Una última jornada maratoniana de negociaciones en busca de tomar en consideración, simplemente, el debate de una proposición de ley. Intercambio de documentos entre PP y los ministerios de Juventud e Infancia y de Política Territorial, contactos y reuniones de última hora para intentar sacar adelante el primer trámite que permitiese avanzar la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto obligatorio de menores migrantes que pedía el Gobierno de Canarias. Pero ni el PP ni Junts han dado su brazo a torcer y este martes acabaron cumpliendo con su amenaza de tumbar la modificación normativa.
A lo largo de la misma jornada del debate, el Gobierno apuró las negociaciones hasta el último minuto y los departamentos de Sira Rego (Sumar/IU) y de Ángel Víctor Torres (PSOE) enviaron al Partido Popular un documento en el que respondía, una a una, a las seis peticiones realizadas hace más de una semana por los de Alberto Núñez Feijóo, según confirman fuentes de las negociaciones a elDiario.es. En el escrito, el Ejecutivo explicaba al PP los puntos que ya estaban incluidos, a su juicio, en el texto normativo -como la posibilidad de que cualquier territorio pudiese declararse en emergencia por la saturación de sus centros de menores o la obligación de todas las comunidades de participar del reparto, entre otras- y las razones que, según defendían, impedían la aceptación de otras de sus exigencias -como la solicitud de trasladar únicamente a los chavales cuya minoría de edad hubiese sido previamente ratificada por la Fiscalía, algo a lo que se oponía el Gobierno canario por la prolongación de los plazos-.
A dicho escrito, el PP respondió con el envío de otro documento, en el que concretaba sus anteriores exigencias y añadía algunas aún más ambiciosas. Fuentes gubernamentales explican que las últimas peticiones del PP, enviadas horas antes de la votación de la reforma de la Ley de Extranjería, eran “inasumibles”.
El intercambio de documentos
En primer lugar, el PP solicitó al Gobierno que la reforma de la Ley de Extranjería se tramitase como un proyecto de ley, en vez de como una proposición de ley. El Gobierno consideró que dicha petición no era “aceptable” debido a que la “urgencia de la crisis humanitaria” hacía que el Gobierno de Canarias pida “mecanismos más rápidos” como una proposición de ley urgente o un decreto ley.
Otra de las peticiones más reclamadas por el PP fue la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, para que la normativa se negocie directamente entre Pedro Sánchez y los jefes de gobierno autonómicos. Sobre ello, el Ejecutivo respondió por escrito que estaban ya “reglamentadas dos Conferencias de Presidentes al año” por lo que se comprometían a celebrarlas. Posteriormente, en el documento con el que responden los de Núñez Feijóo, le piden que dicha reunión sea convocada en septiembre, pero comprometida este mismo martes. Desde el Gobierno sostienen que retrasar todos los trámites del reparto a septiembre, teniendo en cuenta la época de buena mar que está por llegar, no solucionaría la emergencia como reclama Canarias. La última conferencia de estas características se celebró en 2022 y la ley que la puso en marcha mandata que se reúna, al menos, dos veces al año. Los presidentes del PP han reclamado por escrito desde hace meses su convocatoria, sin haberse celebrado.
El PP también demandaba la declaración de emergencia en todo el territorio nacional. “Entendemos que debe declararse la emergencia en los territorios que tienen esa presión migratoria, que, en estos momentos, son Canarias, Ceuta y Melilla”, respondió el Gobierno, que detallaba que, para justificar esa urgencia era necesaria calcularla con criterios objetivos dado que “hay territorios del resto del país que no soportan tal emergencia”. A lo que sí había accedido el Ejecutivo central fue añadir a la proposición de ley la posibilidad de permitir la contratación de servicios por la vía de urgencia por parte de las comunidades autónomas “para poder facilitar la gestión de los territorios”. No fue suficiente.
El cuarto planteamiento tenía que ver con qué menores serían aptos para el traslado y cuales no. El PP (como ERC) insistían en que solamente se deriven a la Península a los chavales cuya minoría de edad no presente dudas, pues ya haya sido confirmada por la Fiscalía a través de las pruebas médicas de la edad. No obstante, desde el Gobierno de España respondieron que dicha propuesta no era aceptada por el Ejecutivo de Canarias, dado que retrasaría mucho el traslado de los menores en una situación de emergencia, pues el colapso del sistema provoca grandes demoras por parte del Ministerio Público. De hecho, el texto registrado en el Congreso era claro: en el caso de los menores llegados tras la declaración de emergencia, la comunidad autónoma de destino será la responsable de abrir el procedimiento de determinación de la edad, del que se encarga la Fiscalía de Menores.
Pero el PP solo quería asumir traslados de casos “indubitados en su edad”. Es decir, menores que, antes de salir desde Canarias para la península, la Fiscalía ya haya acreditado que tienen menos de 18 años. Un proceso poco ágil, sobre todo cuando la capacidad de los servicios habilitados está en máximos de ocupación, precisamente en los momentos para los que está pensado el protocolo. En todo caso, otros grupos parlamentarios también incluyeron esa misma petición pero votaron que sí a la tramitación parlamentaria de la reforma, dado que era uno de los puntos que podrían haberse debatido a través de la presentación de enmiendas.
Más allá del foco de la reforma de la Ley de Extranjería planteada en la proposición de ley debatida en el Congreso este martes, el PP insistía en cambiar el enfoque de la política migratoria global del Gobierno. “Se trata de un asunto que no es propio de una ley, pero, en cualquier caso, estamos abiertos a todas las propuestas que puedan ser adecuadas para dar respuesta al fenómeno migratorio”, respondía el documento enviado por los dos ministerios implicados.
La financiación ha sido uno de los puntos en discordia más repetidos. El PP solicitaba que el Gobierno se hiciese cargo de todos los gastos derivados del reparto de menores migrantes, incluido cualquier infraestructura que fuese necesario crear. El Ejecutivo contestó que la proposición de ley incluía que el sistema de reparto estaría dotado con unos fondos “suficientes y necesarios” y detalla que esto supondría, actualmente, 145 euros por menor y día, así como “partidas para infraestructuras e integración social y educativa, y también partidas para traslados”. No obstante, los ‘populares’ no se contentaron con la respuesta y, en el siguiente escrito, exigieron que el Ejecutivo se hiciese cargo de manera directa de las plazas de acogida que tuviesen que abrirse en el marco del nuevo mecanismos de traslados, en caso de llenarse los centros que actualmente tengan abiertas las comunidades autónomas. Este es uno de los puntos “inasumibles” por parte del Gobierno, según fuentes gubernamentales, dado que podría llegar a sobrepasar las competencias marcadas por le Constitucional, dado que la atención de los menores en situación de desamparo, sean españoles o extranjeros, recae en los Gobiernos autonómicos.
Por último, el PP solicitaba que todas las comunidades, sin excepción, tuviesen que acoger a menores en el marco de los repartos migratorios, en un claro guiño a la petición de Junts de excluir a Catalunya de los planes de distribución. El Gobierno respondió que dicha exigencia ya estaba contemplado en la proposición de ley, que establece que los menores van a ser distribuidos entre el total de las comunidades autónomas.
Junts y la excepción catalana
Por su parte, Junts ha solicitado que Catalunya se quede fuera del reparto de menores migrantes, algo a lo que el Gobierno central se ha negado y ha recordado que los criterios sobre los que se basaría el sistema de reparto son objetivos y podrán ser discutidos en una conferencia sectorial posterior, aunque de momento se aplicarían los aprobados anteriormente en el mecanismo voluntario, que tienen que ver con la población, la renta y el esfuerzo de acogida de niños y adolescentes migrantes. Durante el debate de este martes, su portavoz reconoció que cómo iban a apoyar esta medida si chocaba con sus negociaciones con le Gobierno central para que Catalunya asuma más competencias en materia migratoria.
Las últimas rondas de contactos
El Gobierno ha mantenido contactos con los diferentes grupos desde días antes de la votación, este martes, de la toma en consideración de la reforma de la ley. Así, llegó a un acuerdo con el Gobierno de Canarias (CC-PP), del que emana el texto de la reforma registrado tras la reunión de la conferencia sectorial en Canarias.
Tras el registro realizado el lunes 15 de julio, el viernes pasado se produjo una reunión entre el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, con la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, sin conseguir avances, explican fuentes de la negociación.
Pérez también intentó contactar con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, pero los conservadores no llegaron a concretar la reunión. Previamente, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, había intercambiado unas palabras en el Congreso con el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, quien le había derivado a Tellado para la negociación.
Pero Tellado no dio cita a Pérez. Los dos se conocían previamente de su actividad política en Galicia.
Durante el fin de semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se intercambió mensajes de WhatsApp con Tellado, que tampoco lograron acercamientos entre el Gobierno y el principal partido de la oposición.
El lunes siguieron los contactos. Así, el secretario de Estado de Juventud volvió a emplazar a Tellado, quien delegó en Ana Alós, secretaria de Política Provincial e Insular del Partido Popular y portavoz en el debate en el pleno de este martes. Tellado, decía, se encontraba de viaje.
La reunión de Alós se produjo con Pérez, pero tampoco se consiguió que el PP se abriera a permitir la toma en consideración de la reforma.
Este martes, prosiguieron los contactos con el PP, partido con el que Juventud e Infancia se intercambió documentos, propuestas y contrapropuestas, que no consiguieron mover a los conservadores.
Así mismo, el departamento de Rego mantuvo una reunión con la portavoz de Junts, que también resultó estéril.