Grecia vuelve a ser el primer punto de entrada irregular a la Unión Europea
Grecia vuelve a ser en 2019 el primer país de recepción para los refugiados e inmigrantes que intentan alcanzar Europa. Según apunta ACNUR, un total de 9,981 personas llegaron a tierras helenas en lo que va de año. Por la ruta que atraviesa España, la más transitada hasta en 2018, han pasado 7.986 personas en el mismo periodo de tiempo.
La mayoría de llegadas a Grecia se producen por mar: un total de 6,313 migrantes llegaron en precarias embarcaciones, mientras que 3,668 lo hicieron por la vía terrestre. El paso del Evros, río que separa Turquía y Grecia, es la ruta más utilizada para los que no quieren embarcarse en el Egeo. Según han afirmado en diversas ocasiones las principales organizaciones humanitarias, la zona del Evros está cada vez más concurrida: en 2017 cruzaron 6,592 personas, mientras que en 2018 se triplicó y alcanzó la cifra de 18,014.
En estos casos, los migrantes que consiguen alcanzar Grecia, lo hacen directamente al continente, esquivando así los efectos del acuerdo UE-Turquía.
Eva Cossé, especialista en Grecia de Human Rights Watch, explica que las máximas preocupaciones en esa zona son las deportaciones en caliente. “La policía griega les expulsa de forma violenta”, afirma a eldiario.es. También destaca que las condiciones en los campos de registro no son adecuadas y fija su atención en las mujeres. “Nos preocupan las condiciones de los centros de detención, donde muchos refugiados no reciben el asesoramiento legal necesario para pedir el asilo y hay una gran falta de información. También vimos que algunas mujeres embarazadas no recibían la atención médica necesaria al llegar o las separaban de sus maridos durante días”.
En las islas, la situación tampoco mejora. En Samos, la saturación ha deteriorado de manera drástica las condiciones del principal campo, Vathy, donde malviven 3.200 personas en un espacio de 648. Anna Pantelia, trabajadora de Médicos Sin Fronteras, destaca que recientemente pudieron abandonar el campo alrededor de mil personas, pero “la situación es la misma, nada ha cambiado”, reitera.
En Moria, principal campo de refugiados de la isla de Lesbos, las condiciones son similares: 5.000 personas para un campo con capacidad para poco más de 3,000. Leonidas Alexakis, doctor para Médicos Sin Fronteras, describe desde el terreno para eldiario.es los números que ya se conocen, pero subraya que “poco a poco irán aumentando más debido a las condiciones meteorológicas”. Cuanto más cálidos son los meses, mayor suele ser el número de embarcaciones que llegan a las costas.
A las preocupaciones se suman, añade Alexakis, todo tipo de enfermedades que “nunca veríamos si estuviésemos en sitios limpios o en casas, aquí hay muchos problemas de higiene”, denuncia.
La última situación denunciada por MSF en Lesbos es el caso de un refugiado con visibles problemas de salud mental. “Lo deportaron a Turquía el pasado 18 de abril”, afirma la trabajadora de MSF, Anna Pantelia. “Como organización médica no podemos opinar sobre un procedimiento legal, pero podemos afirmar que esta persona no tiene la salud para ser detenida ni deportada”, añade.
Según concluye MSF en un comunicado, “este tipo de situaciones ilustra perfectamente las brechas en el procedimiento de asilo para reconocer vulnerabilidades”. Los colectivos vulnerables suelen tener altas probabilidades, no solamente de resolver el proceso de asilo con mayor rapidez, sino también de abandonar las islas e ir a un lugar mejor en tierra firme. Su caso, aunque es extremo, no es aislado. Alexakis denuncia que “algunos pacientes no pueden hacerse pruebas médicas de importante calibre que demostrarían que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. Pero Lesbos no goza de estas instalaciones y muchos deben seguir en precarias condiciones en los campos.
El año de la crisis de acogida
En 2015 el país heleno fue puerto de llegada de más de un millón de refugiados, un escenario que desbordó al país. “Las llegadas eran masivas, los habitantes de la isla se tiraban al mar para salvarlos”, afirmaba para eldiario.es Theodoros Alexellis, coordinador de ACNUR en la isla de Lesbos. Pero el objetivo de la mayoría de los migrantes no era permanecer en Grecia, sino dirigirse hacia los Balcanes para continuar la ruta a países del centro de Europa.
Los interminables corrillos humanos huyendo de la conflicto y persecución sufrida en Irak, Siria o Afganistán ya eran una realidad dentro de suelo europeo. De tal forma, las fronteras de países como Bulgaria o Macedonia se reforzaron y la situación, si ya era difícil para Grecia, empeoró hasta dejarla aislada: los migrantes llegaban y no podían salir.
Fue entonces cuando Bruselas ratificó el pacto UE-Turquía, con el objetivo de frenar las llegadas a las islas griegas. El acuerdo suponía que aquellos refugiados que llegaran a las islas no podrían continuar su camino. Por lo tanto, quedarían varados en un campo de refugiados hasta que las autoridades griegas decidiesen darles luz verde para viajar a tierra continental.
Muchos lo siguen sufriendo hoy en día en campos como Moria o Vathy, donde las condiciones insalubres y la sobresaturación ha sido constante desde que Jean-Claude Juncker y Ahmet Davutoğlu, representando a la UE y Turquía, respectivamente, se estrecharon la mano para firmar el documento. Más tarde, se congratularon: las llegadas al conjunto insular decrecieron y Turquía absorbió casi la totalidad de refugiados que utilizaban esa ruta. Grecia dejó de ser el país de la Unión Europea por la que más migrantes entraban de forma irregular a la Unión Europea.
La Italia con y sin Salvini
Cerrado el paso por Grecia, Italia era el principal punto de entrada a Europa durante 2016 y 2017. Lampedusa o Sicilia, entre otros, eran el nuevo foco. Más de siete mil personas murieron en dos años. Durante ese tiempo, alcanzaron el 181,436 y 119,369 inmigrantes y refugiados (respectivamente).
Durante este tiempo, aunque a gran distancia de las cifras registradas en Italia, el flujo migratorio por la ruta que atraviesa España presentaba aumentos significativos año tras año.
Eva Cossé, de HRW, no quiere especular sobre los motivos que provocan un aumento o descenso en el número de llegadas. “Cada zona es diferente y recibe personas de distintas procedencias dependiendo de lo que ocurra en sus países de origen”, destaca.
Después de que Matteo Salvini adquiriese la cartera como ministro del Interior la situación dio un giro: puertos cerrados y negativas al auxilio de aquellos que llegaban. Meses después, llegó la nueva ley de seguridad promulgada por el ultraderechista, por la que muchos inmigrantes, pese a contar con un permiso de residencia, no podían vivir en sus centros de acogida y muchos se quedaron en la calle. En 2018, año en que tomó posesión, la bajada en las llegadas se confirmó: 23,370.
España pacta con Marruecos
Con Italia y Grecia blindadas gracias a los acuerdos europeos, España pasó a encabezar el número de entradas clandestinas en 2018: Más de 65,000 personas llegaron de forma irregular, una cifra inferior a las registradas en Italia y Grecia en años anteriores. Poco después, las autoridades europeas pactaron con Marruecos un control más exhaustivo de las fronteras a cambio de 140 millones de euros.
Durante el verano, el Gobierno reactivó un acuerdo con Marruecos que permanecía prácticamente guardado en un cajón desde 1992, por el que permitía expulsar a quienes salten las vallas de Ceuta y Melilla en 24 horas: las llamadas “devoluciones exprés”. Sánchez mantuvo la práctica de las devoluciones en caliente de migrantes (inmediatas, realizadas a pie de valla y sin procedimiento previo) en sus fronteras terrestres a pesar de haberse comprometido a su derogación.
Por otro lado, los operativos policiales en Marruecos se fortalecieron tras la promesa de la Unión Europea de aprobar más fondos para el Reino alauí. A su vez, el Gobierno español está apoyando al país vecino en la creación de un “servicio de rescate” basado en el salvamento marítimo español, para lo que el Ejecutivo de Sánchez ha ofrecido barcos y programas formación.
Un informe reciente realizado por el CSIC y ACNUR revela que el 58% de los migrantes llegados a España a través de Marruecos o Argelia aseguran haber sufrido abusos y más de la mitad denuncian que los perpetradores fueron la policía y las fuerzas de seguridad.
En 2019, y hasta el día de hoy, a España ha llegado un total de 7.986 migrantes por la vía irregular, según los datos de ACNUR. Mientras, Grecia ha recibido 9.981 personas.
