Front-Lex y Refugees in Libya, dos organizaciones que trabajan para la defensa del derecho humanitario internacional y la protección del migrante, han presentado una acción legal contra Frontex en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJEU) por “no cumplir con sus obligaciones”. Su objetivo es que la agencia europea de control de las fronteras exteriores deje de establecer comunicaciones con los guardacostas libios que interceptan las embarcaciones de migrantes y los devuelven a Libia, donde corren el riesgo de ser víctimas de crímenes contra la humanidad.
La demanda ha sido posible gracias al testimonio de Omer (nombre ficticio), un joven de 29 años nacido en Darfur, Sudán, que desde 2019 reside en Libia escondido en un “gueto” y sin apenas salir de casa para no ser una víctima más de los abusos que se perpetúan en ese país contra la población migrante. “Los migrantes [en Libia] están en una situación mucho peor: esclavitud sexual, tortura, trabajo forzoso y maltrato, tanto cuando entran a Libia, cuando se van y cuando son devueltos”, explicaba en una entrevista a elDiario.es Chaloka Beyani, experto de la misión de la ONU sobre Libia.
Omer es solo uno de los 400.000 solicitantes de asilo que escaparon de Sudán y que se encuentran atrapados en Libia pero su caso ha permitido volver a poner en tela de juicio al sistema de protección de fronteras y control migratorio europeo.
Hace unos meses, fue diagnosticado de diabetes. Ante la imposibilidad de poder pagar un tratamiento y encontrar clínicas que sean discretas y solidarias con los solicitantes de asilo en Libia, Omer no está recibiendo una terapia adecuada para su enfermedad. Sin embargo, esta es solo una de las dificultades añadidas. “Nuestra preocupación no es morir en el mar”, cuenta uno de los migrantes que ha pasado por tres centros de detención en Libia y cuyo testimonio está incluido en la demanda presentada por las dos ONGs. “Nuestra preocupación es volver a la prisión donde vamos a estar oprimidos y torturados”. El miedo a ser devuelto a Libia es también la principal preocupación de Omer, como aseguró este solicitante a su abogado el pasado 31 de mayo. Omer tiene la intención inminente de cruzar el Mediterráneo de forma segura, pero para ello tiene que asegurarse de que Frontex no estará ahí para devolverlo del lugar en el que huye.
Según una investigación independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuando una persona llega a Libia con el temor de ser perseguida en su país de origen corre el riesgo de ser detenida arbitrariamente en los centros de detención. Omer evita a toda costa salir de su refugio y de cualquier control que las milicias puedan hacer en la ciudad. Sin embargo, tras el diagnóstico de su enfermedad se ve obligado a salir de su casa con más frecuencia, lo que aumenta el riesgo de ser interceptado por los controles de la milicia.
La manipulación de Frontex
En la primera mitad de 2024, según la Organización Internacional para la Migración, 9.578 migrantes fueron devueltos a Libia, aunque esto viole el principio internacional de no devolución de personas que huyen de la persecución y crímenes contra la humanidad. Aunque Libia no es signataria de la Convención del Estatuto de Refugiados de 1951, los países europeos sí que los son, con lo cual están obligados a cumplir esta obligación.
Gracias a la documentación aportada por Sea-Watch, la demanda cuenta con muestras evidentes de los malos tratos que ejerce la Guardia Costera en Libia contra las embarcaciones de solicitantes de asilo.
El pasado 10 de julio, la misión de Médicos Sin Fronteras que realizaba una operación de rescate fue testigo de cómo la milicia libia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad (SSA), financiada por el Estado, puso en peligro la vida de 87 personas. Las imágenes recopiladas en los anexos de la demanda documentan el pánico que cundió entre los migrantes hasta tal punto que muchos optaron por saltar de la embarcación.
Hace menos de un mes, el 21 de septiembre, el Seabird –uno de los aviones de reconocimiento aéreo que utiliza la ONG–, fue testigo de cómo la guardia costera de Libia disparaba contra una embarcación de migrantes.
“Sin las capacidades de vigilancia de Frontex, los libios no pueden detectar los barcos de refugiados en la zona SAR [Search and Rescue, búsqueda y rescate en inglés]. Así que dependen completamente de Frontex, Italia y Malta para que les proporcionen la localización de los barcos de refugiados en la zona SAR ”, cuenta el abogado Iftach Cohen, de Front-Lex.
En agosto de 2020, una embarcación de aproximadamente 30 personas estaba cerca de las aguas maltesas e italianas. Según pudo ver Sea-Watch, la embarcación se encontraba en una situación de “socorro”, lo que implica la necesidad de un rescate inminente para salvar la vida de las personas que están a bordo. La misma organización informó a la guardia costera maltesa y a la italiana. Pero fue la guardia costera de Libia la que interceptó el buque pese a que, en aquel momento, otros buques de rescate de organizaciones como Open Arms se encontraban en el Mediterráneo Central y disponibles para el rescate.
El departamento aéreo de Sea-Watch aseguró que antes de la interceptación pudo observar a los aviones de Frontex sobrevolando la misma zona. En ningún caso Frontex se puso en contacto con las ONGs que operaban en la zona para realizar el rescate y poder prevenir la devolución forzada de los migrantes a Libia.
“Nuestras pruebas demuestran que cuando Frontex detecta embarcaciones de refugiados fuera de las aguas territoriales europeas, como en la zona SAR libia, automáticamente las clasifica como embarcaciones en peligro”, explica Cohen. Esto les permite, según el derecho marítimo internacional, transferir inmediatamente toda la información –incluida la ubicación exacta– al centro de rescate competente.
Aunque en el caso mencionado los tripulantes de la embarcación sí que estaban en riesgo, una de las obligaciones de Frontex es impedir que estas personas vuelvan a los lugares donde están siendo torturadas. En ese sentido, la acusación advierte de la “manipulación” ejercida por Frontex, dado que es la institución europea quien determina si las embarcaciones están en peligro o no. “Vemos un patrón de casos en los que Frontex clasifica automáticamente los casos 'de socorro' cuando están fuera de las aguas territoriales europeas y hace todo lo contrario cuando esas embarcaciones se detectan dentro de la zona SAR o de las aguas territoriales de un Estado miembro”, denuncia Cohen. “Frontex no quiere salvar vidas, solo quieren evitar nuevas llegadas a territorio europeo”, enfatiza el abogado. En ese caso, si Frontex hubiera querido salvar las vidas de estas personas y protegerlas de crímenes y violaciones, añade, debería haber evitado su devolución en Libia.
Ejemplos destacados que también se recogen en la demanda son los casos del naufragio de Cutro (Italia), el peor naufragio de un barco de migrantes frente a las costas italianas desde 2013, en el que fallecieron 73 personas; o el de Pylos (Grecia), de una embarcación con más de 700 personas a bordo. Ninguna de estas embarcaciones –previamente detectadas por Frontex– fue calificada en situación de socorro, por lo que las autoridades italianas y griegas podrían no lanzar una operación SAR. Consecuentemente, el Defensor del Pueblo Europeo criticó a Frontex por no hacerlo, diciendo que fue una “decisión política”. De no haber sido así, la guardia costera italiana y griega tendrían que haber actuado permitiendo el desembarco de los migrantes en suelo europeo.
Recientemente, el 12 de enero de 2024, Hans Leijtens, director ejecutivo de Frontex, confirmó por escrito al presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) que se enviaron aproximadamente 2.200 correos desde Frontex al centro de coordinación de salvamento competente (RCC, por sus siglas en inglés) de Libia, transmitiendo coordenadas y otra información pertinente relativa a los buques en estado de emergencia en la región de búsqueda y salvamento del país norteafricano.
“La posición de Frontex, en esencia, es que tiene una única obligación legal: transmitir toda la información pertinente sobre una embarcación en peligro al RCC”, explica Cohen. Pero no es la única. Frontex tiene más de una obligación legal y entre ellas está la prohibición de devolver a personas rescatadas a lugares donde se enfrentarán a persecución o tortura. Se trata de una “obligación legal que se deriva del Derecho primario de la UE y que es de naturaleza constitucional”, repite Cohen.
Front-Lex y Refugees in Libya también denuncian el cinismo de Frontex y sus representantes. En abril de este año, Leijtens hizo las siguientes declaraciones en Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo (LIBE): “Ojalá pudiera pararlo. Si tuviera una bala, seguro que la usaría. Pero solo puedo trabajar según el marco legal que tengo, por muy triste y decepcionante que suene, también para mí, si de lo que estamos hablando es de salvar vidas”. Y concluía: “Reconozco que nosotros, como Frontex, no queremos que acaben en Libia”.
Esta demanda es la tercera que se presenta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los demandantes esperan que prospere y que, en base a las pruebas aportadas, Frontex tenga la obligación legal de dejar de facilitar la localización de refugiados a los guardacostas libios.
En un contexto europeo marcado por una fuerte hostilidad contra los inmigrantes, ambas organizaciones enfatizan las condiciones de “asesinato, tortura, violación y esclavitud” a las que están sometidos en Libia. “Cualquier persona que se sienta cómoda estos días devolviendo a estos refugiados a Libia se habría sentido cómoda devolviendo a los refugiados judíos en la frontera a un territorio nazi”, enfatiza Cohen.