Toumani (nombre ficticio) tiene 15 años y, si no fuera por un compatriota de Mali que lo ha acogido en su casa, hoy dormiría en la calle. O buscando la solidaridad de algún conocido o algún albergue en el que pasar la noche. Toumani llegó solo a España, saltando la valla de Melilla, “porque en Mali no me quedaba nadie”, cuenta a eldiario.es. Debería entrar en el sistema de protección de menores de la región donde reside, como cualquier menor que se encuentra solo en España, pero la Fiscalía provincial de Barcelona lo ha rechazado porque considera que su pasaporte, emitido en la Embajada de Mali en Madrid, no prueba suficientemente su edad.
“La Fiscalía dice que el pasaporte no es bueno”, repite varias veces Toumani al otro lado del teléfono desde Barcelona. No puede entender el motivo, porque la Sección de Menores de la Fiscalía no se lo ha explicado. “Que no es bueno, eso es todo”. La denegación de su pasaporte, que tramitó en la Embajada de Mali, según afirma el joven y la Fundación Raíces (que lo acompañó a presentar los papeles necesarios para obtenerlo), le priva de una cama, de un equipo de personas responsables de él, de una ración suficiente de comida al día, del derecho a su educación. “Estoy en casa de un compañero de Mali y él me paga la comida, todo”, dice Toumani.
Cuando un menor inmigrante llega solo a España, la Administración (las comunidades autónomas) debe asumir su tutela y cuidado. En ocasiones, los jóvenes llegan sin documentación y, para los casos en los que la minoría de edad no es evidente por la apariencia física, la Ley de Extranjería indica que el Ministerio Fiscal podrá solicitar pruebas médicas de determinación de la edad. La práctica demostró, a través de numerosos casos que llegaron a los tribunales, que los fiscales ordenaban estas pruebas de edad no solo a adolescentes indocumentados, sino también a jóvenes con pasaporte válido.
El Tribunal Supremo zanjó las dudas de los fiscales al respecto el año pasado, en dos sentencias que sentaron jurisprudencia: un menor con un pasaporte válido no puede ser ser sometido a las pruebas de edad. “El inmigrante de cuyo pasaporte o documento equivalente de identidad se desprenda su minoría de edad no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad”, reza el texto.
Si hay dudas sobre la veracidad del documento, este debe ser impugnado –indicó el Supremo– pero no se puede dejar a los chavales sin protección y con su pasaporte en la mano, que además servirá para otros trámites, como ha denunciado en numerosas ocasiones la Fundación Raíces. “Los tribunales tendrán que hacer un juicio de proporcionalidad sobre las razones por las que se considera que el documento no es fiable”, dictó la sala del Supremo.
La Fiscalía no se fía de pasaportes de países africanos
A pesar de las sentencias del Supremo, no se ha terminado con esta mala práctica. “Ya he ganado ocho casos similares a este de menores africanos con pasaporte en el Tribunal Supremo desde entonces”, explica el abogado de la asociación Noves Vies Albert Pares, que ha defendido el derecho de Toumani a ser tutelado por la Administración. “Esto cada vez va peor”, dice con rabia a su salida de la Fiscalía. Toumani se queda en la calle, pero recurrirán el cierre de su expediente de protección.
Toumani entró a España superando la valla de concertinas de Melilla, tras sufrir el monte Gurugú de Marruecos y cruzar Argelia. Hace “un año y dos meses” dejó su hogar, “cuando murió mi padre, no me quedaba nadie en Mali”. En Melilla, no sabía qué hacer y ocultó su verdadero nombre y su nacionalidad. “Hay muchos problemas en Melilla, es muy muy duro”, afirma el chico.
Cuando llegó a Murcia confesó a los técnicos de una ONG que lo acogió que tenía 15 años. Asesorado por ellos, pidió a su país su partida de nacimiento y fueron con ella a la Policía Nacional, “pero me dijeron que no era oficial y me hicieron las pruebas de edad, la radiografía”, explica Toumani. Estos análisis médicos, criticados por la Defensora del Pueblo y varias ONG por su margen de error, concluyeron que es mayor de edad.
Con la colaboración del personal de Fundación Raíces acudió en mayo a la Embajada de Mali en Madrid para tramitar su pasaporte y una carta de identificación, que prueban su fecha de nacimiento: diciembre de 1999. “Acompañamos a Toumani al igual que a muchos otros chicos a los que siguen rechazando sus pasaportes”, denuncia Lourdes Reyzábal, presidenta de Fundación Raíces.
La Fiscalía concluye que este documento no es prueba “suficiente” para acreditar su edad, en una declaración firmada este 22 de octubre a la que ha tenido acceso este medio, y se remite a las pruebas de edad que le hicieron en Murcia para declararle mayor de 18 años. “Es evidente que no hay que creer lo que pone en el pasaporte, a menos que nos obligue un Tratado Internacional, que no es el caso, sólo obliga con Marruecos, y es dudoso si con Túnez, Argelia y Mauritania”, indica a eldiario.es un portavoz de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Toumani ha salido de la Fiscalía con su pasaporte, porque como ocurre generalmente el documento no lo han invalidado.
Lourdes Reyzábal recuerda que el protocolo del Gobierno sobre menores extranjeros no acompañados (como se conoce a este niños) deja una vía abierta a primen unas pruebas de edad previas a la presentación de un pasaporte. “El protocolo lo hemos recurrido y ahora está en la Audiencia Nacional”. Fuentes del Supremo afirmaron a eldiario.es que este punto contradecía su doctrina y debía ser modificado.
José Miguel Sánchez Tomás, experto en Derecho de Extranjería y profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos, indica además que la reciente Ley de Protección a la infancia y la adolescencia “vuelve a mencionar las dudas sobre los pasaportes” para realizar pruebas de edad, aunque indica que se debe justificar esas dudas. “Pero se ha legislado después de lo que ha dicho el Supremo y ahora estamos en un 'impasse”, dice.
Adika, un adolescente de Ghana, también se quedó en la calle por una resolución de la misma Fiscalía a pesar de que la Embajada de Ghana en Madrid confirmó a eldiario.es que había emitido su pasaporte. “Tienen que aceptarlo, lleva la firma del cónsul y el sello de Ghana”, explicaban a este medio desde la institución.
Adika cumplió en agosto 18 años. El miedo del abogado Albert Pares y de organizaciones como Fundación Raíces es el daño causado a estos chicos, su gran vulnerabilidad durante el tiempo en el que se encuentran sin protección. Para cuando los tribunales les dan la razón a veces ya son mayores de edad. Toumani es optimista: “Espero que todo vaya bien, poder entrar en un centro y jugar al fútbol”, dice antes de colgar. En dos meses cumple 16 años.