Desde hace doce inviernos el inhóspito clima de Calais, al norte de Francia, azota los plásticos que cubren el mar de chabolas de la “Jungla”, el mayor campamento de refugiados de Europa. A las inclemencias del viento y la lluvia se ha sumado la ratificación por parte del Tribunal Administrativo de Lille de la orden del Gobierno francés de desalojar la zona sur del campamento, el corazón social de la Jungla.
Ahmad ha perdido la cuenta de cuántas veces intentó colarse en un camión para atravesar la frontera británica, reunirse con su familia al otro lado del Atlántico y conseguir un trabajo y una vida digna lejos de la guerra. Este joven afgano caminó durante siete meses hasta llegar a la Jungla, donde lleva desde diciembre. Ahmad se muestra animado para seguir intentándolo y, mientras tanto, gestiona la biblioteca del campamento, situada en la zona que pronto quedará reducida a escombros.
La noche está al caer, así que busca combustible y enciende el motor que permite iluminar la lectura de quienes se acercan para disfrutar de una novela, hacer ejercicios de gramática o consultar un mapa.
Al caer el sol, en medio del ruido de los plásticos y los generadores eléctricos, la calle principal de la zona sur se llena de puestos de venta e intercambio de ropa, zapatos y cargadores de móviles. Alrededor de este mercado improvisado los pequeños comerciantes encienden sus luces de colores y brotan las conversaciones en torno a un té o un plato de comida.
El sector sur de la Jungla es el eje central de la integración y convivencia de quienes allí sobreviven. Pero este jueves la preocupación volvió a los rostros de los refugiados cuando la jueza de instrucción de Lille desestimó el recurso que varias asociaciones sociales habían presentado contra la orden de demolición emitida el viernes 19 de febrero. La jueza, que visitó el campamento el martes y escuchó las demandas de los residentes, ratificó la eliminación de la zona sur.
En este área viven actualmente 3.700 personas, entre ellas 293 menores sin tutela –90 tienen familia en Reino Unido–, según el censo elaborado por las asociaciones y ONG que operan sobre el terreno. El Ayuntamiento de Calais y el Gobierno de François Hollande, grandes ausentes de la Jungla, reducen la cifra a entre 800 y 1.000 personas.
“Hemos logrado crear un entorno seguro donde conviven personas de distintas comunidades y credos, eso es algo maravilloso en este lugar”, explica el representante designado por la comunidad de refugiados eritreos. “En Naciones Unidas los países están muy divididos, pero aquí somos una única comunidad con diversas culturas”. Aunque los refugiados tienden a agruparse por nacionalidades, existe un elevado grado de interacción que supera las diferencias lingüísticas y facilita la construcción de viviendas, el reparto de alimentos y la creación de lugares de culto, explica este refugiado eritreo que pide el anonimato por miedo a represalias por parte de las autoridades.
Además de una iglesia, varias mezquitas, una emisora de radio, un teatro y otros centros de reunión, la zona sur del campamento alberga el centro de acogida de mujeres y niños, la población más vulnerable del asentamiento. “Aquí hay casi 300 niños que llegaron totalmente solos, somos su única referencia. Si destruyen el centro, ¿dónde irán estos niños?”, se pregunta Emilie P., voluntaria de esta instalación.
El destino sigue siendo Reino Unido
Jungala Radio, la emisora local del campamento, recibió en los últimos días a cientos de refugiados que grabaron sus testimonios para que las asociaciones solidarias los presentaran ante la jueza. Durante su visita al campamento el pasado martes, varias integrantes del centro de mujeres recordaron a la jueza la obligación legal del Estado francés de proteger a los menores.
En declaraciones recientes, representantes del Gobierno francés dijeron que ofrecerán cobijo a los desahuciados en alguno de los 102 centros de acogida temporal que hay repartidos por todo el país, aunque la decisión choca con el miedo de los refugiados a que la policía registre sus huellas dactilares, lo que les impediría solicitar asilo en Reino Unido. El Ejecutivo de Hollande también esgrimió la existencia de 200 plazas vacantes en los containers instalados por el Gobierno en la zona este de la Jungla, aunque la obligación de registrar la huella morfológica de la mano para acceder a ellos hace que la mayor parte de los refugiados prefiera trasnochar a la intemperie.
“Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí, estamos a un paso de nuestro destino y preferimos dormir en la calle antes que perder la oportunidad”, declara Bashir, kurdo sirio procedente de Kobane.
Según la alcaldesa de Calais, la demolición tiene como objetivo “proteger la dignidad de los refugiados que viven en unas condiciones insalubres”. Ana Ijea, voluntaria española de la ONG Care 4 Calais, afirma que “dejar a esas personas sin hogar es una violación de los derechos humanos. Parece una forma de deshacerse del problema sin resolverlo”.
Habibi, refugiado afgano que se define como “fotógrafo, músico y constructor de casas en la Jungla”, opina lo contrario: “Yo me construí esta casa, si me la destruyen me quitan una parte de mi vida”, dice mientras señala el conjunto de palets y plásticos en el que pernocta.
Sin fecha de demolición
Por el momento las autoridades francesas se reservan el factor sorpresa y no han anunciado la fecha en que las excavadoras irrumpirán en la zona sur de la Jungla. Lo que sí ha asegurado la jueza es que la demolición no se aplicará a “lugares cuidadosamente diseñados que satisfacen una necesidad real”, en alusión a los espacios sociales que se concentran en el área.
Refugiados y voluntarios se muestran escépticos ya que el sentido y la identidad de estos lugares residen en quién los ocupa. “Si expulsan a la gente, solo quedarán algunas barracas de madera y plástico”, afirma Samir, refugiado afgano y antiguo traductor de las fuerzas de la OTAN que decidió quedarse en Francia después de ser atropellado por un camión al intentar cruzar a Reino Unido. “Pido a los países europeos que creen un campamento donde estas personas puedan vivir temporalmente como seres humanos”, exclama este joven refugiado.
“No puedo aceptar que haya gente en cabañas sin ningún tipo de higiene”. Natacha Bouchart, alcaldesa de Calais, esgrime la dramática situación del “campamento de miseria”, según sus palabras, y critica el impacto negativo que la Jungla tiene sobre la imagen de esta localidad de 70.000 habitantes para exigir su demolición. La tensión con los grupos de extrema derecha y el aumento de episodios violentos en las últimas semanas han hecho que muchos refugiados decidan trasladarse a la ciudad de Dunkerque, a 20 kilómetros de Calais, e incluso a Bélgica, donde este miércoles el ministro de Interior, Jan Jambon, anunció el establecimiento de controles fronterizos para “evitar que en nuestro país se creen campamentos como en Calais”.
A pesar de estar en territorio europeo, el miedo vuelve a instalarse entre los refugiados de la Jungla que huyen de las guerras en Afganistán, Siria, Yemen, Somalia, Irak, Sudán y otros países. La mayoría rechaza la idea de marcharse a otro lugar ahora que por fin se encuentran a menos de 30 kilómetros de su destino final. “No lucharemos contra la policía, pero protestaremos civilizadamente”, afirmó el representante de la comunidad eritrea.