“El que entra aquí ya no sale”, relata una de las mujeres que coge el teléfono de la sala de inadmitidos de la Terminal 1 del aeropuerto de Barajas y que rechaza dar su nombre. Le pasa el auricular a Judith (nombre ficticio), una joven venezolana que lleva 48 horas en esa estancia, a la espera de subirse al avión con el que pondrá fin de una forma precipitada a las vacaciones que le han durado tres escasos días.
Ella voló sola a Madrid. La capital era solo una parada en su itinerario con destino a Gibraltar. Con este viaje lo que buscaba era reencontrarse con su familia, a la que hacía tres años que no veía. Pero al final no ha sido posible. Un problema con la documentación que le solicitaban para entrar en España no le ha permitido cruzar el control fronterizo. “Por lo visto, la invitación de mi familia no es válida. Ellos tienen el domicilio en Gibraltar, y me han dicho que necesitaba una invitación española”, explica Judith, desanimada al pensar en sus tíos que la esperaban en el aeropuerto, a pocos metros de donde se encontraba, y a quienes no ha podido abrazar. Corrobora lo que ha dicho su compañera de sala, “una vez que entras aquí, solo queda esperar el vuelo de vuelta a casa”.
Después de ser apartada en el control, los agentes le hicieron una entrevista para conocer por qué quería venir a Madrid y le comunicaron que tenía que esperar tres días en la sala de inadmitidos hasta ser expulsada. “Estamos como presos. No nos dejan tener los teléfonos móviles, nada. Esto es un abuso, te tratan como si no tuvieses derechos. Te quitan todo, no puedes salir a respirar aire fresco, estás como en prisión”, denuncia a través del único teléfono que hay en esa estancia de la T1.
Para los viajeros y sus familiares esa cabina pública se convierte en la única forma que tienen de estar en contacto. “Somos 20 personas, la mayor parte latinos, aunque hay algún brasileño. El ambiente es raro, la gente está nerviosa. Veníamos con un viaje preparado y terminas en una especie de comisaría, en la que te dicen que te van a devolver a tu país”, apunta Judith.
En el aeropuerto madrileño hay dos salas de inadmitidos, una en la Terminal 1 y otra en la Terminal 4. Cada una puede albergar a 80 personas. A ellas van a parar los viajeros a los que no se les permite entrar en territorio nacional y que, a su vez, no han pedido asilo a las autoridades. Una vez allí, ya a la espera del vuelo de expulsión, la policía les despoja de sus enseres. “Les quitan el móvil, el portátil, las maletas y cualquier instrumento con el que puedan autolesionarse. Las cosas personales se quedan en la requisa”, indican fuentes de ONG que trabajan en Barajas.
A esta sala no acceden las entidades que defienden los derechos humanos. La asistencia social corre a cargo de AENA, que tiene a varias empleadas contratadas. Su función consiste en llevar a los viajeros aquellos enseres del exterior que necesiten, como tarjetas para utilizar la cabina de teléfono, cambio de divisas o comprar potitos para los bebés.
Aunque las ONG no pueden entrar dentro, las personas retenidas tienen acceso a un abogado. “Si el viajero no conoce a ningún letrado en España, el Colegio de Abogados le manda a algún abogado que esté de guardia para que le pueda asistir”, cuenta Marcelo Belgrane, jurista que ha participado en ese servicio.
Tanto Judith como otros viajeros que han pasado por esa sala de rechazados protestan por las condiciones. “No hay aire, no vemos el sol, no hay mucho espacio para andar. Pasar aquí dos días tiene que ser agobiante. Al final tengo suerte porque me voy esta misma noche”, apunta una mujer argentina que aterrizó el mismo día en el que eldiario.es contactó con ella.
La Defensora del Pueblo visitó en 2013 estas salas y sus quejas coinciden con las efectuadas por estas viajeras. Por eso, sugirió en el Informe de Mecanismo de Prevención de la Tortura de ese año que “estas personas puedan tener contacto con el exterior, al menos una hora al día”, sin que por ahora esta recomendación haya sido aceptada.
El caso de Christelle: 23 días encerrada
Se intenta que las personas inadmitidas estén en las salas de rechazo el menor tiempo posible. Aunque no existe un periodo máximo establecido que legalmente no se pueda superar, a partir de las 72 horas la Policía tiene que poner en conocimiento judicial que hay una persona retenida que está a disposición de ser retornada.
La camerunesa Christelle Nangdou permaneció 23 días en las salas de Barajas a la espera de que España le concediese asilo al estar perseguida en su país por ser lesbiana. En este caso su expulsión se fue alargando. Hasta en tres ocasiones se resistió a ser deportada. Al final, tras la presión social y política, después de que eldiario.es publicase su caso, salió del aeropuerto con un permiso de estancia por razón humanitaria y ha sido trasladada a un centro de acogida de una ONG.
“El caso de Christelle ha sido excepcional, normalmente las devoluciones se suelen ejecutar en el vuelo siguiente o lo antes posible. Ella se resistió a la devolución y eso alargó su estancia en la sala de inadmitidos”, relata Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de la activista LGTB camerunesa. Indica que su cliente pasó también por la sala de petición de asilo, donde permaneció los primeros diez días.
Según los datos que publicó el equipo de la Defensora del Pueblo después de su visita a estas estancias, 162 personas en el año 2012 y 101 en el año 2013 habían permanecido más de 72 horas retenidas en Barajas a la espera de ser expulsadas.
En la T4, la sala de inadmitidos es contigua a la de demandantes de asilo. A esta última sí que tienen acceso las ONG. En Barajas, CEAR y Cruz Roja son las entidades encargadas de aportar asistencia jurídica y social a las personas que solicitan refugio. “Permanecen en esta estancia durante el tiempo en que su solicitud de asilo es estudiada. Si fuese denegada pueden pedir un nuevo examen y si este es desestimado, son repatriados al país del que procedan”, apuntan fuentes de organizaciones que trabajan en el aeropuerto.
Añaden que generalmente en estas salas no suele haber problemas: “Los conflictos aparecen en la de embarque, antes de subirse al avión”. Asimismo, reconocen que a veces la Policía cambia a los viajeros de estancia, una vez que les ha sido denegado el asilo, si son rebeldes. “De la de demandantes de asilo les trasladan a la de inadmitidos para evitar el efecto contagio. Si los solicitantes de protección internacional ven que si se monta el 'pollo' no se marchan, la mayor parte lo haría”, finalizan.