La Justicia europea ha eximido a la agencia de fronteras de la UE (Frontex) de responsabilidad en los polémicos rechazos de refugiados sirios que se produjeron durante la crisis de 2016 cuando miles de personas fueron enviadas desde Grecia a Turquía. El Tribunal General de la UE (TGUE) considera que Frontex se limita a prestar apoyo técnico y operativo a los estados miembros en las operaciones de retorno y que son estos los que toman las decisiones.
Los jueces de Luxemburgo rechazan así el recurso presentado por varios refugiados sirios contra la agencia en el que reclamaban indemnizaciones por daños materiales (96.000 euros) y morales (40.000) por haber sido enviados a Turquía una vez que habían llegado a Grecia. Es operación, llevada a cabo por el Gobierno heleno conjuntamente con Frontex, impidió la tramitación de sus solicitudes de asilo. En el recurso, los refugiados sirios, que actualmente residen en Iraq, señalaban a la agencia de fronteras al considerar que su actuación vulneró la protección de los derechos fundamentales relativa a la protección internacional teniendo en cuenta la situación en su país de origen, asolado por la guerra.
Los refugiados sostenían que Frontex violó el principio de no devolución, vulneró el derecho de asilo, incumplió la prohibición de expulsiones colectivas, vulneró los derechos del menor, incumplió la prohibición de tratos degradantes y vulneró el derecho a una buena administración y el derecho a la tutela judicial efectiva con su participación en esa operación de retorno que fue avalada por los 27 en plena crisis de refugiados, cuando decenas de miles de personas salieron de Siria para tratar de salvar su vida en el continente europeo.
El TGUE considera que el portazo de la UE a decenas de miles de personas que fueron expulsadas a Turquía a través de un acuerdo con el que regaron de millones a ese país no fue, en todo caso, responsabilidad de Frontex. “Solamente tiene por misión prestar apoyo técnico y operativo a los Estados miembros. En cambio, los Estados miembros son los únicos competentes para evaluar el fundamento de las decisiones de retorno y examinar las solicitudes de protección internacional”, argumenta el tribunal en un comunicado sobre la sentencia.
“Los refugiados se equivocan al considerar que, de no haberse producido las supuestas deficiencias de Frontex, no habrían sido devueltos ilegalmente a Turquía y no habrían sufrido los daños materiales y morales que invocan, al haber obtenido la protección internacional deseada habida cuenta de la situación en Siria”, agregan los jueces en los argumentos para rechazar la solicitud de indemnización por los perjuicios sufridos.
“No puede considerarse que los daños materiales y morales alegados, que se derivan, por una parte, de los gastos efectuados para alquilar un alojamiento y amueblarlo en Turquía, los costes de pasadores de fronteras para desplazarse a Irak y los gastos de la vida diaria en este país y, por otra parte, del sentimiento de miedo y sufrimiento por su viaje, extremadamente difícil y peligroso, hacia Irak, se deban directamente del comportamiento que se imputa a Frontex”, dice el fallo, que puede recurrirse ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La actuación de Frontex está bajo sospecha después de que un informe de la la Oficina Antifraude de la UE (OLAF) revelara infracciones sistemáticas de derechos cometidas en el Egeo. Esa investigación llevó a la dimisión de Frabrice Leggeri como director de Frontex al señalar el encubrimiento de malos tratos y devoluciones en caliente en el mar Egeo por parte de los funcionarios de la agencia de fronteras de la UE. Los escándalos llevaron al Parlamento Europeo a rechazar la gestión presupuestaria de la agencia el pasado año.