Cinco años después de la reforma sanitaria del Gobierno de Mariano Rajoy que dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, la lucha de las organizaciones sociales para revocarla continúa. Este martes, la mayoría de los grupos políticos de la oposición en el Congreso de los Diputados han firmado el 'Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal' que han propuesto 70 ONG lideradas por REDER, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012.
Según explican las organizaciones en un comunicado, con este acuerdo, los partidos se comprometen a adoptar “lo antes posible las medidas legislativas necesarias” para recuperar un sistema nacional de salud “solidario y de calidad”. En la práctica, se han comprometido a emprender reformas legales destinadas a reconocer el acceso universal a la salud y asignar al sistema una dotación presupuestaria “suficiente”.
Al pacto se han adherido PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu y con él culmina un año de trabajo de las decenas de entidades promotoras. El único partido que no ha suscrito el documento ha sido Ciudadanos, que, según Efe, ha presentado en paralelo una proposición no de ley en la que pide “modificaciones legales oportunas” para restablecer la universalidad que limitó el real decreto, pero sin exigir su derogación.
El texto ha contado también con el apoyo de las principales organizaciones profesionales sanitarias, plataformas autonómicas y asociaciones en defensa de la sanidad pública. También lo han ratificado los principales sindicatos (CCOO, UGT y USO) y ONG como ARI-PERÚ, de personas migrantes, así como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional, Oxfam-Intermón, Red Acoge, CEAR y SOS Racismo.
“Hoy estamos aquí representantes de las organizaciones sanitarias, sociales, sindicales y políticas para intentar poner fin a una injusticia que dura ya demasiado tiempo”, asegura José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo, en representación de las organizaciones firmantes.
Cinco años de exclusión sanitaria
El pasado abril se cumplieron cinco años del decreto que restringió el acceso de los migrantes en situación irregular a la asistencia sanitaria universal. Un total de 873.000 personas, según datos del Ejecutivo, se quedaron sin tarjeta sanitaria en 2012, y con ella, sin su derecho a un médico de cabecera, al seguimiento sanitario.
En marzo de 2015, el Gobierno prometió una alternativa para que pudieran acudir al médico de cabecera, aunque era menos garantista. El Ministerio de Sanidad, con Alfonso Alonso a la cabeza, se comprometió a crear un documento que permitiese acceder a la atención primaria a los migrantes sin papeles que estuvieran empadronados al menos seis meses. Ese documento, dos años después, aún no existe.
Por otro lado, desde enero de 2014, REDER ha documentado más de 3.300 casos de exclusión sanitaria. Entre ellos, figuran “múltiples situaciones de desatención de enfermedades graves así como vulneraciones de las propias excepciones del real decreto, como menores, mujeres embarazadas y atención en urgencias”, tal y como figura en el texto acordado.
Además, la reforma sanitaria del Ejecutivo de Mariano Rajoy, recuerdan las ONG, contemplaba el copago farmacéutico y “vino acompañada de profundos recortes en la inversión pública en salud, que nos han alejado de la media europea y han empeorado las condiciones laborales de las y los profesionales y la calidad del servicio”.
Esta medida, que recibió en 2016 el espaldarazo del Tribunal Constitucional, nació con la premisa de ahorrar. Así se reflejaba en el título del real decreto 16/2012, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”. Este modelo, critican las entidades hoy presentes en el Congreso, “fue impuesto sin debate público, sin aportar ninguna memoria económica que justificara los recortes adoptados y ha sido criticado por numerosos organismos internacionales de derechos humanos”.
Desde 2012, las comunidades autónomas han ido adoptando medidas diferentes para regular la asistencia, lo que, según las organizaciones firmantes, ha generado “bastante discrecionalidad y arbitrariedad”. Las tarjetas sanitarias dependen de la Administración central, por lo que los inmigrantes también se vieron algo afectados en parte en estos territorios. La mayor atención en comunidades que se declararon insumisas, como el País Vasco, Navarra o Andalucía ha logrado “paliar” parcialmente los efectos de la exclusión sanitaria.
Esto se debe, a juicio de las ONG “a las acciones de resistencia, objeción de conciencia y denuncia de la sociedad civil” y la “colaboración y el compromiso de los partidos de la oposición” en el proceso. En este sentido, las organizaciones firmantes del pacto se comprometen a exigir al Gobierno “la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que dan cobertura a las personas excluidas real decreto”.