace temblar al pensar que comunidades como Andalucía, Ceuta o Melilla empiecen a forzar que se aplique, pues si finalmente se decide reactivar, será como medida de control migratorio, porque es habitual que las administraciones españolas actúen con estos menores incumpliendo la ley, sometiendo la lógica del interés superior del menor a las políticas de Extranjería y el control de fronteras”, sostiene.
El Ejecutivo de Sánchez aseguró que la idea de reactivar el acuerdo no se trató durante el encuentro mantenido con las comunidades el pasado miércoles. Tras la reunión, en la que se comprometieron 40 millones para facilitar un sistema de reparto, la Junta de Andalucía rectificó el planteamiento que en los días previos hizo la propia presidenta, Susana Díaz, que llegó a reclamar al Gobierno central que “articulase una fórmula legal” para devolver a los menores marroquíes con sus familias, algo ya contemplado en la Ley de Extranjería.
Después de las críticas recibidas, la consejera María José Sánchez Rubio afirmó que “estos niños tienen padres, madres y familias, y habrá que ver su situación, pero siempre para la propia protección de los menores” y subrayó que “no se está planteando que los menores se devuelvan”. Lo mismo ha defendido Ceuta, que asegura que los chicos que tutela deben estar en Marruecos “con sus familias, que es donde mejor están”.
A Mercedes Jiménez, doctora en Antropología especializada en infancia migrante que lleva años siguiendo de cerca esta realidad, estos argumentos con los que se trata de desempolvar el acuerdo le resultan familiares. “Detrás del discurso de las repatriaciones no hay un deseo de garantizar su derecho a vivir en familia, sino de quitarnos a los niños de encima”.
A su juicio, las repatriaciones de menores, durante los diferentes Gobiernos, “siempre han sido una orientación política que se ha puesto sobre la mesa en tiempos de ‘crisis”, donde las llegadas aumentan, como en 2006, el momento de la llamada 'crisis de los cayucos', ejemplifica. “El ángulo no es proteger a estos niños, sino gestionar el flujo, y las expulsiones se disfrazan de reagrupación. Se usa políticamente su derecho a vivir en familia como una forma amable de control”, recalca la investigadora, que reside en Tánger.
El TC condenó en 2008 las repatriaciones sin garantías
Son varios los organismos y las ONG que señalaron con el dedo a España por las condiciones en las que deportaba, hace más de una década, a los menores marroquíes a su país de origen. Entre ellos el Comité de los Derechos del Niño, que expresó su preocupación por las denuncias recibidas por malos tratos por parte de la Policía durante la “expulsión forzosa” a Marruecos, niños y adolescentes deportados sin tener acceso a la asistencia letrada ni a los servicios de interpretación o casos de expulsiones sin procurar que eran devueltos a sus familias o a los organismos de asistencia social.
En 2006, un año antes de que se firmara el acuerdo, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, la Fundación Raíces y la asociación Alkhaima de Marruecos, en la que trabajaba Jiménez, comenzaron a constatar casos de “reagrupaciones familiares” que se llevaron a cabo como “expulsiones sin garantías”. Uno de ellos, el caso de un menor cuyo retorno se consiguió detener cinco minutos antes de que despegara el avión que le iba a llevar de vuelta a Marruecos.
El caso terminó, de la mano del abogado Nacho de la Mata, en el Tribunal Constitucional, que en 2008 concluyó que no se le escuchó, se realizó sin asistencia letrada y sin evaluar si se daban las circunstancias familiares y sociales para garantizar su protección en Marruecos. Se reconoció el derecho de los menores a defenderse judicialmente, es decir, a ser oídos y a oponerse a cualquier decisión que se adopte contra ellos si creen que lo que pretenden sus tutores les perjudica. Y tenían derecho a hacerlo con asistencia letrada. Hasta entonces, los servicios de protección eran los que iniciaban los procesos de repatriación y, a la vez, seguían siendo sus representantes legales.
Pero no fue el único caso. Desde Raíces y Alkhaima documentaron en aquellos años más de 250 repatriaciones “sin garantías”. “Llevamos muchos casos a los tribunales que también obtuvieron sentencias favorables a los intereses de los menores, que en todos los casos suponía que el niño quería quedarse en España”, recuerda Reyzábal. Esa jurisprudencia fue lo que consiguió que las repatriaciones se tuvieran que ejecutar con mayores garantías y se modificara la ley de Extranjería. “Se consiguió poner fin a las repatriaciones de menores migrantes siempre que fuera en contra de su voluntad. En algún caso en que España ejecutó la orden de repatriación de esta forma, algún Juzgado condenó al Gobierno español a volver a traer al menor y reconocerle todos sus derechos”. Según Amnistía Internacional, los jueces se pronunciaron sobre graves irregularidades en los procesos de repatriación de menores en 11 sentencias del 2006 y 2007.
En la práctica, si el proceso respeta todas las garantías, entre ellas escuchar qué es lo que quiere el menor, la mayoría prefiere quedarse en España, según explican Reyzábal y Jiménez. “El hecho de que exista un acuerdo bilateral que se pueda utilizar no debería preocuparnos demasiado si el Gobierno asume, sin fisuras, que por encima de cualquier acuerdo o protocolo están las leyes. De aplicarse, debería hacerse cumpliendo con todas las garantías y con el único objetivo de la reunificación familiar”, sostiene la presidenta de Raíces.
Pero es aquí donde se despiertan algunos de sus temores: que no se evalúe caso por caso y que los menores no sean escuchados. “El acuerdo menciona como garantías las leyes nacionales e internacionales, pero falla porque es demasiado abierto y no se concretan estos derechos -a ser oído, por ejemplo-. Si la solución mejor es que vuelva con su familia de origen después tiene que haber, además, un seguimiento. Hay que cerciorarse de que no lleguemos a hacer devoluciones de forma automática”, señala Noemí Alarcón, letrada especializada en Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española.
La falta de un sistema de protección en Marruecos
Las expertas recuerdan que los retornos solo pueden realizarse en casos muy específicos. “No hay una sola respuesta, hay casos puntuales de niños que quieren volver, nunca hay una medida para todo el colectivo. Es cierto que hay algunos que proceden de familias normalizadas, pero otros muchos no. Otros huyen de contextos de violencia o pobreza”, resume Jiménez. “La mayoría de los niños y niñas que nos llegan a España desde Marruecos han salido de su país huyendo de la situación de desamparo que vivían allí y, por tanto, no se puede pensar que su interés superior sea volver a esa misma situación”, concluye Reyzábal.
En este sentido, la propuesta de que las autoridades marroquíes reactiven el acuerdo para facilitar las repatriaciones presenta, dicen, un último riesgo: la falta de un sistema articulado y una ley que contemplen proteger a estos jóvenes una vez en Marruecos. Si los niños y adolescentes no pueden volver con sus familias, deberían ser integrados en unos servicios de protección con estándares mínimos que, insisten, no existen en el país vecino.
La consejera andaluza defendió los 17 centros habilitados por la Junta de Andalucía en el norte de Marruecos para acoger a los chicos repatriados que no pueden volver con sus familias. Tras el acuerdo de 2007 para facilitar la colaboración en los retornos el Gobierno central y las comunidades autónomas invirtieron millones de euros para construir centros en varias localidades marroquíes en concepto de “cooperación al desarrollo”, una política que reivindicó el pasado miércoles Sánchez Rubio.
“Estos centros han sido un fiasco”, opina Jiménez. “Los niños no migran para meterse en un centro, sino para buscarse la vida. Y hay que acompañarles en buscar este proyecto de vida. Claro que Marruecos debe responsabilizarse, pero tiene que hacerlo de todas las rupturas que les llevan a migrar. Los niños no pueden ser una moneda de cambio en las relaciones con Marruecos y aplicar o no este acuerdo tampoco puede depender del viento político”, sentencia.