“No me explico cómo el Gobierno, siendo Mexicali una zona desértica donde hay miles de hectáreas que necesitan agua para el cultivo de cereales y hortalizas, nos la quita para producir bebidas alcohólicas”. Salvador Vera es uno de los cientos de agricultores que mantienen un campamento de protesta desde el mes de julio frente a las obras de construcción de la nueva fábrica de la multinacional cervecera Constellation Brands –la tercera más importante de Estados Unidos– en Baja California, en el norte de México.
Organizados en concentraciones y marchas, agricultores y grupos de la sociedad civil llevan desde febrero del año pasado denunciando la corrupción del Gobierno y el “despojo” que se avecina con la puesta en marcha de la cervecera en esta región caracterizada por la sequía, el calor extremo y los escasos recursos hídricos.
“Cada vez tenemos menos agua para regar nuestras cosechas, y perdemos toneladas cada año”, explica Vera, que lleva medio siglo dedicándose al cultivo del trigo en el Valle de Mexicali. “Con menos agua y precios más elevados, la producción seguirá bajando y dejará de ser rentable. La gente tendrá que emigrar”, lamenta en una conversación con eldiario.es.
Constellation Brands facturó más de 7.300 millones de dólares en 2017 gracias a la comercialización de más de 100 conocidas marcas de vino y cerveza producidas en sus 40 fábricas de EEUU, Nueva Zelanda, Italia, Canadá y México.
Con la nueva planta de Mexicali, la capital de Baja California, pretende exportar 10 millones de hectolitros de bebidas alcohólicas anuales más y liderar el mercado. Sin embargo, necesitará 20.000 millones de litros de agua para ello: el equivalente al consumo de una ciudad de unos 750.000 habitantes.
El principal atractivo para la instalación de esta industria en un lugar en el que el agua escasea es su cercanía a California y las ventajas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA por sus siglas en inglés), que permite la exportación a través de la frontera sin aranceles así como una producción a bajo coste gracias a la barata mano de obra mexicana.
Como ha denunciado el colectivo ciudadano Mexicali Resiste, el proyecto también ha encontrado facilidades en la adquisición de terrenos y el compromiso del agua necesaria por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal.
“Constellation Brands ha estado construyendo fábricas y expandiéndose por México, fuertemente apoyada por el presidente Enrique Peña Nieto. De hecho hace unos meses vino a Mexicali para dar su apoyo al proyecto”, explica Jesús Galaz, sociólogo. Durante aquella visita, relata Galaz, la policía reprimió a los manifestantes que mantenían los campamentos de protesta.
En junio de 2015, el presidente mexicano anunció, junto al director de Constellations Brands, Robert Sands, una inversión de más de 2.000 millones de dólares para instalar otra planta en Zaragoza, Coahuila. Aunque en 2016, un año después de iniciar sus actividades, el alcalde de dicha ciudad denunció que la empresa estaba dejando sin agua a la gente , los planes de expansión en México continuaron.
20 millones de metros cúbicos de agua al año
En abril de 2017, el Congreso del Estado de Baja California aprobó por decreto “la desincorporación y autorización de enajenación” de los terrenos donde actualmente se construye la fábrica y la concesión del suministro de agua que la empresa solicitó a través de un polémico Manifiesto de Impacto Ambiental: 20 millones de metros cúbicos anuales para los próximos 50 años, “así como los insumos principales para la realización del proyecto, la energía eléctrica y el gas natural”.
Los terrenos recalificados en los que se está levantando la planta fueron “casi regalados”: a una media de 11 pesos mexicanos el metro cuadrado, aproximadamente 60 céntimos de euro. “Fue el gobernador el que concedió ese precio”, señala el activista.
El precio de una cerveza en el desierto
Mexicali, capital del Estado norteño, está situada en una zona desértica y padece un clima extremo donde se registran más de 50 grados centígrados en verano y menos de 40 milímetros cúbicos de lluvia al año. “Si no fuera por el río Colorado, que es como un oasis, no habría casi vida aquí. Gracias a su agua se llegaron a cultivar más de 250.000 hectáreas de alimentos, pero ahorita estamos en menos de la mitad de la siembra por la escasez de agua”, explica el biólogo Gerardo Medina, investigador de la Universidad Autónoma de Baja California y contrario al desarrollo de la fábrica cervecera.
“Con la disminución de la producción de alimentos por la falta de agua y la salinización de la tierra derivada de la sequía, es poco viable el desarrollo de una empresa de esta magnitud que, además, se caracteriza por el uso de grandes cantidades de agua”, puntualiza. “Además hay humedales y zonas protegidas por leyes internacionales que cada vez tienen menos agua y que tienen riesgo de desaparecer, con especies endémicas como la totoaba y la vaquita marina, ambas en peligro de extinción”, añade.
El biólogo explica que del río Colorado, el principal recurso hídrico del Estado, se surten unas 40 millones de personas. Sin embargo, se trata de uno de los ríos más sobreexplotados del mundo y solo el 7% del caudal llega a México. Este se utiliza para el abastecimiento de las ciudades de Mexicali, Tijuana y Tecate.
“Una de las mayores catástrofes ecológicas del planeta es la que vive el delta del río Colorado, que de ser un gran río ahora está totalmente domesticado con 30 grandes presas del lado de EEUU y en los últimos 50 kilómetros, en realidad, no existe el río”, explica.
“La población se está incrementando y con ello la demanda de alimentos. Permitir esta fábrica en una zona característicamente con escasos recursos hídricos como es Baja California, que depende del caudal que EEUU deja pasar, es ilógico. No se entiende que el Gobierno, en vez de preocuparse por solucionar los problemas de sequía y desabastecimiento, se centre en el desarrollo de este tipo de industrias”, opina el investigador.
Solo en su primera etapa, se calcula que dicha planta consumirá el 81% del total del agua usada actualmente por el conjunto de industrias instaladas en Mexicali. Más aún, si logra obtener los 20 millones de metros cúbicos que busca para producir 10 millones de hectolitros de cerveza, Constellation Brands consumirá más agua que toda la industria de Mexicali y Tijuana juntas.
Las principales consecuencias serán, según Medina, la escasez para mandar agua a otras partes del Estado, la caída de la producción de alimentos, el desabastecimiento de la población civil y la sobreexplotación de los acuíferos. “Además, el caudal que apenas llega al Golfo, tendrá un impacto en los ecosistemas y la propia calidad de vida de los bajacalifornianos”.
El pasado noviembre comenzó una recogida de firmas con la que reclamar un plebiscito a nivel estatal en el que se pregunte a la ciudadanía sobre las acciones gubernamentales que han permitido el desarrollo del proyecto de la fábrica de Constellation Brands. Se necesita que por lo menos el 10% del total del censo electoral de Baja California, más de 600.000 personas, voten a favor de la iniciativa.
Dudas sobre la generación de empleo
El Gobierno federal adjudicó más de 500 millones de pesos (unos 23 millones de euros) a la construcción de un acueducto de unos 47 kilómetros que proyectaba el suministro de agua de calidad directamente a la fábrica cervecera desde dos pozos cercanos a la línea fronteriza. Sin embargo, la obra se detuvo debido a la inexistencia de permisos para extraer el agua y el descontento social y empresarial ante semejante concesión.
La cervecera defiende que la nueva fábrica creará 1.000 empleos directos y otros 4.000 indirectos, aunque en un vídeo promocional de la planta que opera desde 2015 en el Estado de Coahuila, el propio director presume de la robotización de la cadena productiva: “Los trabajadores humanos tienen que comer y descansar, pero las máquinas, no”. Para los detractores del proyecto, las dudas sobre la generación de empleo están sembradas.
El ingeniero Iván Martínez, integrante de Mexicali Resiste, a través de un estudio en el que desmiente algunos de los argumentos esgrimidos por la empresa estadounidense para su legitimación, detalla que la fábrica de Constellation Brands en Mexicali “tendrá una tasa de uso de agua por trabajador que es 168 veces mayor que la tasa de todas las industrias de la ciudad juntas”. “¿No es poco competitivo traer una empresa que consumirá esa cantidad de agua generando tan pocos nuevos puestos de trabajo?”, opina el ingeniero.
La multinacional, con la que eldiario.es ha contactado para conocer su versión sin obtener respuesta, aún no ha aclarado si efectivamente cumple con todos los requisitos medioambientales. Las únicas declaraciones sobre las irregularidades del proyecto y las posibles consecuencias que activistas y agricultores denuncian, las realizó Jorge Alberto Burgos, gerente de la planta en construcción, quien aseguró a un medio local que poseen todos los avales legales –sin mostrarlos– y que “no se van a acabar el agua” de la región.
En la misma entrevista, el directivo ofreció cifras concretas sobre el agua que necesitarían para el desarrollo de las actividades de la fábrica, pero estas no coinciden con las del proyecto anunciado ni con las cantidades aprobadas por decreto en el Congreso de Baja California. Estos datos tampoco concuerdan con el volumen demandado a través del Manifesto de Impacto Ambiental, que sirvió para que el proyecto obtuviera el respaldo del Congreso.
En dicho documento, remitido a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, se detalla el origen y cantidades que realmente contemplan: 15 millones de metros cúbicos de agua del acuífero del Valle de Mexicali, cinco millones de agua superficial.
La empresa establece, además, una cláusula en la que sella la confidencialidad del acuerdo: “Cada una de las partes acuerda que no difundirá a ninguna persona el contenido del presente contrato de suministro”.
El grupo de investigación de Mexicali Resiste señala que “este manifiesto de impacto ambiental lo realizaron ellos mismos, a su medida, y en cualquier caso solo sería válido si se aprueba a nivel federal, al tratarse de un recurso (el agua) que debe ser avalado por las instancias de la federación”.
Hasta la fecha, Constellation Brands no ha hecho públicos los documentos que avalen la disponibilidad de agua ni que, como asegura Jorge Alberto Burgos, cumplan “absolutamente con todos los permisos, reglamentos y leyes en los tres niveles de gobierno”.
Denuncias de conflicto de intereses
El movimiento Mexicali Resiste, que viene organizando a la ciudadanía bajacaliforniana desde principios de año en concentraciones, campamentos de protesta, marchas y grupos de trabajo –inspirados en el 15-M–, también ha investigado y difundido investigaciones sobre la corrupción y los malos usos de los tres niveles de gobierno.
En el desarrollo del proyecto de la cervecera, denuncian un conflicto de intereses “obvio” por parte de miembros del cabildo municipal. “El senador y exalcalde de Mexicali, Víctor Hermosillo, es dueño de la empresa encargada de la construcción de la fábrica de Constellation Brands. El arquitecto que trabajó para él en su época de alcalde fue el que recalificó el uso del suelo de la cervecera de agrícola a industrial y es la única persona autorizada por ley para revocar el permiso. Gustavo Sánchez, actual alcalde, es el senador suplente de Víctor Hermosillo. Las relaciones son bastante claras”, resume Jesús Galaz.
La concejala de la oposición Alejandra Ang también denunció públicamente que el representante de la cervecera Constellation Brands es el mismo director de Administración y Control Urbano de Mexicali, Sergio Eduardo Montes Montoya, por lo que el desarrollo del proyecto apunta a un posible conflicto de intereses.
Además, Galaz denuncia que al Gobierno de Baja California “le interesa que el suministro de agua esté en problemas para justificar la construcción de desalinizadoras que, como se está descubriendo, realmente servirán para vender agua a EEUU”.
Como parte del movimiento ciudadano, el sociólogo ha trabajado para informar de las consecuencias de la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas por parte del Congreso estatal, que, concluye, “servirán para la construcción de varias desaladoras que ya han endeudado al Estado por casi 40 años a razón de casi 147 millones de pesos (más de 6,5 millones de euros) al mes”.