Basima (nombre ficticio) denunció en el juzgado encargado de la vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Madrid haber sufrido empujones, insultos y falta de asistencia de intérprete en un intento de deportación. Aterrada ante la posibilidad de volver a Marruecos, un país del que asegura que huyó por la violencia y amenazas sufridas en el entorno familiar por ser lesbiana, se rajó el vientre con un cristal para intentar evitar su expulsión. “Un policía me dijo con gestos que eso que me hice en la tripa me lo debería haber hecho en el cuello. Me tiró al suelo [....]. Me llamó puta y gilipollas”, explicó.
Al día siguiente envió un escrito al tribunal, con el apoyo de organizaciones con presencia en el CIE. El 9 de marzo, el juez solicitó a la dirección del centro la toma de declaración de la denunciante, pero ya era tarde. Basima había sido expulsada esa misma mañana.
Algo similar le ocurrió a Sebastián (nombre falso). El hombre colombiano denunció haber presenciado cómo varios agentes se abalanzaron sobre su compañero en el comedor, cuando él intervino para pedirles que “lo inmovilizaran”, pero que “no había derecho a que lo pegasen entre tantos”. Su reacción provocó que los policías se dirigiesen a él, le esposaron y golpearon “en la costilla, en la cabeza, en la cadera y en los ojos”, según la descripción de los hechos registrada en los tribunales, a la que ha accedido elDiario.es. El hombre, que dice tener una prótesis en la cadera, sentía fuertes dolores y denunciaba una asistencia sanitaria deficiente. Gracias a su testimonio, el juzgado de instrucción número 30 de Madrid comunicó el 27 de abril a la apertura de una investigación sobre los hechos, pero Sebastián hacía tiempo que no estaba en España. Había sido retornado a Colombia en un vuelo de deportación macro un mes antes, el 23 de marzo.
En los últimos nueve meses, la ONG Mundo en Movimiento, Pueblos Unidos-SJM y el Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine, organizaciones que visitan a internos en el CIE de Madrid, han presentado al menos siete quejas de presuntas agresiones físicas y verbales, así como trato degradante y vejatorio, por parte de agentes de la Policía Nacional hacia personas internas ante los juzgados encargados en vigilar estos centros. Tras cada queja, las entidades sociales detectan como “práctica frecuente” que los internos víctimas de agresiones y testigos de las mismas suelen ser deportados de manera “urgente” y sin notificación previa de la expulsión, lo que obstaculiza el esclarecimiento de los hechos por parte de los órganos competentes.
Ante la “insuficiente investigación” de las denuncias por presuntas agresiones físicas y verbales contra internos del CIE de Aluche, registradas en los juzgados encargados del respeto de los derechos fundamentales en este espacio policial, las organizaciones con presencia en los CIE dieron un paso más la semana pasada y registraron las quejas de los internos ante las Fiscalía de Delitos de Odio y la Fiscalía de Extranjería la Policía Nacional. Estas ONG consideran que, desde la reapertura del centro de internamiento tras su cierre debido a la pandemia, se está produciendo “un preocupante aumento de la violencia” en su interior. Este medio ha preguntado al respecto a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, pero no ha recibido respuesta.
Debido a la frecuente expulsión de denunciantes o testigos de supuestas agresiones policiales en el CIE, el Defensor del Pueblo ha pedido al director general de la Policía la emisión de una instrucción que incluya “un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos de las personas privadas de libertad en los centros de internamientos de extranjeros”. Francisco Fernández Marugán ha solicitado que el protocolo deberá incluir “el principio de realización de una investigación efectiva” y “la no expulsión de un interno o interna mientras determina si existen indicios de que ha sido víctima de un hecho disciplinariamente reprochable o delictivo”. La institución también exige a la Policía establecer la forma en la que debe ser enviada la “información oportuna a juzgado” que corresponda.
La deportación de Basima
Basima, a quien el Gobierno rechazó su solicitud de asilo, se puso muy nerviosa cuando le notificaron la primera fecha de deportación, por lo que, según su relato, la mañana en la que un agente le “quitó la manta con fuerza y violencia” y le dijo que recogiese sus cosas para irse a Marruecos “reventó un bote de cristal y se cortó el abdomen”. Este medio ha accedido a las imágenes de las largas marcas que dejó la autolesión en la mitad de su abdomen. “Para que me maten en Marruecos, me mato yo”, dijo la mujer, según la queja enviada a los juzgados de control. La marroquí fue igualmente “trasladada al aeropuerto sin recibir atención sanitaria a pesar de seguir sangrando”. De camino, cuenta, le decían “coño, puta, cabrona”. En el baño, “le limpiaron los cortes”, le echaron desinfectante y le pusieron “otra camiseta de su maleta antes de ir a ver al médico”. Asegura que en ningún momento la acompañó un intérprete y no ha recibido informe alguno de la asistencia sanitaria recibida.
Finalmente, ese día no fue deportada, y la mujer fue trasladada al CIE de nuevo. Durante los dos días posteriores, un policía “le dijo que causaba muchos problemas” y “hablaba demasiado” por lo que “se iría a Marruecos”. La mujer pudo reunirse con una de las activistas de las organizaciones denunciantes, momento en el que les relató lo ocurrido. La visita, sin embargo, fue interrumpida por los agentes, que se llevaron a la interna porque “tenía que ir al médico y después volvería”. Nunca le permitieron regresar, asegura la organización.
El martes 9 de marzo, Basima fue deportada a El Aaiun (Sáhara Occidental), el lugar donde entonces Marruecos permitía las deportaciones de sus nacionales desde España. Según explicaron las ONG al Defensor del Pueblo, la mujer asegura que, el día anterior, “un médico le dio una pastilla en el comedor” y la despertaron sobre las 5 de la mañana, le “pusieron cinta aislante en las manos y las esposas”. A su llegada al aeropuerto, ella dijo que “tenía pendiente la queja del juzgado”, pero el proceso de deportación continuó. La marroquí fue retornada, en un vuelo que hacía escala en Gran Canaria, donde fue “obligada a embarcar en otro avión junto a otros marroquíes”, todos hombres.
Tras su llegada a El Aaiun –una ciudad del Sáhara ocupado alejada de la localidad donde vive Basima–, la mujer contó entonces que estaba en la calle, y no sabía a dónde ir porque teme volver a casa. “Su hermana le ha mandado un audio diciendo que no vuelva, que sigue amenazada por sus hermanos”, apunta. Basima llevaba en España desde abril de 2017, cuando llegó a España para trabajar en la campaña de recogida de frutos rojos, y permaneció en el país en situación irregular. Aunque pidió asilo en el CIE, por recomendación de Cruz Roja, la mujer indica que no se atrevió a detallar la razón por la que asegura que huyó: las amenazas de su familia por su orientación sexual. Según su relato, Basima tuvo una novia cuando tenía 16 años, por lo que la obligaron a casarse con un hombre con el que tuvo dos hijos. Su marido “la maltrataba” y ella volvió a casa de su familia para distanciarse de él, hasta que sus hermanos descubrieron que tenía una relación con una mujer. “Eso no se entiende allí”, dice, ya en Marruecos. Un juzgado español solicitó a la Policía su declaración, pero no lo podrá hacer.