Las medidas de derechos humanos que el Gobierno prometió aprobar y se quedan en el cajón
En plena crisis de refugiados, la normativa sobre asilo en España no tiene reglamento. El Gobierno incluyó entre sus prioridades en materia de derechos humanos la creación de un plan para exigir responsabilidad a las empresas. Mariano Rajoy afirmó en marzo que “lo más sensato” es que los inmigrantes sin permiso de residencia puedan ir al médico de cabecera. Y su Gobierno también prometió aprobar un segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Todas esas medidas para avanzar en la garantía de los derechos humanos se han convertido en promesas olvidadas. Ocuparon titulares y anuncios oficiales pero, al término de la legislatura, se quedan sin cumplir.
Reglamento de Asilo
El Gobierno lleva repitiendo durante meses el mensaje de la “inminente” puesta en marcha de un reglamento que debería haber sido aprobado hace más de cinco años. Una norma importante, más aún en plena crisis de refugiados, cuando la cifra de solicitudes de asilo en España casi se ha duplicado este año con respecto a 2014. El reglamento de la Ley de Asilo de 2009, aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que tampoco cumplió con su promesa.
La falta del reglamento provoca confusión a la hora de aplicar los aspectos de la ley de 2009 que exigen un mayor desarrollo. Uno de ellos hace referencia a la petición de protección internacional en Embajadas y Consulados.
Sin reglamento, las embajadas no están obligadas a atender las solicitudes de asilo, algo que sí ocurría con la anterior legislación, aprobada en 1994. “En los últimos años, nunca ha llegado a Acnur un trámite materializado desde la propia embajada”, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
“La demora supone una merma en la seguridad y garantía jurídica de los solicitantes de asilo”, explicó a eldiario.es María Jesús Vega, portavoz de Acnur en España. En la actualidad existe un borrador de la norma, pero de momento también permanece aparcada.
Plan de Derechos Humanos y Empresas
La Comisión Europea solicitó a los estados miembros la elaboración de un Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, para incluir en el ámbito estatal los principios de la ONU al respecto –“proteger, respetar y remediar”–. La Oficina de Derechos Humanos (ODH) del Ministerio de Exteriores comenzó entonces a preparar un plan de las líneas básicas para aumentar el control sobre las malas prácticas de las empresas españolas en el exterior y evitar sus vulneraciones de derechos humanos.
Con este fin, la ODH trabajó durante dos años en un proceso abierto a las aportaciones de ONG, empresas y administraciones públicas, según explica el Ministerio de Exteriores en un apartado de su página web dedicado a desarrollar sus “prioridades” en materia de derechos humanos. Esta fase de reuniones y negociación entre los tres actores implicados quedó reflejada en un borrador consensuado que nunca llegó a ser aprobado por el Consejo de Ministros. El Plan de Derechos Humanos y Empresas está guardado en un cajón.
“La Oficina de Derechos Humanos trasladó el borrador a los diferentes ministerios y nos avisaron de que el documento sería aprobado de forma inminente en el Consejo de Ministros. Pero esto nunca ocurrió. A pesar de ser un proceso supuestamente transparente el Ministerio de Exteriores no nos explica por qué se ha quedado parado”, afirma Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
María del Pozo, responsable de Relaciones Institucionales de Amnistía Internacional, admite su sorpresa por el bloqueo repentino del plan de derechos humanos y empresas. “No suponía unas grandes consecuencias para las empresas como para tirarlo para atrás. Si no se aprueba ni esto...”, dice a eldiario.es. En la misma línea, Orencio Vázquez añade que el documento se había quedado muy diluido tras ser consensuado con el sector privado y el Gobierno. “No había ningún tema especialmente sensible y las medidas más ambiciosas se dejaron fuera del plan, pero era importante para exigir un compromiso de las empresas”.
II Plan Nacional de Derechos Humanos
El Gobierno se ha comprometido en dos ocasiones en el Congreso de los Diputados (tras la aprobación de dos Proposiciones No de Ley, impulsadas por PNV y UpyD, respectivamente), ante la opinión pública y en numerosas reuniones internacionales a elaborar el II Plan Nacional de Derechos Humanos. Hoy, seguimos sin un nuevo Plan. El primero fue aprobado en el año 2008, por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y aunque las organizaciones sociales admitieron su margen de mejoría celebraron el paso. Aplicaba la propuesta de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, reunida en Viena en 1993, en la que pidió a los estados un plan de acción nacional para mejorar la promoción y protección de los derechos humanos.
El Partido Popular, como muestra en su página web, ha destacado el compromiso del Gobierno con este plan, que centraliza el Ministerio de Presidencia del Gobierno. Más de 100 organizaciones exigieron en 2014 al Gobierno que no dejara la medida en el olvido, tras la dimisión del director del Comité Técnico para la elaboración del II Plan Nacional de Derechos Humanos, Fernando Rey. Rey hablaba de la oportunidad perdida del Gobierno y el motivo de su retirada del proyecto en un artículo en El País. “Cuando el proceso entraba en sus fases más públicas y serias, el Gobierno frenó en seco y lo hizo como lo ha hecho en muchos otros asuntos referentes a derechos humanos en esta legislatura: sin explicación y sin clausurar formalmente nada”.
Desde Amnistía Internacional recuerdan que “es necesario un nuevo plan de derechos humanos que no vaya ligado a una legislatura, como ocurrió con el primero, que sea permanente”, afirma María del Pozo. “El Ministerio de Asuntos Exteriores fue muy activo con este proyecto, pero no ha habido apoyo desde Presidencia del Gobierno para coordinar al resto de Ministerios. Aunque en las reuniones internacionales, como en el Examen Periódico Universal de la ONU, el Gobierno dice que está elaborando el plan”. Ha terminado la legislatura y, casi cuatro años después del compromiso alcanzado con la primera PNL, no ha aprobado la medida.
Documento común de atención sanitaria a inmigrantes
El Gobierno de Mariano Rajoy anunció el 31 de marzo que daba marcha atrás en parte a su política de exclusión sanitaria: los inmigrantes en situación irregular podrían acceder a la Atención Primaria. No volverían a tener las tarjetas sanitarias que les habían retirado, pero sí podrían ir al médico de cabecera con un documento especial, que se expediría a aquellos inmigrantes sin papeles, ni recursos, y con un mínimo de empadronamiento. “Es lo más sensato”, dijo Mariano Rajoy después de dos años en los que los inmigrantes sin papeles vieron restringido su acceso al médico solo en caso de urgencias, enfermedades contagiosas, y si se trataba de menores y las embarazadas. En marzo, Sanidad apenas concretó más detalles del documento, que solo tendría validez en la comunidad autónoma de residencia del solicitante y que no podría exportar su derecho de atención fuera de España.
Tres meses después, en junio, todo seguía igual. Entonces, el secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, afirmó en una entrevista con la agencia Servimedia que “definitivamente” ese documento estaría listo en otoño, algo que no ha ocurrido. Cada comunidad expediría el suyo, pero la intención del Ministerio de Sanidad era homogeneizar la atención en el territorio español. Desde la reforma sanitaria de 2012, las diferencias entre las regiones eran muy elevadas: desde las comunidades insumisas que atendían en todo caso a los inmigrantes (como Andalucía) hasta las regiones que aplicaban de manera tajante la norma 16/2012 de la reforma sanitaria (como Castilla y León).
Rubén Moreno indicó que el documento requería del consenso de los consejeros salientes de las elecciones autónomas de marzo. Y no se ha llegado a ese acuerdo final. Se celebró un Consejo Interterritorial de Salud en septiembre en el que el Ministerio presentó su propuesta (un documento de un año de validez prorrogable anualmente, que exigía seis meses de empadronamiento y un mínimo de ingresos sin especificar), pero ha quedado pendiente “otro Consejo Interterritorial porque el tema quedó abierto para que las comunidades autónomas presentaran sus propuestas”, explican fuentes de la cartera de Sanidad. “Eso ya será en la legislatura siguiente”.
Sobre el motivo de nueve meses de retraso en la elaboración del documento desde su anuncio, en Sanidad responden que “un procedimiento común entre todas las comunidades requiere mucho tiempo para llegar a un consenso”.
