Cada vez más países compiten entre sí para ofrecer residencia legal a extranjeros si tienen mucho dinero

Hay migrantes y migrantes. Mientras unos se juegan la vida en el mar o intentan sortear alambres de espino para cruzar fronteras a falta de vías legales y seguras, otros aterrizan en silencio a golpe de talonario. Cada vez más países se suman a la lista de aquellos que ofrecen legalizar la residencia e incluso nacionalidad a cambio de inversiones inmobiliarias. Son los llamados 'visados dorados'.

Al término de la crisis económica, millonarios de países como China o Rusia –los que más presencia tienen en España–, magnates de las finanzas venezolanos o iraníes impulsaron la demanda de este mercado cuya entrada cada vez se abarata más como resultado de la competición entre los Estados, que pujan por encabezar las clasificaciones de países más atractivos para comprarse papeles.

En España, los papeles valen 500.000 euros.  Cualquiera que pueda desembolsar esa cantidad para comprar un inmueble en España accede a una residencia legal que se le niega a otros inmigrantes. También vale tener más de un millón en depósitos o más de dos millones en bonos del Estado. En 2013, se habían dado algo más de 13.000 visados de este tipo y los últimos datos, de 2018, colocaban la cifra por encima de 41.000.

Esos 500.000 euros colocan a España entre los países más caros en este mercado de los visados, según un estudio de la inmobiliaria portuguesa Inmovirtual. Uno de los más baratos es Hungría, uno de los países más xenófobos de Europa que sin embargo abre las puertas de la UE a quien pueda comprarse un piso de 200.000 euros. Grecia, Portugal o Malta son otros de los países europeos que ofrecen estas ventajas a los inversores extranjeros.

No existen listas oficiales y nadie se ha atrevido a hacer un índice definitivo de cuántos países mercadean con su documentación, pero al menos una decena de Estados en todo el mundo ofrecen lo que se ha llamado ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), y extienden la nacionalidad a quienes compran determinada cantidad en activos inmobiliarios o financieros.

Después de un experimento que terminó por ser fraudulento del Reino de Tonga en el que se vendían pasaportes, fueron las islas del Caribe las pioneras en instaurar la ciudadanía económica. En 1984, apenas un año después de su independencia, San Cristóbal y Nieves comenzaron a ofrecer la nacionalidad a cambio de inversiones en el país. Moviéndose en la escala de grises de la lista europea de paraísos fiscales, también ofrecen intercambios similares Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, y Granada. 

El Índice Global de Ciudadanía por Inversión cifra en hasta 13 el número de países que nacionalizan a estos migrantes. Después de las Antillas, que ocupan los primeros puestos de todas las listas como mejores postores, a partir de los 2000 se fueron sumando otros países europeos como Chipre o Bulgaria. 

Austria también aparece en páginas que ofrecen asesorías de migración por inversión, sin embargo, no hay una ley explícita que lo regule y en la práctica existen tantas trabas que en los documentos de las instituciones europeas solo se considera a los tres países anteriores. Oriente Medio ha sido la última zona geográfica en sumarse a la oferta de ciudadanía económica, con Turquía y Jordania en los dos últimos años.

Residentes con privilegios

Se cuentan por decenas los Estados que permiten la obtención de la residencia a cambio de inversiones. No convierte en ciudadano nacional a quien la obtiene, pero sí les permite asentar su residencia fiscal en el país y, en el caso de la zona euro, facilitar sus transacciones con otros Estados miembro. Puede otorgarse de manera temporal o permanente, a cambio de contribuciones similares a las reclamadas para obtener la ciudadanía como donaciones a fondos estatales, compras de propiedades o inversiones. 

Una veintena de países europeos permiten esta figura, para la que no hay una cantidad ni un criterio unificados. Estados como Croacia reclaman 13.500 euros. Grecia también es poco exigente, aunque contempla que en última instancia sean las autoridades quienes ultimen el precio. Otros, como Luxemburgo o Eslovaquia, requieren una inversión de hasta cinco millones. 

También es una decisión soberana de cada país establecer las obligaciones de los inversores residentes, como el tiempo de estancia. Por ejemplo, la visa dorada portuguesa, –concesión que en 2014 se llevó por delante a su ministro de Exteriores– establece que tan solo es necesario que el beneficiario permanezca en suelo luso una semana al año. Malta, Grecia y Bulgaria permiten estar en el país solo el día de la solicitud. 

Las visas doradas españolas conceden la residencia por un año entero, prorrogable hasta que dure la inversión, y solo es necesario que el poseedor pise el país un día al año. Por contra, los permisos estándar –temporal– suelen estar vinculados a un contrato de trabajo, a una matrícula en un centro educativo o a lazos familiares, y requieren la estancia de al menos seis meses. 

Además, la ley española agiliza la tramitación de este tipo de visados y establece una media de diez días para su expedición. La obtención de residencia temporal por razones de empleo amplía los plazos a tres meses y en el caso de las solicitudes de asilo, a seis –unos tiempos que no suelen cumplirse–.

Recelo de la Unión Europea 

Las diferencias de criterio en cuanto a la ciudadanía o residencia por inversión no sientan del todo bien en el seno de la Unión Europea. Pese a los esfuerzos de grupos de presión tan establecidos como el Consejo de Migraciones por Inversión, la Unión muestra recelo y en enero de 2019 redactó un informe en el que advertía de que estas prácticas también afectan al resto de países miembros: la residencia permite la libre circulación dentro del área Schengen, lo que preocupa, dicen, en términos de controles de seguridad. 

Sin duda lo que más críticas despierta es el pasado de corrupción que estas normativas han facilitado: lavado de dinero, evasión de impuestos y escondite de grupos criminales. Para impedirlo, Europa propone mejorar la transparencia, los registros y el intercambio de información entre países. Y así, evitar las actividades delictivas y poner trabas a que el derecho a migrar sea objeto de compra.