De la 'crisis de los cayucos' tras el cierre de la ruta del Estrecho de Gibraltar en 2006 a las imágenes de barcas cargadas de refugiados en la isla de Lesbos. Según un informe de Podemos, los resultados de que países terceros como Marruecos, Libia o Turquía ejerzan de “tapón migratorio” son similares: “Descenso de las llegadas, aumento de las muertes, apertura de nuevas rutas más largas y peligrosas, empresas de seguridad aumentando sus beneficios y unas mafias reinando en el mercado negro de las migraciones generado por el cierre de rutas legales y seguras”.
Son las conclusiones del documento que la formación política ha presentado este viernes en el Congreso de los Diputados con el objetivo de analizar la “progresiva externalización de fronteras” que ha marcado, dicen, la política migratoria de la Unión Europea en los últimos años. Un repaso histórico con un punto de partida: el acuerdo con Turquía para contener las llegadas por el Mar Egeo en marzo de 2016, un pacto que la organización califica “informal”, ya que “nunca fue ratificado por institución democrática alguna”.
Desde entonces, “las personas migrantes parecen estar cada vez más condenadas a quedarse varadas en tránsito, sin un hogar al que poder volver y con un destino que les cierra las puertas”, critica el documento. Pero el acuerdo con el país otomano, según Podemos, solo supone un “salto de escala y cualitativo” en la dirección que las instituciones comunitarias emprendieron hace dos décadas.
De Schengen al nuevo Plan África
El informe se remonta a la creación del espacio Schengen en los años ochenta. “Para asegurarle a algunas personas ese derecho de movilidad sin fronteras interiores, había que negarle el derecho de entrada a quienes no pertenecían a dicho club, reforzando para ello las fronteras exteriores”, opinan los autores.
“Endurecer las condiciones de entrada y permanencia para nacionales de terceros países, recortar el derecho al asilo, reformar las leyes sobre extranjería, levantar muros con concertinas” o “firmar acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito” son, de acuerdo con el texto, algunas de las acciones llevadas a cabo por varios Estados miembros en estos años.
Así, recuerda el acuerdo de Italia con “la Libia de Gadafi para subcontratar una policía de fronteras a cambio de fondos y favores diplomáticos” o el caso “paradigmático” de la gestión española de la frontera Sur del continente mediante la cooperación con Marruecos. “El acuerdo UE-Turquía ha inaugurado una política migratoria en la que España es la avanzadilla”, ha recalcado el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán durante la presentación del trabajo.
“Nosotros hemos sido el laboratorio con las devoluciones en caliente, las deportaciones de menores o el uso de concertinas y municiones”, reitera la senadora Maribel Mora. “Europa invisibiliza las medidas fronterizas a la opinión pública, normaliza vulneraciones de derechos humanos y los vacía de contenido, como ocurre con el derecho de asilo. Esto ya lo comenzó a hacer España en los años ochenta con los primeros migrantes subsaharianos en Ceuta y Melilla”, prosigue.
La “externalización de fronteras” de la UE ha entrado, según la formación morada, en una nueva etapa en la que el proceso se “profundiza”. Y pone como ejemplo el acuerdo bilateral con Afganistán, firmado después de la declaración de Turquía “para facilitar el retorno y la readmisión de los nacionales afganos”, el segundo grupo más grande, después de los sirios, que solicita asilo en Europa. “Elimina uno de los países emisores más importantes gracias a una declaración de 'país seguro' más que discutible”, aseguran en el informe.
El documento también se refiere al “nuevo Plan África” anunciado en las cumbres de Malta y la puesta en marcha de la Agenda Europea de las Migraciones que “abre la puerta” a “replicar acuerdos bilaterales como el firmado con Turquía”. Según cálculos del grupo político, la Comisión Europea prevé invertir un total de 8.000 millones de euros en “países como Líbano, Jordania, Libia o Egipto, pero incluía también a otros como Sudán o Eritrea, gobernados por regímenes autoritarios”.
A cambio, apuntan, estos países “se comprometen a trabajar para hacer más efectiva la repatriación de migrantes en situación irregular sin derecho a recibir asilo”. El objetivo, según recalca el partido, es “pagar para que retengan en sus territorios o repelan, lejos de cualquier mirada impertinente, a quienes quieren llegar a Europa, pudiendo cometer en ese proceso violaciones de Derechos Humanos que los países europeos, auto-erigidos en guardianes de la democracia y los 'valores', no podrían permitirse de cara a la opinión pública”, sentencian.
Críticas al “negocio” de las fronteras
El partido explica en detalle la evolución de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), “que de tener un papel residual, ha pasado a ser la piedra angular en el este modelo de gestión migratoria”, así como su refuerzo presupuestario: de seis millones de euros en 2005 a 330 millones de euros en 2017. “Su papel en los hotspots –centros de registro– y en los retornos forzados o expulsiones”, lamentan los autores, “hacen ver que, en la práctica y a pesar de las buenas palabras, el papel de esta agencia está centrado en la misma óptica securitaria y de externalización de fronteras”.
Relacionadas con Frontex, señalan, están “las empresas privadas que fabrican el material que necesita, especialmente, la industria armamentística y la de tecnología punta”. Entre 2007 y 2013, la Unión Europea ha invertido 700 millones en protección de refugiados frente a 2.000 millones en seguridad fronteriza, de los que se han beneficiado corporaciones como Indra, Airbus o Thales, siempre según datos del dossier. “Una vez más las empresas han fabricado un boyante segmento de negocio y mucho más justificable ante la opinión pública que el de la defensa pura y dura”, sostienen.
La organización enmarca todo ello en un contexto de ascenso del “populismo xenófobo” en Europa y de “cosificación y estigmatización” de quienes migran, “convertidos en chivos expiatorios” desprovistos de su condición de sujetos de derecho. “Las políticas de austeridad están ligadas al aumento de la xenofobia política porque generan escasez y canalizan la guerra entre los últimos y los penúltimos”, asevera Urbán. “Estamos ante una 'lepenización' del espíritu de la política europea, todos empiezan a hablar como ella”, añade.
En el informe también hay espacio para la crítica a los medios de comunicación y las imágenes y mensajes que construyen “una idea que sobrevuela los imaginarios de espectadores y ciudadanos: invasión, peligro, amenaza”. El círculo se cierra, a su juicio, con “la represión del 'enemigo' en forma de normativas excepcionales y vulneradoras de derechos fundamentales”.
“Evidentemente, que más de un millón de personas llegue a las fronteras europeas en apenas unos meses constituye todo un desafío en términos migratorios, logísticos y humanos. Pero tampoco nos hagamos trampas: ese reto no era a priori tan 'desbordante' como se nos ha intentado contar”, concluyen en referencia al número de personas que ha llegado a Europa desde 2015, que “apenas representa el 0,2% de una población de 500 millones”.
Ante este escenario, la formación política propone que se abran vías seguras de llegada al continente europeo, entre ellas, que se pueda solicitar asilo en las oficinas diplomáticas de los Estados de la UE en países de tránsito. “Lo vamos a llevar dentro del paquete de medidas en las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado”, adelanta la diputada Ione Belarra. Asimismo, pide que se deroguen los acuerdos firmados con Turquía, Afganistán, Libia y Marruecos y se “suspenda el derecho al voto y la capacidad de representación” a los Estados miembros que “incumplan” los acuerdos en materia del derecho a movilidad.