La ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, se ha referido durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros a las familias de solicitantes de asilo que en las últimas semanas, con la llegada del frío, se ven en la calle sin un lugar en el que dormir con menores a su cargo en ciudades como Madrid.
Preguntada acerca de las medidas que el Ejecutivo pretende llevar a cabo, Celaá ha defendido que el Gobierno tiene “muchas actuaciones en marcha” y ha pedido “al resto de instituciones que hagan su labor” para evitar esta situación. La competencia directa sobre el sistema estatal de acogida a solicitantes de asilo recae en el Ministerio de Trabajo.
“Son niños y niñas que preocupan a este Gobierno. Sí que nos sorprende que desde algunas comunidades, especialmente esta, se permita que haya niños durmiendo en la calle en este momento del año”, ha dicho la ministra portavoz. No obstante, no es un problema nuevo. El año pasado, también en noviembre, varias familias solicitantes de asilo fueron desalojadas de la sede del Samur social en Madrid con niños pequeños a su cargo, como documentó eldiario.es.
“Tenemos actuaciones en marcha, hemos trabajado y queremos que el resto de instituciones que correspondan hagan su labor, porque es una cuestión que afecta al bienestar y a la dignidad de las personas”, ha afirmado. El pasado viernes, más de 30 personas afectadas presentaron dos quejas ante el Ministerio de Trabajo y Ayuntamiento de Madrid, a quienes señalan como responsables de una situación “indigna”.
Muchas de ellas están siendo acogidas por vecinos y voluntarios como los de la parroquia San Carlos Borromeo, que han criticado en reiteradas ocasiones la respuesta insuficiente de las administraciones. Su párroco, Javier Baeza, reclama al Ministerio de Trabajo “que ponga en marcha la política necesaria para que funcione el programa de ayuda humanitaria de las personas susceptibles de refugio, para que estas puedan ser acogidas con un recurso no tan precario como el que ahora mismo estamos ofreciendo”. Asimismo, pide al Consistorio que reconozca que el Samur social es “incapaz de dar respuesta a las urgencias en la ciudad de Madrid”. “Pedimos al Ayuntamiento que cambie el Samur o que se cambie la política de acogida”, insistió.
La Red Solidaria de Acogida, otro de los colectivos que están apoyando a las familias refugiadas, también critican la “indiferencia” de la Comunidad de Madrid. “Ni está, ni se la espera”, señalan en un mensaje en Twitter.
Las organizaciones especializadas llevan tiempo alertando del “colapso” que sufre el sistema de asilo español. La demora que sufren desde hace tiempo quienes tratan de oficializar su demanda de protección internacional ante el Ministerio de Trabajo, en el que recae la competencia en materia de asilo, deja a decenas de personas en la calle. Los solicitantes de protección no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud. Así, al carecer de recursos, muchos se quedan sin un lugar donde dormir, y es el Consistorio quien debe hacerse cargo de la situación de emergencia de estas personas hasta que entran a formar parte de la red estatal de acogida.
Ayuntamiento y Ministerio llevan más de un año acusándose mutuamente por no asumir sus competencias. En respuesta a las últimas acusaciones del Ayuntamiento, la Secretaría de Estado de Migraciones señaló el pasado jueves que “en la última semana, se ha hecho cargo de 420 personas, de las cuales más de la mitad proceden de los servicios municipales”. “Desde que el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento tomó posesión, el sistema de acogida estatal ha asignado en Madrid un total de 2.365 plazas, 1.413 de las cuales habían acudido inicialmente al consistorio”, recalcaron.
Tras meses de peticiones por parte del Consistorio, que propuso la cesión de siete espacios para los solicitantes de asilo, el Ministerio dio el visto bueno a dos: la Residencia Nuestra Señora de la Paloma, ubicada en Cercedilla, y el Pabellón Cruz Roja II, en Casa de Campo. El centro de Cercedilla, gestionado por Cruz Roja, abrió el pasado 6 de noviembre con una capacidad de 120 plazas. Sin embargo, ya están ocupadas, según recoge El País, lo que lleva a estas personas al mismo punto: depender de la solidaridad vecinal para poder tener un techo bajo el que dormir.