El Gobierno reitera su negativa al impulso de un proceso de regularización masivo de personas sin papeles en España como el planteado por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, el mismo que exigen desde hace meses un millar de colectivos sociales. Tras la propuesta del grupo confederal, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiterado a eldiario.es que esta medida sigue sin ser contemplada en el marco de su política migratoria, a pesar de la clara apuesta anunciada este miércoles por el partido de sus socios de gobierno.
“Seguimos apostando por una política que incentive una migración regular, segura y ordenada”, han respondido fuentes del departamento dirigido por José Luis Escrivá, que defiende seguir trabajando en una flexibilización de la Ley de Extranjería y la simplificación de los trámites exigidos en las autorizaciones de trabajo a los inmigrantes, pero sin dar el paso a una regularización generalizada. “Las medidas que hemos impulsado, muchas de ellas inéditas hasta el momento como la autorización de trabajo a los menores extranjeros no acompañados, aportan seguridad jurídica y aseguran el acompañamiento sociolaboral y el seguimiento y análisis del impacto y eficacia de las mismas”, defienden las mismas fuentes.
El Ministerio con competencia en desarrollar la medida ha explicado que mantendrá su “línea de trabajo” marcada hasta el momento, que siempre ha descartado una regularización masiva. “Nuestra línea de trabajo va a seguir siendo esta: la del diseño de una política migratoria que asegura itinerarios de inclusión sociolaboral”, reiteran las mismas fuentes. En una rueda de prensa organizada con este fin, el portavoz del grupo confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Pablo Echenique, planteó otorgar los papeles a todas las personas que viviesen en España en situación irregular antes de la declaración del estado de alarma y la concesión de la nacionalidad española por carta de naturaleza a todos los extranjeros “que hayan desempeñado labores esenciales durante el estado de alarma y que así lo soliciten”.
Horas después de la propuesta anunciada por Unidas Podemos, Pedro Sánchez esquivó responder en rueda de prensa sobre la concesión masiva de papeles a inmigrantes. El presidente se limitó a destacar algunas de las reformas concretas aprobadas por el Gobierno en determinados sectores durante la crisis sanitaria, consideradas insuficientes por las organizaciones de migrantes.
“No sé muy bien si se refiere a una regularización completa, pero ha habido colectivos vinculados con el sector agroalimentario, que hemos específicamente regularizado su situación para que precisamente salgan de esa situación de anormalidad y de economía sumergida y puedan trabajar”, señaló Sánchez, en referencia a la concesión de permisos de trabajo a jóvenes inmigrantes que, aunque contaban con permiso de residencia, no podían realizar una actividad laboral. Este permiso ha sido prorrogado por dos años, pero ha tenido un alcance muy específico.
Desde el lanzamiento de la campaña Regularización Ya, el Gobierno se ha negado a empujar una medida de estas características. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, aseguró en el Senado a mediados de mayo que una concesión masiva de documentación no estaba incluida dentro de “las condiciones especiales” en las que el marco normativo europeo permitiría esta medida, una afirmación que se ha encontrado con el rechazo de expertos, que aseguran que existen canales para impulsar este proceso tanto en la normativa española como en la comunitaria.
En relación a los programas de regularización impulsados en el contexto de la pandemia en Portugal e Italia, el Gobierno considera que ambos países viven “situaciones diferentes” a la existente en España. “En Portugal, se impulsó la medida porque los migrantes no tenían acceso a sanidad pública, cuando aquí sí tienen. En Italia se produjo para cubrir la necesidad de mano de obra en el campo- La situación de estos países es distinta a la que nosotros tenemos”, insistió la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, en una reciente entrevista publicada con eldiario.es.
“Nosotros hemos adoptado medidas de las que esperamos un impacto mayor al que pueda tener una regularización, pues tendrán una mayor duración en el tiempo y proporcionarán más seguridad jurídica a la larga”, confió Jalloul. “Ahora estamos en el proceso de evaluación de las medidas. No podemos hablar de otro tipo de iniciativas, como pueden ser la regularización, cuando no hemos evaluado los resultados de las baterías de medidas ya aprobadas. Vamos a ver cómo funcionan y, en todo caso, podemos hablar de otras cosas”, añadió la responsable de las políticas migratorias en lo que respecta a inclusión y acogida.
A finales de junio, la portavoz del Gobierno zanjó cualquier duda sobre la posición del Ejecutivo sobre una regularización. “No ha habido debate en el Consejo de Ministros sobre el tema de la regularización ni sobre el flujo de migrantes, nuestra posición siempre ha sido bastante ordenada y clara para permitir que la entrada de personas en nuestro país tenga todas las condiciones para que se pueda hacer con la mejor perspectiva para las personas que vienen y para que se desarrollen en un marco de normalidad con el conjunto de las personas que están”, indicó María Jesús Montero, tras el registro en el Ceongreso de una Proposición No de Ley al respecto por por Unidas Podemos, ERC, EH Bildu, Compromís, Más País-EQUO y la CUP, entre otras formaciones.
Este miércoles, la formación morada decidió dar un paso más para conseguir apoyos en el Congreso y, a su vez, presionar al sector socialista del Gobierno, del que dependen la política migratorias, a impulsar un proceso de regularización similar al aprobado en 2005 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.